Prólogo

Prólogo

Fernado Picó, Ph.D.

El meritorio proyecto de hacer accesible a estudiosos contemporáneos las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico ha resultado ya en la edición de los tomos que corresponden al período entre 1900 y 1906. Toca ahora considerar las Actas de 1907 y 1908. Estas breves reflexiones están dirigidas a problematizar estos textos y quizás suscitar alguna discusión historiográfica.

Tulio Larrinaga, representante de Puerto Rico en Washington, fue citado en 1907 diciendo  que  “la Cámara de Delegados es una colección de figuras decorativas”.  Bien sabemos que según la Ley Foraker nada quedaba estatuido hasta que el Consejo Ejecutivo y el Gobernador aportaran su aprobación. Al publicar sólo las Actas de la Cámara de Delegados ¿pretendemos prescindir de las Actas contemporáneas del Consejo Ejecutivo?  Hacemos el ejercicio patriótico de constatar lo que los legisladores electos aprobaron, pero no asistimos a la deliberación de estos proyectos de ley en el Consejo Ejecutivo, ni comprobamos la determinación final del Gobernador nombrado por Washington. No tenemos ante nosotros las Actas de la Legislatura, sino de la Cámara de Delegados. Pero la publicación conjunta de las actas (el Journal) del Consejo Ejecutivo nos ayudaría a entender mejor el balance de influencias, y el alcance de las iniciativas de la Cámara de Delegados.  Bien sabemos que en el Consejo Ejecutivo el punto de vista criollo las más de las veces estaba representado por miembros del Partido Republicano. ¿Pero vamos a persistir en la dicotomía, unionistas patriotas, republicanos pitiyanquis? Que el Consejo Ejecutivo, por la naturaleza de su composición, no era un organismo democrático apenas requiere demostración. Según Tulio Larrinaga en la entrevista ya citada,    ¨… los puertorriqueños quieren ser hombres libres y no los vasallos de media docena de hombres enviados desde los Estados Unidos, quienes sin control alguno gobiernan la isla sin reparar ni atender la voluntad del pueblo”.

Pero los protocolos que se seguían entonces para nominar los candidatos a la Cámara de Delegados, sea por el Partido Unión, entonces mayoritario, sea por el Partido Republicano, tampoco satisfarían nuestros criterios actuales de selección popular. Maravillosos prohombres, elocuentes, desprendidos de intereses particulares la mayor parte de las veces, ídolos de las multitudes fervorosas, paladines de la palabra enjundiosa, pero casi todos pertenecientes a élites municipales y profesionales celosas de sus privilegios heredados y ambiciosas de prerrogativas y prebendas. Peroraban, estos leguleyos, y la gente se seguía muriendo sino ya de anemia, de tuberculosis, de infecciones, de enfermedades respiratorias, de desnutrición. Entonces ¿por qué querrá un historiador social detenerse a leer sus debates, a ponderar, con José De Diego, las ventajas de la pena de muerte, o moralizar con Luis Lloréns Torres en 1909 que se debía impedir que los jíbaros entrasen descalzos a los pueblos, porque eso deprimía la estimación en que los puertorriqueños eran tenido por otros, léase los norteamericanos?

El historiador se detiene para entender, no a ellos, sino el lento proceso de modernización, americanización, y urbanización en que Puerto Rico se enfrascaba entonces, y los signos contradictorios bajo los cuales avanzaba, y a veces retrocedía, ese proceso. Como facilitadores, a veces, y como rémoras, en otras ocasiones, los Delegados consideraban lo que ellos creían que eran los asuntos vitales del país: la protección del café, la construcción de escuelas, carreteras y puentes para sus municipios, el fomento del pequeño comercio, los estudios universitarios en el Norte de jóvenes considerados prometedores. La verdad es que poco de esto significaba un adelanto del proyecto modernizador que enarbolaban el gobernador y su equipo de trabajo. Si comparamos los informes anuales de los gobernadores y sus comisionados con las actas de la Cámara de Delegados constatamos el desfase entre las visiones políticas y económicas de ambos grupos.  Eventualmente este choque de visiones llevaría al gran tranque en el presupuesto en el 1909, pero ya en el 1907 y 1908, si somos asiduos, encontramos anticipos de ese evento.

