El Gesto de la Profesora Inés María Mendoza

    El gesto de la Profesora Inés María Mendoza: La ética en las luchas anticoloniales

    Carmelo Delgado Cintrón

    A mi estimado maestro Ricardo E. Alegría.

    “La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los Cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida, y, por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los Hombres”.

    Don Quijote de la Mancha

    I. INTRODUCCIÓN: DOÑA INÉS ANTE LA COMISIÓN HAYS

    Comenzaremos nuestra conferencia sobre la profesora Inés María Mendoza citando un tema quijotesco. Ella misma lo plantea en su testimonio de 21 de mayo de 1937 ante la llamada Comisión Hays. Antes de citar las palabras exactas de la profesora Mendoza, es conveniente recordar que Cervantes recoge y reelabora la tradición que sobre la libertad se atesoraba entonces. Dice Don Quijote que las personas: “…han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas:”…y que hay que hacerlo, dice, “…en defensa de su patria”. Ello está justificado, sostiene, porque, “es de ley natural y divina”. Las fuentes que la profesora invoca son clásicas, demostrativo de su cultura política cimentada en la literatura. Nos dice Daniel Eisenberg, en su libro Don Quijote y Cervantes, que: “Don Quijote enseñatambién que el que tiene ideales, y está dispuesto a sufrir y, si es necesario, incluso a morir por estos ideales, puede obligar a la sociedad a una respuesta. El país y el mundo padecen muchos males, y se necesitan tanto ideas como manos de obra para resolverlos. Lo que falta en el gobierno es buena voluntad”.

    Luego, el cervantista norteamericano plantea que: “En Don Quijote vemos también que las mujeres no tienen que quedarse en casa. Igual que los hombres, desean escaparse del control de sus padres y descubrir el mundo con sus propios ojos. Quieren y pueden decidir sus propias vidas”.

    Más allá del goce estético, la novela cervantina nos adentra en contextos que confieren al que la estudia experiencias y saberes únicos de su visión de la realidad. Los temas jurídicos, políticos, sociales y filosóficos expuestos, los contrastes, las antinomias, las contradicciones y todo el fermento quijotesco relacionado con la Libertad, el Derecho, la Justicia, la Equidad y los problemas perennes de la administración de la justicia, introducen al estudioso en contenidos de profunda importancia y actualidad. Morroe Berger ha explicado, en su libro titulado La Novela y las Ciencias Sociales. Mundos reales e Imaginario, que: “Es sabido que la novela y la ciencia de la sociedad son dos maneras de comentar la conducta y las instituciones sociales”. Escribía Friedrich Engels, señalando la importancia de las novelas de Balzac, que: “nos da una historia maravillosamente realista de la «sociedad francesa de la cual he aprendido más que de todos los historiadores, economistas y estadísticos conocidos del periodo”. Se trata del uso ideológico de las lecciones del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha en la trabazón de la ética, la moral y la libertad en las luchas anticoloniales. Con ello, nos demuestra la profesora Mendoza su pensamiento avanzado y sus conocimientos de la literatura española del siglo de oro, al que se vio atraída por su vocación de profesora y estudiosa de la lengua y la literatura castellana. Así como la pertinencia de los valores que están implícitos en la posición que la profesora Inés María Mendoza asumió en unos difíciles, duros y delicados eventos políticos en 1937. Este gesto es válido en toda sociedad y tiempo, pero indispensable en el Puerto Rico de los años treinta, y, por el desquicie de valores de nuestro tiempo, lo entendemos todavía de mayor actualidad. Le costó su fidelidad a los principios que dan sentido a su vida continuar ejerciendo de profesora en las escuelas públicas. Se le privó por el mezquino comisionado de educación, José M. Gallardo, de su licencia de maestra, impidiendo su acceso a lo que constituía lo más caro de su vida, la formación de la juventud.

    1.1. El Comité Hays. El Comité Hays lo componían personalidades de la más alta calidad intelectual y moral. Fue creado por la American Civil Liberties Union, a petición del jurista Miguel Guerra Mondragón para que, ante la desidia gubernamental y oficial, investigase los trágicos y aciagos sucesos ocurridos durante la Masacre de Ponce. Lo presidía el abogado norteamericano Arthur Garfield Hays de Nueva York, quien se desempeñaba como consejero jurídico general de la ACLU. Eran miembros, el abogado, ensayista y líder cultural Emilio S. Belaval, Secretario del Comité y Presidente del Ateneo Puertorriqueño; el abogado Mariano Acosta Velarde, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Fulgencio Piñero, Presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico; Francisco M. Zeno, Director del diario La Correspondencia; el abogado Antonio Ayuso Valdivieso, Director del diario El Imparcial; José Dávila Ricci, miembro de la Redacción del diario El Mundo, y el médico Manuel Díaz García, ex presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico.

    En el último día de testimonios, comparece una joven profesora de lengua y literatura española. No va a testificar sobre el tema de las audiencias: las violaciones de derechos civiles sucedidos durante la Masacre de Ponce. Va a hablar sobre el problema de la enseñanza en Puerto Rico, país hispanoparlante donde, oficialmente, la docencia de las disciplinas escolares se realiza en idioma inglés. Ante la requisitoria del celebre abogado Arthur Garfield Hays, se suscita un dialogo donde la maestra demuestra su fibra moral y sus finos conceptos éticos basados precisamente en sus profundas lecturas y estudio de los clásicos del siglo de oro. El abogado Hays, acostumbrado a preguntar, a hilar fino, a fijarse en el tono, para obtener los datos que le permitan buscar la verdad y hacerse con la prueba que necesita, lanza un dardo afilado. Arthur Garfield Hays -“¿Alguna vez ha hecho propaganda política en el salón de clases?”-

    Diáfana y segura, la profesora Mendoza contesta: Inés María Mendoza – “No, señor, no lo que usted quiere decir con propaganda política. Por supuesto, una maestra que tiene que enseñar El Quijote, la novela picaresca y el teatro popular de Lope, debe enseñar el amor del hombre por la libertad, así como la belleza de la igualdad de derechos y la justicia social que se pueden apreciar en estas obras maestras de la literatura”.

    Arthur Garfield Hays- “Quiero decir propaganda para asuntos políticos, partidos políticos”

    Serena, le contesta la profesora Mendoza: Inés María Mendoza – “No, señor, nunca”.

    II. LOS PROTAGONISTAS

    2.1. El abogado Arthur Garfield Hays. En 1937 Hays era un avezado y formidable abogado especialista en casos de Derechos civiles y corporaciones. Desde 1920, era el asesor jurídico general de la American Civil Liberties Union, que se fundó ese año y de la cual Roger N. Baldwin era director ejecutivo. Hays había participado en el año de 1925, con su mentor, el legendario abogado Clarence Darrow, en dos celebérrimos juicios de Derechos humanos. En el juicio del siglo, el célebre monkey trial, que se llevó a cabo en Dayton, Tennessee, defendiendo al profesor John T. Scopes, que enseñaba en una escuela la teoría de la evolución natural de Charles Darwin. Ésta fue la primera controversia judicial transmitida por radio y catapultó a Darrow, Bryan y Hays como figuras nacionales. Hays también estuvo, junto a Darrow, en Detroit, en el caso contra el Dr. Ossian Sweet, sobre violencia y segregación racial. Al año siguiente, 1926, formó parte de la defensa del caso de censura del American Mercury, en Boston. La fama y la experiencia de Hays se cimentó en dos importantes causas (que apasionaron a los norteamericanos) en los cuales tuvo participación: el proceso de Sacco y Vanzetti, en Boston, en 1927, y la acusación de los Scottsboro kids de 1931. Su fama y conocimientos de Derechos civiles y Derecho Internacional, que practicó en Londres entre 1914 y 1915, hicieron que le invitasen a ser el abogado defensor de los acusados de incendiar el Reichstag en Berlín en 1933. En 1937, Arthur Garfield Hays estaba en la cumbre de su fama.

