Puerto Rico al bate

    Puerto Rico al bate*

    Juan R. Torruella**

    Muy buenos días a todos, y antes que nada, mis más sinceras gracias por invitarme a compartir con ustedes en el día hoy y por darme la oportunidad de dirigirme a esta distinguida audiencia sobre temas que espero sean de algún interés. En especial, quiero expresar mi agradecimiento a nuestro presidente, el licenciado Anthony Bimbela, y al Colegio, por la gentileza y hospitalidad que le han brindado a mi esposa, Judy, y a este servidor.

    El estar aquí es una experiencia con déjà vu. En las postrimerías de mis casi sesenta años de admisión a la práctica de la abogacía en Puerto Rico, y de mi membresía continua en esta institución, resulta un gran placer para mi el encontrarme entre tantos viejos amigos y compañeros.

    Antes de empezar de lleno, sin embargo, debo hacer dos advertencias de rigor: primero, cabe aclarar que mis expresiones en el día de hoy constituyen únicamente mi opinión privada y me reservo el derecho a cambiar la misma en cualquier momento en el futuro en que me convenza que estoy equivocado. Y pauso para dejar claro que nada de lo que digo aquí debe entenderse como que tengo una opinión formada sobre la legalidad o constitucionalidad de la reciente legislación llamada PROMESA. No estoy planteando esas cuestiones aquí, ni es este el foro apropiado para yo discutir u opinar sobre la validez legal de dicha legislación. Por supuesto eso no quiere decir que no tenga gustos o disgustos personales sobre ella, y que no pueda expresarlos públicamente, pero en lo que refiere mis actuaciones oficiales, lo personal se tiene que dejar a un lado, y pueden estar seguros que así lo hare de ocurrir tal situación en el futuro.

    Lo segundo es, que debido a las limitaciones de tiempo y de la paciencia que es de esperar de esta concurrencia, hablaré hoy solo a grandes rasgos de los dos temas que voy a tratar. Así es que pido excusas de antemano pues indudablemente me quedaré corto y dejaré algunas lagunas en mi exposición.

    I

    Me propongo a hablarles de dos asuntos en el día de hoy. El primero trata de Puerto Rico y de la encrucijada en que nos encontramos.

    Esta condición tiene dos vertientes, una de naturaleza jurídica/constitucional, y la otra de carácter económico, pero ambas tienen una sola raíz y están claramente entrelazadas por a la condición colonial de Puerto Rico como resultado de su relación con Estados Unidos.

    Si bien hace ya algún tiempo que, al igual que otros Puertorriqueños, vengo planteando mi punto de vista al efecto que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, y que podría argumentarse válidamente, que el que yo repita esta opinión aquí es una redundancia innecesaria, dados los acontecimientos recientes que afectan al país, quiero dejar sentado fuera de toda duda, no solo la existencia de dicha condición, sino también establecer brevemente las bases que me llevan a esta conclusión, y más al tema de la situación crítica de Puerto Rico al presente, exponer lo que considero son los factores que establecen una conexión casuística entre la relación colonial y nuestra crisis económica.

    Comienzo con la definición de lo que es una “colonia,” y para ello cito al Diccionario de Ciencias Sociales de la UNESCO, el cual establece que una colonia es: “un territorio subordinado en varias formas política, cultural, y económicamente a uno mas desarrollado, en el que el poder legislativo supremo y mucha de la administración descansan en el país controlante, el que usualmente es de un grupo étnico diferente al de la colonia”.

    Si esa definición no describe a un pelo la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, por favor indíquenme en donde está la falla en mi entendimiento?

    Pero, no descansemos en una mera definición de diccionario.

    Si todavía existe duda alguna sobre el poder plenario omnipotente y colonial que tiene y ejerce el Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico, como resultado de la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo a la clausula territorial de la Constitución, y de los nefastos Casos Insulares que promulgó, esta duda la enterró por buen rato dicho tribunal al decidir los casos de Sánchez Valle y Franklin, y más aún, la secuela de éstos, que es la acción del congreso al aprobar la mal llamada ley PROMESA, cuyo nombre me hace preguntarme cada vez que lo oigo, promesa de qué y para quién, cuando dicho estatuto sobrepone una junta de siete personas escogidos políticamente por el Congreso y el Presidente Obama, con poderes omnipotentes sobre el gobierno electo democráticamente por el Pueblo de Puerto Rico, para decidir, aprobar y/o desaprobar todo lo que normalmente le incumbe al gobierno de Puerto Rico, inclusive de sus ramas ejecutivas, legislativas, y probablemente, su judicatura también, y cuyo costo se le impone a el pueblo de Puerto Rico no obstante la condición de penuria que esa institución supuestamente viene a corregir. Si PROMESA no confirma la existencia de nuestra relación colonial con Estados Unidos, indíquenme en dónde, o en qué, radica mi equivocación.