Porque no hemos aprendido a ser críticos de las ejecutorias del Partido Unión de Puerto Rico, entonces en mayoría en la Cámara, nos hemos mantenido en el regodeo de las frases brillantes y desafiantes de sus letrados, y no hemos querido mirar las grietas y las fisuras en la masa de sus partidarios. En el 1907 estamos todavía a cuatro años de la ruptura de Rosendo Matienzo Cintrón y la fundación del Partido de la Independencia de Puerto Rico y a ocho años de la fundación del Partido Socialista. Pero más allá de la insatisfacción con los partidos existentes que muestra la subsiguiente fundación de nuevos partidos está el agotamiento de las iniciativas legislativas. ¿Qué proyecto social, qué visión económica, qué concepción de país reflejan los proyectos de ley radicados en la Cámara en 1907 y 1908? ¿Cuántos de estos proyectos llegaron a convertirse en ley? Sabemos que de los 83 proyectos radicados en el Consejo Ejecutivo en 1907, 74 fueron aprobados por el Consejo, 57 de estos fueron pasados por la Cámara y 55 firmados por el Gobernador, el 63.8% de los radicados. Aunque las Actas de la Cámara no recogen la estadística para los 163 proyectos de ley radicados por los Delegados en la sesión ordinaria de 1907, el informe anual del Gobernador para ese año reporta 97 leyes estatuidas. Si 55 de ellas fueron iniciadas por el Consejo Ejecutivo, serían entonces 42 las iniciadas por la Cámara, un 26.3% de los 163 proyectos de ley radicados, una proporción mucho menor a la de los proyectos del Consejo.

Pero no sólo es cuestión de números, sino de visiones de futuro. En la Cámara se aboga una y otra vez por que el Congreso de Estados Unidos proteja con tarifas al café de Puerto Rico, que en estos años se está recuperando del desastre del huracán San Ciriaco. El gobernador Regis Post, reconociendo la conveniencia de la protección arancelaria, piensa sin embargo que es necesario aumentar la productividad.  Los hacendados antes de San Ciriaco, según su opinión, sembraban más y más terreno de café y se endeudaban al adquirir tierras adicionales, pero no invertían en la selección de los arbustos a sembrarse, en abono y en atención a los cafetos. El resultado era una producción promedio de 2.5 quintales por acre. Curiosamente, era la misma crítica que se hacía  a los caficultores a mediados del siglo 19.

Cuando en 1908 se da el gran debate sobre uniformar los sistemas de salud en la Isla, la resistencia en la Cámara es a la pérdida de poder por los municipios. No importa que haya 16 municipios sin médico residente:

Que la censura de falta de sanidad en este pueblo no debe aceptarse, pues en todos los pueblos en las principales ciudades del mundo existen, dadas las diferencias de recursos que hay en toda población. Que debe mantenerse el prestigio de nuestro pueblo sin hacer apreciaciones respecto de falta de limpieza, pues esta existe, en determinados casos, en todos los pueblos del mundo.

La tasa puertorriqueña de mortalidad entonces rondaba la cifra de 26 por mil, y las principales causas de muerte, además de la anemia, eran la gastroenteritis, el tétano, la tisis y la tifoidea. No en balde el delegado y doctor Manuel Zeno Gandía, quien presidió el comité de conferencia para dirimir diferencias con el Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de Ley del Consejo número 114, prorrumpió en denuestos en la sesión del 9 de marzo:

Hemos hablado… de los santos, de los sagrados deberes del patriotismo. En verdad os digo que no creo que ese respetable sentimiento, ese deber de los hombres, que aman a la patria, ha debido ser tomado en esta comisión como pretexto para hacer brillantes discursos comentando minucias… Para ser patriotas, para llamarse defensor de los intereses del país, no es preciso arrollar con el patriotismo y el buen crédito de los demás.

Pero las susceptibilidades no se encontraban sólo en la Cámara. En 1907 se propone fusionar las oficinas de Sanidad, Beneficencia y Correcciones en un solo departamento. En ese momento el concejal Andrés Crosas, que atendía esas oficinas, había renunciado y se aprovecha la coyuntura para crear el Departamento.  El proyecto de ley radicado en la Cámara contempla que el comisionado a nombrarse sea natural de Puerto Rico. En el Consejo Ejecutivo se objeta a ese requerimiento. Dos de los concejales norteamericanos objetan ese lenguaje.  El debate es académico, porque el Acta Foraker especificaba que seis de los miembros del Consejo serían continentales y cinco nativos de Puerto Rico, de tal manera que siendo los seis comisionados existentes norteamericanos por necesidad el nuevo concejal sería puertorriqueño. Pero los concejales Falkner y Feuille no resisten la tentación de moralizar. Falkner propone que en lugar de “ciudadano de Puerto Rico, residente y nativo de Puerto Rico” se ponga “residente de buena fe de Puerto Rico y elector cualificado”. Para él la distinción entre nativos y americanos no debe figurar en las leyes de Puerto Rico, “que esta distinción tal vez se haga en los Estados Unidos, y que esto causa pesar…  que lo mismo los nacidos aquí que no, todos son puertorriqueños ligados por la aspiración del bien del país, así como todos son americanos y del sitio respectivo en que hayan nacido.”