    2.2. La profesora Inés María Mendoza. Entusiasta de la obra de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y la picaresca, sabe muy bien lo que le contesta al avezado abogado de los Derechos civiles. Ambos son inteligentes, dedicados, cultos, y, por sobre todo, aman la libertad. De los ideales de la profesora Mendoza hablaremos después. En ese año de 1937, tenía 29 años de edad. Muy joven todavía, pero templada en el estudio y en las luchas de la vida y con una acrisolada inteligencia. Se desempeñó como maestra rural, maestra de escuela elemental principal, maestra de escuela secundaria y también como docente de la Escuela Normal de la Universidad de Puerto Rico. Su vocación temprana de educadora la llevó a obtener una licencia de maestra rural a los 17 años de edad. Se matricula en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico en 1925 y, dos años después, se gradúa de normalista a los 19 años. Éste es el escenario de sus estudios y donde despliega su liderato. El grado se le discierne con la calificación de Magna Cum Laude y se le concede la Medalla Carlota Matienzo. Hecho simbólico, pues esta medalla fue instaurada en honor de la hija del licenciado Rosendo Matienzo Cintrón, a quien el historiador, mi estimado maestro, el Doctor Luis Manuel Díaz Soler, designó en su monumental biografía como: “orientador y guardián de una cultura. La vida profesional de Doña Inés se inicia llena de símbolos. En esa misma clase graduanda, y también como normalista, se graduaba con honores la joven Isabel Gutiérrez del Arroyo de Bayamón. Ambas amigas, postularán ideales similares, como veremos. Durante estos años universitarios, Mendoza compartió con estudiantes de otras facultades como: Nilita Vientós Gastón, Vicente Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones, Margot Arce Blanco, José López Baralt, entre otros. Llena de inquietudes intelectuales, la profesora Mendoza se traslada a Nueva York para estudiar. Allí, en una prestigiosa universidad, obtiene el título de Bachiller en Educación con especialidad en supervisión de Escuelas que le discierne el Teachers College de Columbia University. Transcurrirá una década de docencia, y cambios personales que incluyen enseñar el idioma inglés y lengua y literatura española en las escuelas públicas, casarse y tener familia. Se decide por la enseñanza del idioma español y se matricula en el Departamento de Estudios Hispánicos, donde siempre cursa diversos seminarios dirigidos a lograr una maestría. Trabaja en varias escuelas y, desde 1932, pertenece al claustro de la prestigiosa Escuela Superior Central de Santurce.

    III. LOS IDEALES DE LA PROFESORA MENDOZA

    3.1. La periodista y la maestra. La escritora y feminista Ángela Negrón Muñoz nos informa sobre los ideales políticos de la profesora Inés Mendoza en una entrevista publicada en el diario El Mundo el 22 de marzo de 1931. El editor le asignó a la periodista que entrevistara a “una de nuestras mujeres nacionalistas”. Negrón Muñoz escogió a la profesora Mendoza porque ésta se había significado como luchadora en pro de los derechos de la mujer. La profesora Mendoza era vocal del Comité Directivo Centra de la Asociación Insular de Mujeres Votantes. Recientemente habló como nacionalista en referida Asociación. Ambas mujeres tenían afinidades por sus intereses feministas sufragistas. Negrón Muñoz era vice-presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Mujeres Sufragistas, organización fundada por Ana Roqué de Duprey en 1924 y secretaria de la otra institución feminista la Asociación, de la cual la profesora Mendoza era vocal de la directiva central. Eventualmente, se unieron ambas sociedades. La periodista Negrón Muñoz era feminista por derecho propio.

    La periodista da fe -pues estaba presente- de la calidad del discurso de la profesora Mendoza en la última asamblea de la Asociación Insular de Mujeres Votantes. “Habló allí la señorita Mendoza como nacionalista”; nos informa en su artículo que: “fue el mejor, el de más brío, el que más aplausos conquistó”. Y concluye que: “sostuvo con viril arrogancia el derecho de libertad de la patria”. Doña Desusa Rivera, la madre de la profesora Mendoza, le dice a la periodista: “Yo quiero que ella medite siempre lo que diga, y cuando habla de nacionalismo se exalta”. Se suscita el siguiente diálogo entre la periodista y la entrevistada.

    3.2. Ideario de la profesora Mendoza. La profesora Mendoza es miembro militante del Partido Nacionalista, según declaraciones a la prensa que se hacen en 1931. El licenciado Pedro Albizu Campos es presidente de este partido desde 1930. En el cuadro partidista puertorriqueño es la organización política más radical. La profesora Mendoza sostiene que: “Es el derecho natural ser libres. No puedo entender que se pueda opinar de modo distinto sobre esto”. Cree, por lo tanto, en la obtención de la soberanía y que le asiste a los puertorriqueños “un derecho” a la libertad. En 1936 colabora en las labores políticas del Frente Unido Pro Constitución de la República de Puerto Rico. Le expresa a la periodista Ángela Negrón Muñoz sus conceptos sobre la nacionalidad puertorriqueña y los efectos dañinos del colonialismo, y su disposición -porque se sabe “limpia y libre”- a luchar con otros jóvenes nacionalistas e independentistas sin consideraciones ni conveniencias personales, dispuestas al sacrificio. Al decirlo, sabía la profesora que se exponía pues, como mujer inteligente, conocía de las consecuencias que se enfrentaban por testificar.

    “No es simple locura de los que queremos que nuestro pueblo sea pueblo. La juventud está inquieta. El pasado ha sido demasiado elocuente. Salta a la vista de todos que hay algo que provoca nuestro desastre, nuestro caos. Esta juventud se siente limpia y libre. Sin embargo, apenas ahora empezamos a sentirnos pueblo y vislumbrar la patria. Es posible una solución inmediata. La renovación ya está en pie. Conservaremos intacto, en toda su pureza, el ideal -los nacionalistas- sin detenernos a considerar conveniencias personales, bienestar individual ni sacrificios necesarios”.