    En realidad, esta ley hace superflua la celebración de elecciones este noviembre, mas que superflua, las hace irrelevantes. Una lectura de esta legislación claramente revela que el propósito principal de PROMESA es establecer una agencia de cobro para recaudar el dinero que se le debe a los bonistas. Así es que lo mejor sería que se cancelen las elecciones y no se trate de gobernar el País con un gobierno castrado. Con el dinero que se ahorraría, se pagaría la deuda mas rápidamente y nos deshaceríamos de estas imposiciones del Congreso. Irrespectivamente de la composición de la Junta, y de la buena fe, talento y/o conocimientos de sus integrantes, o que algunos sean oriundos del patio, la imposición de esta junta sobre los puertorriqueños con los poderes que le otorga PROMESA, representa el acto mas denigrante, despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en toda nuestra relación con Estados Unidos, y trae a la mente lo que hacían los imperios con sus colonias en el siglo 19 y antes.

    El uso del término “junta” es particularmente desafortunado pues trae a la mente los golpes de estado típicos de las repúblicas bananeras, muchos de los cuales fueron promovidos por intereses similares a los que están detrás de las manipulaciones a puertas cerradas en el Congreso que resultaron en PROMESA, y todo lo cual es una descripción no muy lejos de lo que hace PROMESA con su junta: darle un golpe de estado a la democracia en Puerto Rico.

    Para mi lo mas inútil de PROMESA, por encima aun de todo lo que he dicho es, que no resuelve, y ni siquiera tiene la facultad para tratar con, el problema fundamental de Puerto Rico, que es nuestra condición colonial. Ese problema no solo no se trata, sino que lo que PROMESA hace es que lo perpetúa y resulta sólo una forma nueva de administrar la colonia mas directa y burdamente.

    Irrespectivamente de cuales puedan ser nuestras inclinaciones ideológicas individuales, ¿cómo es posible que aceptemos dócil y servilmente el que se nos trate de esta forma? Aparentemente tenemos menos derechos de lo que teníamos al final de la época colonial española, cuando por lo menos quimeramente tuvimos representación en su Parlamento, y un gobierno autónomo, que existía cuando desembarcó el General Miles en Guánica.

    El andamiaje colonial que existe en Puerto Rico desde 1898, hace 118 años, y la causa del desastre económico que hoy sufrimos, es el producto no sólo de la época en que llega a su apex el imperialismo de Estados Unidos, siguiendo la llamada teoría de “manifest destiny” (destino manifiesto), sino que también coincide con el racismo prevaleciente en Estados Unidos aún después de la guerra civil americana y que florecía todavía post-guerra Hispanoamericana.

    A propós de este ultimo comentario, cito a la historiadora Rubin Francis Weston en su libro El racismo en el imperialismo estadounidense (“Racism in U.S. Imperialism”):

    Those who advocated overseas expansion faced this dilemma: what kind of relationship would the new people have to the body politic? Was it to be the relationship of the reconstruction period, an attempt at political equality for dissimilar races, or was it to be the southern “counterrevolutionary” point of view which denied the basic American constitutional rights to people of color? The actions of the federal government during the imperial period and the relegation of the negro to the status of second-class citizenship indicate that the southern point of view would prevail. The racism which caused the relegation of the negro to a status of inferiority was to be applied to the overseas possessions of the united states.

    Los llamados Casos Insulares decididos en 1901 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, convalidaron la filosofía imperialista y racista del momento, estableciendo una teoría nueva y contraria al Derecho Constitucional vigente hasta entonces, al crear un estatus inventado en las revistas jurídicas de Harvard y Yale para las tierras adquiridas de España, a cuyas tierras y sus habitantes no le sería aplicable la Constitución de Estados Unidos excepto según determinara el Congreso, y a cuyos habitantes no les sería concedido la ciudadanía americana automáticamente como en el pasado, sino sólo el estatus de “nacionales”. A estas conquistas territoriales se les denominaría bajo el nuevo término de “territorios no-incorporados”, apelación que de facto y de jure establecía una condición colonial con un nombre disfrazado.

