por Efrén Rivera Ramos
martes, 19 de febrero de 2019

En su reunión más reciente, la facultad y los representantes estudiantiles de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico aprobaron por unanimidad una resolución en la que le solicitan al Senado Académico del Recinto de Río Piedras que exija al Presidente de la Universidad que defienda a la institución de dos maneras puntuales.

Primero, que el Presidente desista de caracterizar los recortes que se han efectuado a la UPR como “manejables”, reconociendo las consecuencias graves que esos recortes tienen para la viabilidad de la institución en su totalidad.

Segundo, que el Presidente de la UPR solicite al Gobernador de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal que enmienden su Plan Fiscal para la institución, de forma que se garantice su acreditación y que, además, determinen que la Universidad presta un servicio esencial al pueblo de Puerto Rico.

Esta resolución le sigue a otra, muy similar, aprobada también por unanimidad por el Senado Académico del Recinto de Cayey.

¿Qué motivan estas expresiones?

La UPR se encuentra bajo apercibimiento de su agencia acreditadora principal, la Middle States Commission of Higher Education, de que debe demostrar su viabilidad para mantenerse operando y cumplir con las exigencias del estándar de acreditación relacionado con la planificación fiscal. De no hacerlo, la UPR podría perder su acreditación, afectando las posibilidades de estudio de sus alumnos actuales, de aquellos a quienes se proponía admitir para el año académico próximo y de futuras generaciones de aspirantes. Se perjudicarían también miles de empleos del personal docente y no docente. Más importante aún, se pondrá en riesgo el proyecto cultural de mayor envergadura del pueblo de Puerto Rico desde inicios del Siglo 20.

La situación difícil en la que se encuentra la UPR responde a factores diversos, tanto externos como internos. Sin embargo, la amenaza mayor a la estabilidad de la institución en estos momentos proviene de la decisión desacertada y arbitraria de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Puerto Rico de privar a la UPR de recursos sustanciales para su funcionamiento.

Según el Plan aprobado por la Junta de Control Fiscal, para el 2026 la UPR contará con $512 millones menos en la asignación gubernamental. Eso es un montón de dinero. En los estados financieros auditados para el 2017, la firma de auditores Ernst and Young indica que estas y otras condiciones suscitan una duda sustancial sobre la capacidad de la UPR para continuar existiendo como una operación sostenible. En fin, la UPR que quede en pie después de ese embate no será ni sombra de lo que ha sido, con sus bondades y defectos.

Se engañan los que confían en que la UPR podrá compensar estos recortes masivos con el mero expediente de congelar las plazas que se tornen vacantes o con la multiplicación súbita de programas de educación continua que hasta ahora solo han crecido muy lentamente. Lo primero ya está afectando agudamente los servicios de la institución a sus estudiantes. Lo segundo es un ejercicio más en pensamiento mágico, como solía decir uno de mis profesores de bachillerato en Mayagüez. Similar esperanza fallida alberga quienes sueñan con un incremento inusitado en el flujo de “fondos externos”, particularmente los que dependen de una cultura de filantropía que está muy lejos de convertirse en un factor de peso sustancial en el futuro inmediato.

En la UPR se anidan diferencias pronunciadas sobre muchos asuntos. Sin embargo, este no es momento para agudizarlas. No tiene propósito constructivo alguno seguir culpando a los estudiantes, o a los profesores o a los empleados no docentes por lo que alguien pueda considerar que habrá sido algún error o desacierto en el pasado. La viabilidad de la UPR como proyecto de envergadura depende de la acción concertada de todos sus integrantes. Ojalá que la unanimidad demostrada en los reclamos del Recinto de Cayey y de la Escuela de Derecho sea presagio de una nueva disposición a actuar juntos.

Otros artículos de Efrén Rivera Ramos