    3.3. Interpretación del ideario independentista y libertario de la profesora Mendoza. Las prerrogativas nacionales que posee Puerto Rico las ha ganado por su condición de colectividad nacional distinta, su desarrollo civilizado, el continuo desenvolvimiento de su cultura, uno de cuyos ingredientes es el idioma español y el surgimiento de las instituciones civiles y jurídicas que se perfilan y consolidan en el siglo XIX. Así también las aspiraciones y expresiones políticas de sus partidos y sectores políticos. Pero, por sobre todo, por la vocación de querer ser puertorriqueño y la filiación a su país. El pueblo de Puerto Rico es una nación que, de acuerdo con Hostos, a pesar del colonialismo español, la guerra del 98, la cesión a Estados Unidos y el funcionamiento de un Gobierno Militar, “no ha podido perder ninguna de sus prerrogativas nacionales”. Estas prerrogativas emanan del Derecho natural. La doctrina y los tratadistas -en palabras de Rafael García Barcenas- están de acuerdo desde Hugo Grotio en que “existe un derecho natural eterno e inmutable que no está sujeto a los cambios inherentes de las distintas épocas y lugares”. Fernando Vázquez de Menchaca afirma que: “Atendido el Derecho Natural, todos los hombres nacían libres y no estaban sometidos a la jurisdicción o dominio de otro”. De ahí la legitimidad y licitud de las luchas por lograr la soberanía y la libertad que han ejemplificado María Mercedes Barbudo, Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis, Román Baldorioty de Castro, Eugenio María de Hostos, Rosendo Matienzo Cintrón, José de Diego, Pedro Albizu Campos, y otros.

    Esta prerrogativa que posee el pueblo de Puerto Rico, estos derechos colectivos, la facultad y el derecho a buscar, exigir y hacer válida su libertad, no se pierden ante ningún régimen, poder o imposición, pues son imprescriptibles, inalienables, irrenunciables y perpetuos. Además, son anteriores a cualquier Derecho constitucional o positivo -más aún- si son imposiciones de los dominadores, pues constituyen una reserva, un patrimonio de nuestra condición de puertorriqueños. Ya ha dicho Eugenio María de Hostos que: “Hay que insistir todos los días en decir y repetir que Puerto Rico ha sido robada de lo suyo, de su libertad nacional; de su dignidad nacional; de su independencia nacional, que ni los españoles ni los americanos podrán ni han podido poner en mercería”.

    Luego Hostos afirmó las más bellas palabras: “Ni hoy, ni mañana, ni nunca está perdido para nosotros el derecho de reclamar la independencia, porque ni hoy, ni mañana, ni nunca dejará nuestra patria de ser nuestra”.

    La Libertad, según Enrique Ahrens en su libro Curso de Derecho Natural, “Es la salvaguardia de todas las otras libertades; es la Libertad dentro de la que la Nación, en su totalidad, y en la conciencia pública, que la protege a todas las partes, a todos los miembros; es la atmósfera común en la que respiran y se desarrollan las demás libertades”.

    La profesora Mendoza, sagaz y perspicaz, plantea claramente que, sin la libertad, nuestro pueblo está destinado a sufrir un colonialismo que lo derrota, lo ahoga, lo corroe. Es por ello por lo que, al inquirir Negrón Muñoz: “De manera que cree usted en la posibilidad de la independencia…” plantea:

    “El caos político actual nos hace optimistas. La conciencia del pueblo debe reconocer esta realidad que le pega en el rostro. ¿No cree usted que está bien ya de estéril tranquilidad? Esta haraganería espiritual de seguir lo fácil, lo tranquilo, lo conveniente, nos pierde porque nos degenera. Esta paz es mortal. No es el triunfo de la sinceridad sino del peor de todos los males: la indiferencia. Una paz de compromiso, no de comprensión. En la tranquilidad de estos últimos treinta años se ha mordido y roído mucho en nuestro pueblo”.

    3.4. El carisma de Don Pedro Albizu Campos. De todas las organizaciones políticas que en la década de los treinta militaban en Puerto Rico, la profesora Mendoza escogió el Partido Nacionalista. Podemos especular que ello se debió a su círculo de amistades y compañeros de generación, al talante personal de la profesora Mendoza y también a la atractiva personalidad de Don Pedro Albizu Campos y el programa radical del nacionalismo. Nos expresa Carmelo Delgado Cintrón en su monografía inédita titulada: Los Estudios sobre la vida y la obra revolucionaria de Pedro Albizu Campos”:

    Opina Ricardo E. Alegría, que: “Las divergencias de criterios no han tenido suficiente fuerza para impedir que la figura de Albizu Campos se haya ido agrandando con el tiempo, hasta convertirse en el símbolo de la lucha por la soberanía nacional, lucha en la cual, aunque bajo diferentes modalidades, participa hoy un número considerable de nuestros compatriotas”. Alegría coloca a Pedro Albizu Campos en una dimensión histórica, al manifestar que: „Nuestro pueblo se ha destacado siempre por la generosidad con que reconoce el espíritu de servicio a Puerto Rico en aquellos que han consagrado su vida a la defensa de los derechos del país y a la búsqueda de la felicidad colectiva, independientemente de cuáles fueran sus ideas políticas. Y en ese particular, nadie podría regatear al ilustre patriota la posición eminente que ocupa en nuestra historia”.

    Pedro Albizu Campos ocupa un lugar único en nuestro devenir nacional. Como dice Edgar Martínez Masdeu, “Pedro Albizu es ejemplo del hombre que se entrega a la fe de un ideal. Podrán señalársele errores de los que no estaba exento como ser humano, pero indudablemente quedará en nuestra historia como uno de los más grandes patriotas; como uno de nuestros más sinceros ideólogos; y como una de las más grandes inteligencias que este país no supo justipreciar en su momento”.

    Más allá de los detalles personales y políticos, propios de cada hombre y mujer que se ha dedicado a la lucha por nuestros derechos y nuestras libertades, en lo que cuenta, y en lo que vale, en lo trascendental, Albizu siempre tuvo un norte. Su vida política estuvo dedicada a la defensa de la dignidad del puertorriqueño; la conservación de lo que nos constituye como una nacionalidad cultural iberoamericana y la obtención de la liberación, la soberanía y la independencia para su patria, sometida a la tutela de otro país. Su vida fue una desigual lucha frontal, antiimperialista, contra el todopoderoso gobierno federal de Estados Unidos que, desde 1898, nos mantiene como una dependencia colonial, lo que constituye un peligro para nuestra nacionalidad. Hombre de una inteligencia profunda, de una ética a toda prueba, supo entender los horrores de la condición de dependencia nacional y sus consecuencias.

    Albizu Campos, dice Carmen Dolores Hernández, era “exigente, dedicado y dado a hablar en términos contundentes en un país conocido por su habilidad para el disimulo, las medias tintas y la „brega‟. En ese sentido, Albizu se salió de todo rasero: ni era diplomático como los políticos, ni habilidoso como los intelectuales. Apelaba al cumplimiento de un deber patrio fundamental y a la resistencia innata que tiene el hombre al abuso del más débil por el más fuerte”.

    Albizu tuvo que combatir a una nación de inagotables recursos, experiencias y seducciones, y que contaba con aliados internos, es decir, con un sector de nuestro pueblo. Albizu siempre antepuso los intereses de nuestra nación, sin importarle las duras pruebas a que estaría sometido. Cuando el interventor no lo pudo derrotar políticamente, pues el talante moral y la altura de miras albizuistas lo impedían; Albizu contaba con el amor, la admiración y el respeto de las mayorías que cuentan, las autoridades estadounidenses decidieron actuar. Lo pusieron a disposición del sistema judicial represivo que mantenían, y mantienen en la isla, la fiscalía federal y el tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, la United States District Court for the District of Puerto Rico. Le acusaron por un estatuto que no se usaba desde 1865 y que fue legislado en Estados Unidos contra los ciudadanos de la confederación. El primer jurado no logró un veredicto unánime. A. Cecil Snyder y el Juez Robert Cooper arreglaron (tampered) el segundo jurado y escogieron sus miembros para que le declararan culpable. De esta manera lo sacaron físicamente de su patria, y se le encarceló en Atlanta. Quisieron cortar la unión espiritual y política del líder del nacionalismo con las mayorías puertorriqueñas que deseaban y clamaban por la independencia. No lo lograron, pues, como dijo Ricardo E. Alegría, nuestro pueblo reconoce quién defiende sus más caros intereses. A pesar de su ausencia, como sabemos, el líder rendirá al final de su vida nuevos servicios al país.