Herminio Díaz Navarro le replica que él está a favor del texto bajo consideración, “porque es de la Cámara de Delegados, que es la verdadera, la genuina representación del pueblo”. Que el conflicto que se da entre la Cámara y el Consejo se debe al olvido en el acta Foraker de un principio político consagrado por los Estados Unidos, la separación de poderes, de tal manera que los representantes del pueblo no son empleados ni funcionarios administrativos. Feuille lo interrumpe: “En Inglaterra, sí”. A lo que Díaz Navarro riposta: “Por eso está en la cola de las naciones más civilizadas.” Del Valle respalda a Díaz Navarro, Sánchez Morales disiente. La sesión continua por la tarde y Feuille interviene: “Todos somos una sola familia y yo he trabajado para que se borren diferencias, y si esta se logra se le deberá al Gobernador secundado en sus gestiones por los miembros continentales del Consejo.” Añade “que la Cámara, tratando de establecer distinciones, no cumple con su deber para con el país pues todos sabemos el mal efecto que causaría si se leyera en el Congreso americano el bill cuestionado. Este bill -añadió- no haría daño a los americanos pero sí a los puertorriqueños”. Barbosa trata de mediar, sugiriendo que no hay necesidad apremiante de crear el departamento, preguntándose si la creación de un nuevo departamento violentaría el Acta Foraker y proponiendo que se dejen en vigor las disposiciones vigentes sobre las oficinas a fusionarse, pero su propuesta es derrotada. En fin de cuentas el Consejo aprueba el informe de su comisión, rechazando el lenguaje de la Cámara y crea así la necesidad de ir a conferencia con la Cámara.

El presidente Roosevelt nombra a Francisco de Paula Acuña, el Speaker de la Cámara, para suceder a Andrés Crosas en el Consejo, y Acuña asume las responsabilidades de Sanidad, Beneficencia y Correcciones, lo que facilita la eventual creación del departamento deseado. Todo el debate entablado por la consolidación del departamento de Sanidad, Beneficencia y Correciones muestra cuán sensibles son de parte y parte las susceptibilidades y nos ayuda a entender por qué en 1909 va a desarrollarse con tanta facilidad el desconcierto entre Cámara y Consejo.

Un caso análogo se da en 1908 con la reforma de la ley escolar. El comisionado Dexter había logrado el apoyo de las Juntas Escolares de los Municipios para una revisión de la ley escolar vigente, pero el proyecto de la nueva ley, discutido y aprobado palmo a palmo en la Cámara parecía encontrar un escollo insalvable en el asunto de inspectores escolares, a ser nombrados por el Comisionado. La Cámara exigía que fueran puertorriqueños y el compromiso eventual es que lleven al menos un año de residencia en la Isla.

Al hacer un balance de la sesión legislativa de 1908 el editorialista de La Democracia arguye que las tendencias de la Cámara y del Consejo son naturalmente opuestas:

Con su origen popular la una, con su origen oficial el otro, encarnan intereses contrapuestos: la Cámara un interés de la colonia, que necesita descentralizar sus funciones, a fin de que las ejerzan entidades o autoridades electivas, el Consejo, un interés de la metrópoli que necesita centralizar funciones, a fin de que la ejerzan entidades o autoridades burocráticas. Es muy difícil  poner de acuerdo lo que resulta contradictorio por su naturaleza intrínseca.

Los historiadores por lo general hemos concordado con esa interpretación, aceptando quizás con demasiada festinación el carácter de representación popular de la Cámara. Cabría preguntarse, sin embargo, si además de esos intereses encontrados no se pudiera discernir dos representaciones alternas que cada lado pretendió asumir: la modernidad por los miembros continentales del Consejo, la defensa de la identidad patria por los líderes de la Cámara. Mientras los segundos intentan restablecer la legalidad de las peleas de gallos, los primeros quieren acabar con todo tipo de juegos de apuestas. Mientras la Cámara apoya establecer cursos de urbanidad en las escuelas y celebrar el quinto centenario de la llegada de Ponce de León a la Isla, el Consejo busca establecer una Guardia Nacional que asuma todas las tareas que garanticen el orden público. Los del Consejo habitualmente arguyen que ellos miran al futuro, mientras la Cámara contempla el pasado. El Consejo quiere mantener vigentes los centros contra la anemia y fomentar escuelas industriales; la Cámara quiere reformatorios para los adolescentes que delinquen y derogar la libertad bajo palabra, y aprueba un proyecto de ley en 1908 “para el aislamiento y secuestro de los leprosos en la isla de Puerto Rico.”

Los discursos de modernidad y de identidad a veces se conjugan en una persona como Zeno Gandía o Matienzo Cintrón, pero las más de las veces tienden a polarizar las opiniones. No en vano el editorialista de  El Tiempo deploraba los ejercicios de lirismo oratorio en la Cámara.  Obviamente había mucho de encono partidista en esa crítica, pero las muestras de oratoria parlamentaria que se encuentran en La Democracia y La Correspondencia no son reconfortantes. Es el medio declamatorio mismo que se utiliza para afirmar la identidad lo que ayuda a anclar las ideas expresadas en la tradición y no en la modernidad. Ni el sufragio femenino, ni la abolición de la pena de muerte, ni los derechos laborales, ni el establecimiento de un servicio civil librado del patronato partidista, ni la proscripción del racismo podían florecer en ese medio.

Seguir haciendo la historia política de Puerto Rico a partir de los discursos unionistas de la gran familia puertorriqueña no rinde mayor comprensión de la trayectoria del país. Hay que abordar otros discursos, otros ambientes.