    Como indiqué anteriormente, este malabarismo judicial no sólo era un invento, cuya meta era refrendar constitucionalmente la agenda imperialista del gobierno de turno en Washington, si no que adicionalmente contrariaba al derecho constitucional vigente.

    Me refiero en particular a dos casos. Primero el de Loughborough v. Blake, decidido en 1820 por el Juez Presidente Marshall, cuyos hechos y cuestión planteada era exactamente igual a la del caso insular clave de Downes v. Bidwell, cuya cuestión a decidirse era, si la Constitución se aplicaba a los territorios. Esta pregunta se decidió en Loughborough en forma inequívoca, en lo afirmativo.

    Treinta y seis años después, en el caso de Dred Scott v. Sanford, decidido en 1856, el Tribunal Supremo volvió a reafirmar que la Constitución se aplicaba a los territorios y sus habitantes, como se había establecido en Loughborough. Además, el tribunal se manifestó contundentemente con relación al poder de Estados Unidos referente a la adquisición de territorios, y sobre la injerencia de la cláusula territorial en lo que respecta el poder del Congreso para gobernar a los territorios bajo esa cláusula. Nos dice el tribunal en Sanford:

    There is certainly no power given by the constitution to the federal government to establish or maintain colonies bordering on the united states or at a distance, to be ruled and governed at its own pleasure; nor to enlarge its territorial limits in any way, except by the admission of new states . . . [n]o power is given to acquire a territory to be held and governed [in a permanetly [colonial] character.

    Y con relación a la llamada cláusula territorial, que es la base que le sirve de ancla al Congreso para reclamar poderes plenarios omnipotentes sobre Puerto Rico, el Tribunal Supremo inequívocamente se manifestó, al establecer que:

    [T]hat provision…was intended to be confined, to the territory which at [the] time [of its independence from Great Britain] belonged to, or was claimed by, the United States [o sea, el llamado old northwest territory]… And can have no influence upon a territory afterwards acquired from a foreign government.

    O sea, la alegada base del poder congresional, sobre Puerto Rico, la llamada cláusula territorial, es una base fatula, porque existía en la Constitución para bregar únicamente con los territorios que existían en 1797.

    Pero el voto pluralitario que decidió los Casos Insulares 5-4 hizo caso omiso tanto de Loughborough como de Dred Scott, y a su vez autorizó el sistema colonial que existe hasta el día de hoy en Puerto Rico, que yo considero un régimen de apartheid político, no obstante la concesión de ciudadanía que se le hiciese a los puertorriqueños en el 1917 bajo la Ley Jones de ese año, o la supuesta autonomía que autorizó el Congreso bajo la Ley 600, la cual esta sujeta a, y emana de, los poderes que retiene el Congreso, conclusión que acaba de reafirmar el Tribunal Supremo en el reciente caso de Sánchez Valle.

    En retrospecto, lo que hizo el Supremo en los Casos Insulares era totalmente predecible pues hay que tener en mente que la composición del Tribunal Supremo que decidió esos casos fue casi idéntica a la que decidió el caso de Plessy v. Ferguson en 1896, solo cinco años antes, que como ustedes saben autorizó la discriminación racial institucionalizada en estados unidos que duró hasta el caso de Brown v. Board of Education en 1954.

    En mi opinión, no sólo están mal decididos constitucionalmente los Casos Insulares, sino que dada su postura oficial y su inacción al no corregir nuestra condición colonial, Estados Unidos está en clara violación de varios tratados internacionales a los que se ha suscrito, cuyos tratados han sido refrendados por el Senado, y a consecuencia de lo cual, conforme a la propia constitución de Estados Unidos y su cláusula de supremacía, se convierten en Derecho Municipal de Estados Unidos. Me refiero en específico al International Covenant on Civil and Political Rights, el cual fue ratificado por Estados Unidos en 1992 conjuntamente con 172 otras naciones. Este tratado requiere que Estados Unidos tome los pasos que sean necesarios bajo su sistema político para garantizar la igualdad de los derechos políticos y civiles de todos sus ciudadanos. Estados Unidos no sólo no ha tomado ningún paso para cumplir con este cometido internacional, y legal interno, sino que su gobierno se ha opuesto tenazmente a su aplicación, y sus tribunales han sostenido dicha posición.