    El jurista doctor José Trías Monge, autor de una monumental Historia Constitucional de Puerto Rico, valora la obra y la vida de Pedro Albizu Campos. Dice Trías que Albizu es el “heredero, en su tiempo, de la tradición revolucionaria que encarnan Betances, Ruiz Belvis, de Hostos y los patriotas de Lares”. Luego plantea que: “es notable error entender al Partido Nacionalista, según se le representa a veces, como una banda de ilusos, quijotesca y trágicamente empeñados en un solo propósito: la obtención de un ideal repudiado por el pueblo e inalcanzable por el método escogido. El Partido Nacionalista perseguía también, a todas luces, otro objetivo: sacudir la conciencia puertorriqueña y, de no lograrse por el momento la plena soberanía, detener, al menos, el avance del asimilismo”. Pues “el peligro de que se acelerase y se hiciese irreversible el proceso de transculturación era de tal orden, que Albizu y sus seguidores sienten amenazada la propia entraña de la nacionalidad puertorriqueña.

    IV. EL DURO CLIMA POLÍTICO: LOS TIEMPOS DEL GOBERNADOR WINSHIP

    Los treinta son una década muy importante en la historia de Puerto Rico. En ella se encuentran los orígenes de muchas de nuestras actuales desventuras y de pocas de nuestras satisfacciones. Señalemos algunos hitos que tienen significado en esta narración.

    4.1. Puerto Rico ante el imperialismo norteamericano. El 11 de mayo de 1930 se elige a Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Abre El Comité de Publicidad Internacional del Partido Unión de Puerto Rico; y pública el 10 de agosto de 1931 el documento titulado: Puerto Rico ante el imperialismo norteamericano. Se trata de una “Denuncia del régimen de Gobierno que Estados Unidos de América impone al Pueblo de Puerto Rico”, como reza el subtítulo del curioso folleto. El mismo está firmado por Antonio R. Barceló, Luis Lloréns Torres, Manuel A. Martínez Dávila, Ernesto Ramos Antonini, Vicente Géigel Polanco, Antonio Coll Vida, José Dávila Ricci, Samuel R. Quiñones, Joaquín Velilla y José Enrique Gelpí. Los siguientes párrafos nos dan una idea de los serios señalamientos que se hacen:

    “En resumen, al cabo de treinta y tres años de ocupación norteamericana, no existe en Puerto Rico ni un indicio de gobierno democrático. No hemos conquistado un solo derecho permanente bajo el nuevo régimen; por el contrario, se nos despojó de la Carta Autonómica que obtuvimos de España a fines del pasado siglo. Ninguna prerrogativa ciudadana dimana de nuestra soberanía. El invasor continúa ejerciendo ilegítimamente nuestro derecho. Nos impone por la fuerza un gobierno personal y exótico; centraliza en manos inexpertas y enemigas del país todas las funciones públicas; subordina nuestra vida nacional a los caprichos de gobernantes irresponsables y nos obliga a costear, a precio de diez a doce millones de dólares anuales, una maquinaria gubernativa que, lejos de responder a las necesidades del pueblo puertorriqueño, va rectamente encaminada a destruir los valores sustantivos de la nacionalidad”.

    “El invasor ha establecido en nuestro país un sistema de instrucción pública, imponiendo el idioma inglés como vehículo oficial de la enseñanza, en franca violación de los más elementales principios de pedagogía. Este absurdo sistema no sólo responde al perverso propósito de desplazar nuestra lengua vernácula, substituyéndola por el idioma del dominador. En el plan de estudios figura, inmanente, el descrédito de nuestro pasado histórico, la mengua de nuestra prosapia hispana, la preterición de nuestras ejecutorias cívicas, el empequeñecimiento de nuestros hombres, de nuestras gestas, de nuestros anhelos de reivindicación humana. La escuela exalta la grandeza del pueblo dominador, postula dogmáticamente la superioridad sajona y la inferioridad latina, y difunde en la juventud una filosofía de desvalimiento, de insuficiencia individual y colectiva, deli-beradamente encaminada a amortiguar la fe en el esfuerzo propio y a destruir la confianza en la valía personal. La escuela yanqui propende a anular las energías creadoras de las nuevas generaciones, invalidar toda posibilidad de expansión anímica, a apagar las virtudes superiores de la raza, a generar tipos anodinos, sin raigambre cultural, sin entronque histórico, sin vinculaciones emotivas con la tierra madre, aptos exclusivamente para la servidumbre, la traición y la vida amoral. Así se explica que la escuela sea en Puerto Rico un poderoso instrumento de dominación política y no la fuerza de integración nacional que es en todos los pueblos libres”.

    “El invasor ha pretendido, asimismo, desnaturalizar el alma de este pueblo, corromper su moral, prostituir sus creencias, humillar su decoro y envilecer su conciencia”.

    4.2. El panorama político. Éstos son años de la intensificación de las fusiones partidistas como la Coalición. Las elecciones de 1932 presentaron la novedad de la participación del voto de la mujer, aunque limitado a las que supieran leer y escribir. La Coalición triunfó en cincuenta y un municipios y el Partido Liberal en veintiséis municipios. Rafael Martínez Nadal y Miguel Ángel García Méndez fueron electos Presidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente. El Partido Nacionalista no logró elegir ningún candidato. Sin embargo, Pedro Albizu Campos logró obtener once mil seiscientos treinta y cuatro votos en toda la Isla, lo que la convenció de que la vía electoral no era la apropiada.

    4.3. F. D. R. y el Gobernador Blanton Winship. El Presidente Roosevelt designó Gobernador de Puerto Rico al General Blanton Winship, quien asumió la gobernación el 5 de febrero de 1934. Este funcionario había ocupado el cargo de Judge Advocate en el Departamento de la Guerra y se le tenía por persona de carácter duro y represivo. En su juventud participó en la guerra filipino-norteamericana a raíz de la guerra de 1898, y se caracterizó por sus implacables represiones y masacres contra los filipinos. Poco tiempo después, en marzo de 1934, visitó la isla Eleonor Roosevelt y un grupo de funcionarios entre los que se encontraba Rexford G. Tugwell.

