por Efrén Rivera Ramos
martes, 21 de marzo de 2017

El derecho de acceso a la justicia en Puerto Rico enfrenta un reto de grandes proporciones: la propuesta de la Administración Trump de eliminar la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos.

La entidad, creada por ley en 1974 con el endoso de Demócratas y Republicanos y del entonces presidente Richard Nixon, tiene como propósito financiar proyectos de asistencia legal a personas de escasos recursos económicos en casos civiles. Actualmente sostiene 134 programas de ese tipo, con un total de 812 oficinas en Estados Unidos y sus territorios.

Con su apoyo esos programas han podido prestar asesoramiento y representación legal a cientos de miles de personas que han enfrentado la posibilidad de perder sus hogares, sus trabajos, sus pensiones de Seguro Social, sus pequeños ahorros, la custodia de sus hijos e hijas o, en el caso de menores de edad, su libertad como resultado de querellas presentadas en su contra.

Esos servicios han sido la única posibilidad que han tenido miles de personas de obtener un divorcio, reclamar alimentos para sus hijas e hijos, protegerse de la violencia de su pareja, anular un contrato oneroso, reclamar un beneficio gubernamental, o salvaguardar sus comunidades de los daños ocasionados por la contaminación ambiental.

En Puerto Rico tres entidades reciben fondos de esa fuente directa o indirectamente. Una es la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, que tiene 16 oficinas en toda la Isla. Se trata del mayor programa de servicios legales gratuitos en casos civiles del País. Recibe más de $11 millones anuales de la Corporación de Washington, lo que equivale aproximadamente a 60% de su presupuesto. La segunda es la Oficina Legal de la Comunidad, que tiene su sede en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. El 25% de sus fondos provienen de la Corporación que el Presidente Trump propone eliminar. Y la tercera es el Programa Pro-Bono, Inc. del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que recibe financiamiento de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico.

La eliminación de esas fuentes de financiamiento constituiría un golpe devastador para estas instituciones. Pero, más importante aún, sería un revés desastroso para los esfuerzos de satisfacer las necesidades legales de las personas y grupos de mayor precariedad económica en el País. Se estima que aun con los programas existentes más del 80% de las necesidades legales de los pobres se quedan sin atender. Sin los programas, la insuficiencia sería atroz.

Numerosos grupos que se oponen a este despropósito, incluida la influyente Asociación Americana de Abogados (ABA), han comenzado a movilizarse para detenerlo. Debido a que la Corporación ha tenido apoyo bipartidista a través de los años, algunos confían que la Administración de Trump no se saldrá enteramente con la suya. Sin embargo, aun cuando no se elimine la Corporación, es posible que se le recorten sustancialmente sus fondos y que se le impongan restricciones severas a sus operaciones y servicios, cosa que ya ha sucedido en el pasado, particularmente durante la presidencia del republicano Ronald Reagan.

Esta amenaza debería provocar una reacción fuerte de quienes apoyamos el fortalecimiento del acceso a la justicia en todas sus dimensiones. En segundo lugar, los funcionarios gubernamentales de Puerto Rico deben comprometerse a cabildear en contra de esa propuesta. Y, en tercer lugar, tanto el gobierno puertorriqueño como la Junta de Control Fiscal (JCF) deben revisar los planes de austeridad que se proponen implantar para asegurar que no agudicen más la crisis que ocasionaría en el País este asalto al derecho de acceso a la justicia.