    Dejando por el momento, la postura constitucional que ha refrendado el Tribunal Supremo que autoriza la relación colonial, y que culmina recientemente con Sánchez Valle , Franklin, y PROMESA, y pasando a la situación económica presente de Puerto Rico, y sus causas, nos encontramos con que casi coetáneamente con la decisión de los Casos Insulares empieza la explotación económica de las nuevas colonias por parte de los intereses que habían promulgado la guerra Hispano-americana y que culminaron con la invasión de Puerto Rico.

    Si bien bajo el coloniaje español el noventa porciento de la agricultura se efectuaba en fincas que promediaban las cinco cuerdas, trabajadas por sus propios dueños, y cuyo producto principal era el café, esto cambia súbitamente y ya para el año 1900 Puerto Rico se había convertido en una gran finca de caña, en la que sus tierras mas fértiles habían pasado a manos de mega-empresas de Massachusetts, New Jersey y Nueva York, llegando estas a controlar la gran mayoría de la tierra productiva de las costas y valles de Puerto Rico.

    Estas empresas rindieron dividendos que llegaron a alcanzar hasta un 115% de lo invertido. Entre 1923 y 1930 las cuatro empresas más grandes, pagaron en dividendos el equivalente en dólares de hoy, mas de un billón de dólares.

    Por supuesto, estas fortunas salieron de Puerto Rico para nunca más volver, lo que ha sido el patrón que hemos visto a través de la historia económica de Puerto Rico hasta el presente: una isla que ha producido, y que continúa con el potencial de producir, mucha riqueza, pero la cual no beneficia a la isla y sus habitantes en proporción a lo que representa para los capitalistas ausentes que la explotan. Y este es uno de los principales males que nos han llevado a donde estamos hoy en día.

    Mientras las mega-compañías azucareras estadounidenses hacían sus grandes zafras, el 80% de la población rural de Puerto Rico se convertía en allegados sin hogar o tierra propia, totalmente dependientes de sus patronos y con paga de miseria. Hasta el 1915 ganaban sesenta centavos por día, subiendo a $1.00 por día ese año como gran acontecimiento. Por supuesto eso era en tiempo de zafra, la mitad del año se quedaban sin trabajo. En el 1930 el ingreso per cápita en Puerto Rico era de $122. Los campos se vaciaron al mudarse la gente a las ciudades en busca de empleo y ayuda, y como resultado surgieron los grandes arrabales, como el fanguito y cantera ante la impotencia del gobierno insular (colonial) de poder atenderlos propiamente con sus escasos recursos.

    Ya para 1910 casi todo el comercio de Puerto Rico era con Estados Unidos, algo que no ha cambiado hasta el día de hoy y que es típico de una relación colonial. Como si no fuera esto suficiente, en 1920 el Congreso aprobó la Ley Jones de transporte marítimo, la cual obliga a usar barcos de bandera americana para la transportación de toda mercancía entre Estados Unidos y Puerto Rico, lo que encarece todo producto consumido o usado en Puerto Rico, inclusive comida, ropa y medicinas, al igual que pone en desventaja a los productos producidos en Puerto Rico. Se calcula que desde 1920 hasta el presente la Ley Jones le ha costado $75.8 billones a Puerto Rico, más que la deuda pública que se le reclama a puerto rico al día de hoy. Puerto Rico con solo el 1% de la población de Estados Unidos subsidia, como resultado de esta legislación, el 27.7% del costo total la transportación de la marina mercante de Estados Unidos.

    Mientras tanto, Puerto Rico es el cuarto mercado mundial de Estados Unidos, pero más impresionante aún lo es, que como resultado de ser un mercado cautivo debido a su condición colonial, es también el mercado per cápita más grande de Estados Unidos en el mundo.