    4.4. El Plan Chardón. El 10 de marzo se organizó una discusión sobre el tema de la rehabilitación de Puerto Rico con la participación de los visitantes y varios puertorriqueños. Entre los asistentes se encontraba el Rector de la Universidad, Carlos E. Chardón, quien presentó varias ideas que fueron encontradas interesantes. Poco tiempo después, el Presidente Roosevelt designó un comité compuesto por puertorriqueños, (Puerto Rican Policy Commission) bajo la presidencia de Chardón y con la colaboración de Rafael Méndez Ramos y Rafael Fernández García. La Coalición no vio con agrado tal medida. El resultado de los trabajos fue conocido como el Plan Chardón, y fue sometido al Presidente Roosevelt en junio de 1934. El Plan Chardón tenía cuatro objetivos básicos: 1) reducir del desempleo crónico; 2) disolver los monopolios en las tierras y entender en el problema de los propietarios ausentistas; 3) reducir el flujo de dinero a los Estados Unidos en forma de intereses y dividendos, de tal manera que se aumente el poder de compra y los niveles de vida en Puerto Rico; 4) liberar a la Isla de los males de una economía de monocultivo. La idea central del Plan era la creación de una corporación pública que llevara a cabo las propuestas relacionadas con la redistribución de la tierra y el control sobre la producción de azúcar. Por supuesto, tales medidas tuvieron, inmediatamente que se reconocieron, la oposición de los grandes intereses. El Plan era en realidad un paliativo para los problemas surgidos como consecuencia de la dependencia económica y el colonialismo que padecía la Isla.

    4.5. Los diversos sectores de intereses. La implantación del Plan Chardón en Puerto Rico y todo lo relacionado con él, produjo una gran efervescencia política, y se convirtió en el tema de corrillos y mentideros políticos. No se hablaba ni escribía de otra cosa. En mayo de 1935, el Presidente Roosevelt estableció la PRRA (Puerto Rican Reconstruction Administration), que hizo sucesora de la PRERA. Se designó a Ernest Gruening como su Director. Este funcionario ocupaba ahora dos cargos: Director de la Division of Territories and Insular Affairs y del nuevo organismo, la PRRA, creando con ello problemas internos. De acuerdo con Thomas Mathews había cuatro grupos interesados en el control del programa de reconstrucción: el primero se relacionaba con los intereses de las centrales azucareras, Agripino Roig, Ramón Aboy Benítez, Presidente de la Asociación de Productores de Azúcar y otros; el segundo lo formaban la Coalición, representada por Santiago Iglesias, Alfonso Valdés y Rafael Martínez Nadal; el tercero estaba compuesto por el Gobernador Winship y el Comisionado de Agricultura Menéndez Ramos; y el último, por el Senador Luis Muñoz Marín y Jesús T. Piñero, a la sazón presidente de los Cosecheros de Caña Independientes. El Director Gruening aparentemente favorecía al último grupo. Cuando se conocieron los nombramientos hechos por el Director de la PRRA, la Coalición fue dejada de lado. Carlos Chardón fue designado administrador regional de la PRRA. De los trece nombramientos hechos, cuatro eran liberales, dos eran anti-coalicionistas, cuatro norteamericanos, uno socialista y dos neutrales. Parte importante en todo el proceso lo fue Luis Muñoz Marín, quien tenía excelentes relaciones en la Casa Blanca. La PRRA funcionaba inclinándose al Partido Liberal; el Gobernador y la coalición carecían de control sobre ella, oponiéndosele como podía este último partido.

    4.6. Se inicia el clima de represión y violencia. El Partido Nacionalista de Puerto Rico celebró, en Humacao, su Asamblea General el 17 de diciembre de 1933, presidida por Pedro Albizu Campos. En ella ratificó su política activa y militante en pro del rescate de la soberanía de Puerto Rico y su constitución en una República. Los trabajadores de campo de toda la industria azucarera se declaran en huelga en enero de 1934. Decepcionados con los líderes de la Federación Libre de los Trabajadores, los huelguistas llaman a Pedro Albizu Campos para que se haga cargo de la dirección de la huelga. Se abre un nuevo capítulo político. El 24 de octubre de 1934 ocurre la llamada Masacre de Río Piedras contra los nacionalistas. A principios de 1936, 23 de febrero exactamente, los jóvenes patriotas, nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp dan muerte en San Juan al coronel E. Francis Riggs, jefe de la Policía, “por ser el responsable de la Masacre de Río Piedras”. Rosado y Beauchamp fueron arrestados y asesinados por la policía. El 24 de febrero de 1936 Pedro Albizu Campos pronuncia la despedida del duelo en el entierro de Beauchamp y Rosado: “Ya hemos traído cenizas preciosas de otros héroes. El Nacionalismo ha traído a la Patria la transculturación de su ser, pues el hombre no nació para vegetar, ni para ser gordo y fuerte; el hombre nació para erguirse sobre supremos principios de acuerdo con su inmortalidad. Para entrar en la inmortalidad hay una sola entrada: la puerta del valor que conduce al sacrificio por una suprema causa. Hay que sacrificarse por la independencia de la Patria”.

    4.7. El juicio federal del licenciado Albizu Campos. El 5 de marzo fueron acusados Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer, Luis F. Velásquez, Clemente Soto Vélez, Erasmo Velásquez, Juan Juarbe-Juarbe y Pablo Rosado Ortiz, de conspiración para derrocar por la fuerza el Gobierno de Estados Unidos ante la United States District Court for Porto Rico (Tribunal Federal). El abogado y Representante por acumulación del Partido Liberal, Ernesto Ramos Antonini, publica un artículo donde protesta por el arresto de Pedro Albizu Campos: “El arresto de Pedro Albizu Campos bajo las circunstancias y por los motivos que se han decretado merece la reprobación de todos los puertorriqueños. No es el vulgar trasgresor de la ley, ni de la moral social. Es un ataque directo y brutal del régimen colonial contra un compatriota, caudillo de un movimiento revolucionario. Mostrarse indiferente ante ese ataque, es ser indigno de la libertad; alegrarse es tener sangre de esclavo”.

    Thomas Mathews en su obra La Política Puertorriqueña y el Nuevo Trato resume el clima prevaleciente de la siguiente manera: “No hay duda de que la muerte del Coronel Riggs dio origen a las incursiones que desembocaron finalmente en el arresto de los Nacionalistas. En su calidad de Representante Liberal, Ramos Antonini dijo en el hemiciclo de la Cámara: «El régimen quiere garantizar la venganza por la muerte del americano». No obstante, los cargos contra los prisioneros no fueron por incitar al asesinato o por complicidad en éste, ni siquiera por incitar a la violencia; fueron cargos meramente políticos de sedición y conspiración para derrocar al Gobierno Federal”.

    El 3 de abril de 1936 el Gran Jurado Federal encontró causa probable contra Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer, Luis F. Velásquez, Rafael Ortiz Pacheco, Julio H. Velásquez, Clemente Soto Vélez, Erasmo Velásquez, Juan Gallardo Santiago y Pablo Rosado Ortiz. Fue excluido Juan Juarbe Juarbe. Rafael Ortiz Pacheco “huyó a Santo Domingo evitando así el arresto”. El Tribunal Federal en San Juan se apresta a juzgarlos porque fueron cargos políticos de sedición y conspiración para derrocar al Gobierno Federal.

