por Efrén Rivera Ramos
martes, 19 de junio de 2018

La Cámara de Diputados de Argentina, mediante una votación de 129 a 125, dio el primer paso para la despenalización del aborto en ese país. Falta la aprobación del Senado, que ha pospuesto la decisión para después de terminada la Copa Mundial de Fútbol.

La determinación de la Cámara argentina es importante por numerosas razones. La nueva ley permitiría la terminación voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer “o la persona gestante” hasta la semana catorce del proceso gestacional. Nótese que la segunda categoría puede incluir a las personas transexuales. Después del plazo de 14 semanas el aborto sería legal en tres supuestos adicionales: en casos de violación; si hay riesgo a la vida o salud de la mujer o persona gestante; o si se diagnostica la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

La ley propuesta incorpora la definición de salud que establece la Organización Mundial de la Salud: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La OMS, a su vez, define salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. Se trata de un concepto integral que incluye un conjunto de factores que contribuyen a un estado de equilibrio en la persona. En fin, el segundo supuesto incluido en las excepciones aplicables al periodo posterior a las catorce semanas permitiría la realización del aborto en numerosas circunstancias, siempre que la decisión de la mujer o la persona gestante promueva la salvaguarda de su vida o salud integral.

La medida garantizaría el acceso gratuito al servicio público de salud. Aunque se reconoce la objeción por conciencia individual, ninguna institución pública o privada podría negarse a prestar el servicio. La ley exigiría que el Estado capacite en perspectiva de género a todo el personal de la salud y asegure la educación sexual integral en las escuelas. Se dispone que la institución o persona proveedora del servicio debe ofrecer orientación, atención y acompañamiento a la mujer o persona gestante, si ésta lo solicita. Pero esa orientación o atención “deben basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad y confidencialidad, desde una perspectiva de derechos que favorezca la autonomía en la toma de decisiones” y en ningún caso puede contener “consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros”.

La acción de la Cámara argentina es relevante por el contexto en el que ocurre. Le precedió una discusión pública intensa y una movilización masiva de fuerzas diversas de la sociedad, especialmente de los movimientos de mujeres. Según la prensa, cientos de miles de personas se manifestaron a favor de la legalización en las afueras del Congreso de la Nación. No debe olvidarse que en estos asuntos Argentina ha sido un país muy conservador. El Papa es argentino. Y la Iglesia Católica se opuso firmemente a la propuesta. Una de las claves del resultado, sin embargo, fue el activismo contundente de las jóvenes. Tanto así, que al movimiento se le conoce como “la revolución de las hijas”.

Hay que tomar en cuenta además el contexto internacional. Apenas el 25 de mayo pasado la Irlanda católica aprobó despenalizar el aborto con una votación de 66.4% en un referéndum. Allí la juventud también fue determinante. Los votantes entre 18 y 24 años apoyaron el sí en un 87.6% y los de 25 a 34, en un 84.6 por ciento.

En Puerto Rico, el aborto es legal desde la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Roe v. Wade. A pesar de que solemos ufanarnos de que tenemos un sistema de derechos constitucionales de avanzada, todavía persisten los intentos por restringir este derecho, en contraste con las sociedades que buscan ampliarlo.

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