    Y si quieren saber la razón primordial por qué el Congreso acabó con las 936, se los voy a decir. “Operation Boot Strap” se convirtió en “Operation Booby Trap”, porque un gran número de las compañías 936 empezaron a traquetear con su contabilidad de forma tal que atribuían a sus operaciones exentas en Puerto Rico gran parte de sus beneficios mundiales. Así Puerto Rico se convirtió en el centro de ganancias más grande del mundo para estas corporaciones 936, exentas casi totalmente de contribuciones al fisco federal o estatal. En solo 1995, las ganancias netas de estas corporaciones llegaron a más de $14 billones. Estas manipulaciones legales pero poco éticas, y ciertamente contraproducentes a la larga, le costó al gobierno federal hasta $3 billones en contribuciones dejadas de recaudar en algunos de los años de vigencia de la 936. A consecuencia del abuso a un programa que se había diseñado para crear empleos en Puerto Rico, el Congreso se dejó de chiquitas y mató la gallina de oro, acabando así con el poco progreso industrial que Puerto Rico pudo acumular, sin sustituir en forma alguna la oportunidad para recobrar ese progreso, y empeorando aún mas la situación básica económica de Puerto Rico con el establecimiento de NAFTA y otros tratados similares.

    Otra situación refrendada por la Corte Suprema demostrativa de nuestra condición colonial, lo es la desigualdad relativa al resto de Estados Unidos que autoriza este tribunal en el trato que nos da el Congreso en la distribución a Puerto Rico de programas sociales. La discriminación en cuanto a estos programas es particularmente desgraciada, cuando se considera que afecta directamente a los ciudadanos que más ayuda necesitan: los niños, los envejecientes y los incapacitados. ¿Qué razón en lógica o moral puede justificar este trato patentemente discriminatorio.

    Y en contestación a la media verdad que se alega, de que no pagamos contribuciones federales, y que por lo tanto, se justifica que no recibamos trato igual, yo contesto lo siguiente — aparte de que esa alegación se queda corta de la verdad completa, si hemos pagado en forma mas vital a través de los años: hasta recientemente, el gobierno federal se incautó de hasta un 14% de nuestras mejores y mas atractivas tierras para establecer bases militares, lo cual es especialmente crucial para la economía de una isla con escasa geografía. Pero más importante aún que la contribución monetaria o del uso de nuestras tierras, es el servicio que han prestado los puertorriqueños en las fuerzas armadas de Estados Unidos en todos los conflictos bélicos en que ha participado, inclusive desde la primera guerra mundial hasta el presente.

    A la contribución de sangre puertorriqueña que se ha aportado se les ha dado escaso reconocimiento por la nación americana, lo cual es particularmente molestoso considerando que como ciudadanos de segunda clase carecemos de los derechos políticos que nos permiten participar en las decisiones que nos involucraron en esas guerras. De hecho, en la Guerra de Korea, Puerto Rico fue la segunda jurisdicción de Estados Unidos en número de bajas per cápita. Fue en esa guerra que el Regimiento 65 de Infantería, compuesto casi totalmente por puertorriqueños, el que cubrió la retirada de los marines desde el Río Yalu hasta la costa. Fueron nuestros soldados del 65 de infantería los últimos en ser evacuados, dándole batalla a los chinos hasta que los marines pudieran salir a salvo. Pero no fue hasta hace unos pocos meses, creo que en junio pasado, sesenta y pico de años después de los hechos, que el Congreso por fin reconoció esta heroica hazaña, el mismo Congreso que pocos días después nos dio la estocada de PROMESA.

    Terminaré esta parte de mi ponencia con una exhortación dirigida a todos los puertorriqueños.

    Me preocupa el desánimo que percibo en el país y que se manifiesta no sólo en los que nos quedamos aquí, sino claramente en el número alarmante de los que abandonan a Puerto Rico en busca de fortuna. No paso juicio sobre decisiones que son básicamente personales, pero no puedo guardar silencio ante el pesimismo que demuestran y que observo azota y paraliza a esta isla.

    En su obra magistral, Harvest of Empire: A History of Latinos in America, el historiador Juan González nos dice que demasiados puertorriqueños sucumben a una mentalidad de negatividad con relación a lo que podemos hacer colectiva e individualmente. Argumenta el historiador que esto es un reflejo de nuestro status colonial, que a su vez provoca un complejo de inferioridad colectiva. Se pregunta si esta condición no es una estrategia promovida por elementos foráneos a nuestra isla, pues de que otra forma podría justificarse la posesión y gobernación de una colonia por tanto tiempo, si no es cultivando la imagen de que los puertorriqueños somos un grupo de desalmados incompetentes, que no pueden cuidarse a si mismos y que tienen que ser supervisados como si fuéramos una partida de niños? No solo estoy de acuerdo con el análisis de González, sino que le añado, que el mejor ejemplo de esto lo vemos en lo que intenta hacer el congreso con la imposición de promesa.