    4.8. El “Bill Tydings”. La muerte del Coronel Riggs trae otra consecuencia política. El 23 de abril de 1936 -veinte días después de que el Gran Jurado Federal encontró causa probable contra Albizu Campos y sus coacusados – el Senador Millard F. Tydings radicó los Proyectos de Ley Núm. 4528 y 4529, que otorgarían la independencia a Puerto Rico. Se les designó colectivamente como el “Bill Tydings”. El primer proyecto reglamentaba la celebración de elecciones regulares en la Isla. Tydings sostenía que únicamente bajo esa supervisión se podían llevar a cabo sufragios honestos. El otro proyecto -4529- ordenaba la celebración de un referéndum sobre la independencia de la Isla en noviembre de 1937. No hemos de discutir este complejo proceso político que galvanizó la opinión pública y los partidos.

    4.9. Frente Unido Pro Constitución de la República de Puerto Rico. El 4 de mayo de 1936, se reunía en el Ateneo Puertorriqueño un grupo de puertorriqueños de diversos sectores de opinión interesados en discutir el momento político. Se procedió a establecer el Frente Unido Pro Constitución de la República de Puerto Rico. Se procedió a la designación de una directiva o Directorio del Frente Unido que resultó integrado por: Rubén del Rosario, Rafael Soltero Peralta, Jaime Benítez, Manuel A. Pérez, Gilberto Concepción de Gracia, Arcillo Alvarado, Rafael Torres Mazzorana, Manuel González Quiñones y Nilita Vientós Gastón.

    4.10. La Masacre de Ponce. La Masacre de Ponce: 21 de marzo de 1937. El clima era de represión y desasosiego. Thomas Mathews lo resume de la siguiente manera: “El Gobernador Winship, apoyado por el doctor Gruening, lentamente apretaba el cerco en torno a los Nacionalistas. En cierta ocasión en San Juan, se negó permiso para una parada, y se situaron ametralladoras en las antiguas murallas de San Cristóbal para hacer respetar la orden. Claro que la negativa se explicó en términos del interés del gobierno en mantener el orden público. La unión de Liberales Civiles protestó ante Gruening de aquellas restricciones excesivas contra demostraciones pacificas, pero de nada valió la protesta”.

    Los nacionalistas acordaron celebrar una parada y mitin público en Ponce el día 21 de marzo de 1937. El Alcalde José Tormos Diego fue informado por los líderes nacionalistas Plinio Graciani y Luis Castro Quesada, y estuvo de acuerdo. El 20 de marzo, el día antes de la parada o desfile, el Jefe de Distrito de la Policía insular, capitán Felipe Blanco, envió una comunicación a los antes mencionados líderes nacionalistas en la que les indicaba que la policía se oponía a la actividad. Un número sustancial de policías fue reconcentrado en Ponce.

    El Jefe de la Policía Insular, Coronel Enrique de Orbeta, se trasladó a Ponce y trató de convencer al Alcalde Tormos para que desautorizara la actividad. Luego de una extensa discusión, el Alcalde cedió; llamó a los nacionalistas y les ofreció una excusa banal para inducirles a cancelar la actividad. Actividad que el propio Alcalde había autorizado, aun cuando no se necesitaban tales autorizaciones en Puerto Rico para usar las plazas y calles de los pueblos. Así lo ha consagrado el Derecho puertorriqueño y el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de El Pueblo vs. Alonso, 35 D. P. R., 650, (1926). Los nacionalistas le indicaron que celebrarían la parada y mitin y que era una actividad pacífica y ordenada. Estaban presentes en la reunión, además de los antes mencionados líderes, el Presidente Interino del Partido Nacionalista, el abogado Julio Pinto Gandía y el Secretario General interino, el también letrado Lorenzo Piñero. Los jefes de Policía, Coronel de Orbeta y el Capitán Blanco, continuaron conferenciando con los líderes nacionalistas. “Éstos insistieron en que respondían de los cadetes y que no podía haber ni habría desórdenes”. Mientras las discusiones tenían lugar, la policía se había concentrado en gran número en todos los alrededores de las calles que conducen al club Nacionalista, que está situado en la esquina de las calles Aurora y Marina. Los nacionalistas llegaban al club, trayendo sus esposas, madres y niños para que vieran la parada. Hay evidencia al efecto de que aquellos que no eran nacionalistas fueron mantenidos alejados de la calle Marina entre las calles Aurora y Jobos, y que solamente a los nacionalistas se les permitió pasar por entre las filas policíacas. Muchos de los nacionalistas, hasta el número de ochenta, pertenecían al cuerpo de cadetes y llegaron uniformados.

    Alrededor de las tres de la tarde los cadetes comenzaron a formarse en una columna de tres en fondo. Al final estaban las enfermeras en uniformes blancos y la banda compuesta de cuatro músicos, quienes tocaron La Borinqueña.

    4.10.1. El Informe del Comité Hays describe la situación de los nacionalistas y la participación policíaca.

    Descripción de la formación

    Este croquis fue usado por la Comisión Investigadora de la Legislatura y fue confirmado como correcto por el coronel Orbeta y el capitán Blanco.

    La calle Marina corre de norte a sur. En la vecindad inmediata se cruza primero con la calle Luna y luego con la calle Aurora. En esta esquina está el Club Nacionalista y entonces viene la calle Jobos. La anterior enumeración es de norte a sur. Entre Luna y Aurora estaba alineado un grupo de policías en el lado este de la calle. En Aurora, cerca de Marina, un gran contingente policiaco estaba estacionado en el centro de la calle; otros contingentes estaban situados a ambos lados de la calle Aurora. Al lado oeste de la calle Marina, frente al Club Nacionalista, había otra fila de policías. Estos policías llevaban varias armas –carabinas, rifles, revólveres, bombas lacrimógenas, etcétera. Los cadetes estaban en formación al sur de la calle Aurora. Detrás de los cadetes y de las enfermeras había otro contingente policiaco, éste último armado con sub-ametralladoras o “Thompson guns”.

    No portaban armas los nacionalistas

    Se alegó que los nacionalistas eran peligrosos. Fotografías tomadas en el momento no revelan a un solo nacionalista con armas de ninguna clase, y esto fue admitido ante el Comité Legislativo por oficiales policíacos. Como usaban camisas negras y pantalones blancos, cualquier arma escondida hubiera sido fácilmente notada y hubiera resultado fácil para la policía el registrar a estos hombres si hubiera habido duda alguna sobre la cuestión.

    Las fotografías demuestran que los cadetes se hallaban en distintas formaciones antes del tiroteo, por lo que se desprende que cambiaron de posición. Las fotografías demuestran que la policía en todo momento estuvo en las posiciones indicadas en el croquis.

    Hablan las fotos

    Por fortuna no tenemos que fiar sólo en testimonios verbales. En momentos de excitación, la observación del individuo no es completamente digna de crédito, y una declaración posterior, aun en el caso del mejor testigo, está matizada por la imaginación. Aquí podemos fiar en nuestro propio sentido de la vista. Dos fotógrafos habían tomado posiciones en el balcón de la casa del señor Amy, para tomar fotografías de la parada. Esta casa, como se advertirá, queda en una puerta de la esquina de la calle Aurora y el balcón permite dominar por completo el escenario de los sucesos. Los periodistas tomaron muchas fotografías de la cambiante escena. Una fotografía tomada por José Luis Conde, de El Mundo, momentos antes de comenzar el tiroteo (una copia de la cual se acompaña), muestra a la policía desde el norte, o sea, desde la calle Aurora. Muestran grandes grupos de personas, hombres, mujeres y niños, casi todos agrupados en la esquina de las calles Marina y Aurora, casi frente al Club Nacionalista y en el número de algunos cientos. La fotografía muestra a los cadetes en formación seguidos de las enfermeras, detrás de éstos al contingente policiaco con ametralladoras, bajo el mando del Jefe Pérez Segarra. Hemos advertido ya que el coronel Orbeta y el capitán Blanco, quienes aparentemente esperaron muy serios y peligrosos acontecimientos debido a la presunta ferocidad de los cadetes, se habían ido a dar un paseíto por la ciudad. El capitán Blanco declaró ante el Comité Legislativo que nadie quedó al mando de la policía, y que los jefes auxiliares Soldevilla, Bernal y Pérez Segarra, cada uno con un contingente policíaco a su cargo, no habían recibido instrucciones”.

    Thomas Mathews en su obra antes citada, explica la situación al momento de iniciarse la masacre.

    “Probablemente no se determinará nunca quién hizo el primer disparo. El informe oficial culpa a un nacionalista, vestido de paisano que se mezcló con la muchedumbre, y que observaba los acontecimientos desde la acera. El informe de la Unión no trata de probar quién hizo el primer disparo. Ambos relatos concuerdan en el hecho de que nadie de los que iban en la parada estaba armado; y concuerdan también en que la policía estaba fuertemente armada. Murieron unas diecinueve personas, inclusive dos policías. Hubo más de cien heridos. La declaración jurada de los médicos que atendieron a las víctimas, así como las fotografías de los muertos y de los heridos, indican que a la inmensa mayoría de éstos se le disparó por la espalda.

    “Dos fotógrafos, uno de El Mundo y otro de El Imparcial, tomaron dos fotos muy reveladoras; la una, poco antes del tiroteo, y la otra después. Estas fotos no dejan lugar a dudas de por qué el incidente se llamó la masacre de Ponce, y pasará a la historia con ese nombre. No se pudo demostrar que paisano alguno tuviese un revólver. Se ve a un individuo entre la muchedumbre en la acera, que corre inclinado huyendo del escenario del tiroteo. El Procurador General, Benigno Fernández García, llamó la atención de la Unión de Libertades Civiles hacia esta figura. Se examinó la foto con un lente de aumento, pero no apareció arma alguna. Por otra parte, las fotografías muestran varios policías arma en mano, uno de los cuales aparece en el momento de disparar contra la muchedumbre. Desde luego que el número de muertos y heridos habla más elocuentemente aún que las fotografías tomadas sobre el terreno.

    “Aun cuando se conceda el beneficio de la duda de que un paisano disparó y mató a un policía, cosa que acaso no se aclare nunca, la imaginación más desbocada no podía justificar la carnicería perpetrada en Ponce, la tarde del Domingo de Ramos de 1937”.

    Después del primer disparo, la policía continuó atacando a los nacionalistas y al público. Durante diez minutos o más, fueron sometidos a fuego cruzado con el resultado de veinte muertos y más de ciento cincuenta heridos. El Informe del Comité Hays concluye el resultado de la masacre de la siguiente forma:

    Trágico balance

    “Es imposible presentar la historia de esta tragedia de manera que pueda pintar el cuadro horripilante aun cuando sólo sea hasta el limitado grado expuesto ante el Comité por los testigos examinados. Murieron en el momento catorce personas, una de ellas un policía; otras seis murieron después, incluyendo a otro policía. Unas sesenta y cuatro personas heridas encontraron refugio en la Clínica Pila, cerca del Club Nacionalista. En total, además de los veinte muertos, se dice que los heridos alcanzaron una cifra que fluctúa entre ciento cincuenta y doscientos.

    “¿En qué se funda el aserto de que los nacionalistas fueron los responsables de la matanza? Dícese que un paisano disparó un tiro. Esto ha sido objeto ya de contestación. Dícese que algunos hombres dispararon desde las azoteas. Todo lo contrario aparece en la evidencia recibida por este Comité.

    “El Lcdo. Francisco Parra Capó, destacado líder del Partido Unión Republicana, al referirse a esto dijo: “La Policía vio nacionalista hasta en las nubes. Yo conozco la gente que vive en la vecindad. Es atroz decir que esos vecinos o dispararon o consistieron que se disparase de sus hogares”.

    “Otro vecino de Ponce, el Dr. de la Pila Iglesias, Director de la Clínica Pila, cuando se le preguntó si temía asistir a una parada nacionalista, contestó: “Desde luego que no”. Y cuando se le preguntó si temía asistir a ella estando allí la policía, dijo: “Eso es distinto. Entonces temería por mi vida”.

    El Fiscal de Distrito de Ponce, Rafael V. Pérez Marchand, inició la investigación criminal, pero renunció a su cargo oficial antes de seguir las indicaciones del Gobernador Blanton Winship, autor intelectual de la masacre de Ponce, en el sentido de que tenía que acusar de asesinato a los cadetes. Asimismo interesaba al Gobernador Winship que se archivasen las acusaciones por asesinato que el Fiscal Pérez Marchand había radicado contra cuatro policías. No lo hizo y presentó su renuncia como Fiscal de Ponce antes de cometer una injusticia. Hombre íntegro, honró la toga con su gesto. Rafael V. Pérez Marchand nos ilustra lo que aconteció poco después de renunciar: “Apenas había renunciado yo a mi cargo, llegó de San Juan a Ponce, un Fiscal especial, con instrucciones de archivar mis acusaciones contra los cuatro policías inculpados de asesinato; y solicitó el archivo basándose en la insólita alegación de que no existía prueba para sustanciar su procedimiento. Como era de esperarse, aquel Fiscal fue al día siguiente compensado, por sus servicios meritorios al Gobierno de Puerto Rico, elevándosele a la posición de Juez de una de las Salas del entonces Tribunal de Distrito de San Juan”.

    Ese abogado fue Marcelino Romaní.

    El Comité Hays termina la Parte Segunda de su Informe con el siguiente comentario:

    “La Masacre de Ponce: “Cuando empezamos nuestra investigación objetamos intitular a nuestro Comité para la Investigación de la Matanza de Ponce. Para referirnos a la tragedia de Ponce la denominábamos el caso de Ponce, el motín, la algarada, y por cualquier otra extensión que indicara nuestra voluntad de considerar el asunto objetivamente. Después de haber oído toda la prueba, hemos llegado a la conclusión de que el pueblo de Ponce le ha dado a esta tragedia el único título descriptivo posible: Esta fue la Masacre de Ponce y más terrible todavía porque esto ocurrió en tiempo de paz en Puerto Rico”.

    Thomas Mathews interpreta las conclusiones del Informe Hays: “Por otra parte, la culpa de la masacre se achacó sin reservas al Gobernador Winship y, por lo tanto, por implicación al Gobierno federal. La junta de directores de la Unión Libertades Civiles Americanas declaró, a base del informe de Hays, que los representantes del Gobierno federal eran culpables de crasa violación de los derechos civiles y de increíble brutalidad policíaca”.