    Si bien los aquí presente somos un reflejo de la población en general en lo que se refiere a variedad de ideologías, lo que no debe estar en duda es, que irrespectivamente de estas diferencias, lo que nos une a todos, es nuestro amor por Puerto Rico.

    Y lo que no debe estar en duda es la cantera de talento que ha producido, y que tiene Puerto Rico aún por aportar, aún a pesar de nuestra condición colonial y la forma denigrante y despectiva que dentro de las fuentes de poder en la metrópolis, nos tratan de encasillar.

    No tengo el tiempo para hacer un listado, pero tomen conocimiento de los puertorriqueños que han resaltado nacional e internacionalmente en las ciencias, en la música, en los deportes, en el comercio, en prácticamente todas las actividades humanas, y en posiciones claves de un sin número de organizaciones internacionales y nacionales de todo tipo. Somos una isla con pocos recursos naturales pero con una fuente ilimitada de recursos humanos, y con mucha cría.

    He visto lo que Puerto Rico puede hacer cuando el país se une y se propone. Lo presencié de cerca cuando la Gran Regata Colón en el 1992, uno de los eventos náuticos más espectaculares que jamás se haya celebrado en ningún sitio. Y este es solo un ejemplo de otros más contundentes. Uno que cualifica y no podemos pasar por alto, ciertamente muy emotivo y que lo sentimos hasta el tuétano todos los puertorriqueños, fue la demostración en Rio de Janeiro del increíble talento deportivo y de perseverancia, que unió a todo Puerto Rico al identificarse espiritual y casi físicamente con Mónica Puig, y que me ha dejado con un taco permanente de emoción en la garganta. Yo siempre he creído que los deportes, más allá de servir de recreo y de beneficio a la salud, son aún más importantes como salón de enseñanza para ayudarnos a enfrentar los retos de la vida. La victoria de nuestra estrella en Río debe enseñarnos a los puertorriqueños que no hay derrota si no la aceptamos, y que aún cuando a primera vista tengamos reveses, con perseverancia y tesón podemos triunfar.

    Yo les digo a ustedes que este es el momento para hacer lo que nosotros podemos y hemos hecho en el pasado en otros momentos difíciles. Tenemos que unirnos en la defensa de nuestros derechos, y actuar pacíficamente, porque somos un pueblo de paz, pero eso no implica que debemos ser dócil y aceptar todo lo que nos traten de imponer, aún cuando emane de los centros de poder. Tenemos la ventaja de que estamos defendiendo nuestra casa y que, ante todo, nuestra causa es justa, y eso nos da un gran poder y una fuerza moral sin límites.

    No tenemos poder político porque somos una colonia, y está establecido que tampoco tenemos dinero. Pero sí tenemos el arma de los débiles contra los poderosos: los derechos civiles y la resistencia civil. Con esta arma derrotó Mahatma Ghandi al imperio británico en India, así pudo acabar con el apartheid Nelson Mandela en África del Sur, y por supuesto, así pudieron los negros en Estados Unidos, liderados por Martin Luther King, hacer valer sus derechos, a tal punto, que hoy en día el Presidente de Estados Unidos es un negro.

    Me permito volver a sugerir que hay que organizar un movimiento de resistencia civil, involucrando no sólo los habitantes de Puerto Rico, si no también a nuestros compatriotas en el exilio forzado, y definitivamente a la población latina de Estados Unidos, quienes hoy en día son la minoría más grande en el País y cuyo apoyo puede ser determinante del futuro de Estados Unidos.

    Como he dicho en otras ocasiones, no hay nada como el ataque al bolsillo para atraer atención a un problema y conseguir resultados satisfactorios. Por eso he pensado en el boicot económico como un arma potente de resistencia civil.

    Creo que dependiendo de lo que pase en el futuro cercano, los adeptos a estos movimientos deben movilizarse, y actuar pacíficamente, si es que se hace necesario.

    Pero quiero enfatizar lo de actuar pacíficamente, especialmente porque veo algunas actuaciones, que si bien son bien intencionadas creo se pueden salir de lo propio. No hay nada como la violencia para quitarle legitimidad al movimiento mas justo. Especialmente en Puerto Rico, la historia nos demuestra que la violencia es rechazada contundentemente por los puertorriqueños.

    Estamos al bate. Es la última entrada del noveno inning. El score está empate y tenemos la carrera de ganar en tercera, con dos outs y dos strikes. Llegó el momento de la verdad. Mantengan el ojo en la bola y denle con todo lo que tengan.

    II

    Aunque así termino mis comentarios formales, les pido un poco más de su indulgencia. Lo que voy a decir ahora está generalmente relacionado a los temas que he compartido con ustedes, pero requiere trato especial y que lo haga en inglés porque mi audiencia es no solo ésta, sino además radica en ultramar, y si es que le llega hasta allá mi petición, quiero estar seguro que no se vaya a confundir porque ocurra un lost in translation.

    President Obama I respectfully request that you free Oscar López Rivera.

    Although I do not share his political ideology or condone any of the actions for which he was convicted, and for which he has payed dearly with the deprivation of his liberty for over 35 years, twelve of which have been in solitary confinement, I see no valid or useful reason for his continued incarceration. I thus join the thousands of common citizens of all ideologies that have sought your indulgence in this matter, as well as the many others that are more prominent in the public scenario, including former President Jimmy Carter, ten different Nobel Peace Prize winners, Loretta Scott King, playwright/musician/actor Lin Manuel Miranda, the present Governor of Puerto Rico, Puerto Rico’s Resident Commissioner in Congress, Presidential Candidate and U.S. Senator Bernie Sanders, the mayors of Puerto Rico’s two largest cities, San Juan and Ponce, New York City Council’s Speaker Melissa Mark-Viverito, pop-star Ricky Martin, and numerous other civic, sports and arts personalities, all of whom have requested the excarceration of Oscar López and consider the reprival of his sentence an elementary and necessary act of justice, for which your administration would forever be remembered and admired.

    I must remind you of the fact that Oscar López is a veteran of our war in Vietnam, where he was sent after being drafted at the young age of eighteen, and served honorably and valiently, being awarded the Bronze Star for bravery in combat. Upon his return to his home in Chicago, confronted with the dire circumstances that faced the Puerto Rican minority in that city, a situation of which I am sure you are well aware from your own experiences as a community organizer in Chicago, he became a community activist in an attempt to improve the condition of his brethren there, an undoubtedly frustrating experience which must have largely contributed to his radicalization.

    Although I do not belittle the seriousness of the crimes for which he was convicted, and for which, as I have stated, he has paid dearly, in 1999 when his release was first considered by President Bill Clinton, President Clinton refuted his critics by stating that Oscar López was never convicted of any specific crime that resulted in deaths or injuries, or of any act of violence, facts that are often overlooked in the furor of controversy. President Clinton further opined that Oscar López and the other nationalists tried with him were sentenced out of proportion to the offenses for which they were convicted, a view with which I agree.

    It is undisputed that Oscar López Rivera has now been imprisoned longer than was Nelson Mandela in South Africa for acts of violent terrorism against the apartheid regime then in power in that country. Yet even that despicable government freed Mr. Mandela. Furthermore, Oscar López has been deprived of freedom longer than even the weathermen who were convicted of engaging in terrorist acts in New York and in which in the course of an armed robbery two policemen and two private guards were murdered. It would appear that a special negative standard is being applied against Oscar López’s case.

    It should be noted that when President Clinton offered to release Oscar López, the offer was refused by him because he considered that as a prisoner of conscience, he could not accept this indulgence while others similarly situated were not also released. These others have since been released yet he remains in custody, notwithstanding that you have recently released 218 federal prisoners.

    There can be no present justification for Oscar López’s imprisonment. I beseech you to please do what is just and right before you leave office.

    Have this act of justice remain as a shining star in the legacy of your historic presidency.

    Le solicito a la Presidencia de esta institución que le haga llegar mi solicitud al Presidente Obama.

    Gracias por su paciencia y atención.

    Notas al Calce

    * Discurso pronunciado ante la Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, celebrada durante su Convención Anual en Río Grande, Puerto Rico, el 10 de septiembre de 2016.

    ** Juez del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos y Vicepresidente y Académico Fundador de la Academia Puertorriqueña y Jurisprudencia y Legislación.