    En Washington, D. C., el Secretario de lo Interior, Harold Ickes (1874-1952), se preocupó del asunto a medida que iban llegando las noticias y se conocían los hechos. El Secretario intentó hacer una investigación pero, a pesar de que logró el permiso del Presidente Roosevelt, no le fue posible obtener la colaboración del Gobernador Winship, quien dio largas al asunto sabiendo que una investigación le señalaría como el principal responsable junto al coronel Orbeta, Jefe de la Policía Insular. Luego, nos relata Mathews que Winship fue a la capital federal norteamericana acompañado por Ernest Gruening, y aprovechando que Ickes estaba enfermo, convenció al Presidente Roosevelt de que era contrario a los intereses del gobierno federal efectuar en esos momentos una investigación de los sucesos de la Masacre de Ponce y otros más. “Había que mantener el prestigio de la autoridad federal fuera de toda tacha, no importaba el costo”.

    Cuando Ickes se enteró, envió a Walter F. McCaleb para que efectuara una investigación y le informase sobre lo sucedido en la Masacre de Ponce. El informe de McCaleb no es muy dife-rente del preparado por el Comité Hays. “McCaleb condenó sin reparos al Gobernador Winship, juzgándolo como una persona con autoridad que carecía de recto juicio y hasta posiblemente culpable de negligencia criminal en la ejecución de la Ley”. Nada se hizo y el Gobernador Blanton Winship, contra quien un nacionalista llevó a cabo un atentado fallido, renunció varios años después.

    4.11. La opinión del Representante Vito Marcantonio. En unas declaraciones el representante Vito Marcantonio, ante el Congreso de Estados Unidos, resumió el clima del gobierno de Blanton Winship; expresa:

    “In his 5 years as Governor of Puerto Rico, Mr. Blanton Winship destroyed the last vestige of civil rights in Puerto Rico. Patriots were framed in the executive mansion and railroaded to prison. Men, women, and children were massacred in the streets of the island simply because they dared to express their opinion or attempted to meet in free assemblage.”

    “Citizens were terrorized. The courts became devoid of any prestige because of the evil influence exerted upon them by politicians who acted with the connivance and consent of Mr. Winship. American workers were persecuted and shot down whenever they sought to exercise their right to strike, or to organize and protest against the abominable wages that were paid to them by Mr. Winship’s pals. The insular police was militarized and transformed from an honest police organization to an organization of provocateurs and murderers, such as existed in the darkest days of czarist Russia. Nero played the fiddle while Christians were massacred in the days of ancient Rome. Winship drank cocktails and danced in the Governor’s palace while the police ruthlessly killed and persecuted Puerto Rican citizens. The following are just a few cases illustrative of Winship’s Neroism. Neither time nor space permits me to give a full history, or the list of victims, of which the American people know very little or nothing at all.”

    V. LAS LUCHAS POR EL IDIOMA ESPAÑOL

    5.1. Historia de la batalla por la lengua castellana. El idioma español es la llave de la cultura puertorriqueña. Como ha dicho Nilita Vientós Gastón: “En la conservación de la lengua le va la vida, como pueblo a Puerto Rico”. Desde la invasión de la isla por los norteamericanos en 1898 el idioma español está asediado. Se le llama vernáculo y ello es sintomático del problema. Generaciones de nuestros compatriotas entendieron que de la conservación y enriquecimiento de la lengua, dependía la salvación de la identidad nacional y nuestra filiación al orbe latinoamericano, nuestra comunidad histórica.

    Los primeros años del régimen norteamericano plantean problemas para la lengua. El 25 de noviembre de 1898 se expresa oficialmente por Phillip C. Hanna, último cónsul norteamericano, la siguiente aspiración: “Yo espero que también el idioma español sea cosa del pasado en esta isla”. Por su parte Victor S. Clark, comisionado por el gobierno federal para que crease un sistema educativo norteamericano en la isla, desconocedor de la realidad del país, se equivoca al apreciar el lugar del idioma en los afectos del pueblo. Dice Clark en un informe de 1899: “Entre las multitudes puertorriqueñas no parece existir devoción por su idioma ni por ningún ideal nacional, comparable con la devoción que mueve a los franceses, por ejemplo, en el Canadá o en las provincias del Rin. Otra consideración importante que no debe pasarse por alto es que la mayor parte del pueblo de esta Isla no habla un español puro. El idioma es un patois casi incomprensible para un nativo de Barcelona o de Madrid. No posee literatura alguna y tiene muy poco valor como instrumento intelectual. Existe la posibilidad de que sea casi tan fácil educar a este pueblo para que en lugar de su patois adopte el inglés como sería educarlo para que adopte como suya la elegante lengua de Castilla”.

    En 21 de febrero de 1902 se aprobó por la Asamblea Legislativa, integrada totalmente por miembros del Partido Republicano Puertorriqueño, la llamada Ley de Idiomas oficiales, ordenando el uso indistinto de los idiomas español e inglés en el gobierno de Puerto Rico. Esta legislación crea un falso bilingüismo en la esfera oficial. Emilio S. Belaval en la opinión disidente de RCA Communications v. Registrador explica la realidad social de aquellos tiempos: “Casi todos los nombramientos importantes de los funcionarios del Gobierno Insular eran de potestad presidencial, y recaían en norteamericanos que no poseían el idioma español. La información relacionada con el estado de la vida pública de Puerto Rico, tenía que ser remitida a distintos ministerios del ejecutivo norteamericano, redactada en la lengua inglesa. Más, los organismos oficiales no podían abstraerse a la realidad, que toda la información relacionada con el estado de la vida pública de Puerto Rico, estaba destinada también a servir los fines de una sociedad jurídica, de origen hispánico y que la literatura oficial debía estar escrita en lengua española”

    En un extenso ensayo titulado Las Torres de Babel, publicado en El Nuevo Día de 12 de julio de 1992, Rafael Castro Pereda señala las consecuencias del bilingüismo espurio a que se nos somete: “Puerto Rico no presenta una situación sociolingüística normal. Como toda cultura interferida, la puertorriqueña ha tenido que enfrentarse a procesos de des-culturización, como el gradual desprestigio y degradación del idioma nacional. La Ley de Idiomas de 1902, impuesta por los poderes de EE.UU., al permitir el uso, indistintamente, del español y el inglés, preparaba el camino para que eventualmente se perdiese el idioma español. La imposición de un falso bilingüismo -en la medida en que resulta una suplantación y no una adición enriquecedora- cumple la función de consumar, mediante la prepotencia del inglés y la subordinación económica y política a EE.UU., una lenta, pero demoledora, degradación del idioma español. Esa situación de constante interferencia ha tenido un impacto negativo en la educación y en la expresión de la personalidad individual y colectiva de los puertorriqueños. Por eso los temas del idioma y el bilingüismo resultan tan conflictivos, pero al mismo tiempo relevantes a los grandes debates sobre idioma, cultura e identidad”.

    En 1903 el segundo Comisionado de Educación, Samuel McCune Lindsay, certificaba cuál iba a ser la política lingüística que implantaría: “La intención del Departamento es organizar las escuelas enteramente a base de la enseñanza en inglés tan pronto como pueda entrenarse a alumnos y maestros suficientemente en el uso de este idioma para convertirlo en el idioma oficial de la escuela”.

    Además de este programa compulsorio de enseñanza en inglés -con sus altas y bajas-, iniciaron un agresivo plan dedicado a exaltar los rasgos de cultura norteamericana, y de desprecio y menoscabo de la cultura puertorriqueña. Sobre ello ha expresado Ricardo E. Alegría: “El uso del inglés no fue el único medio empleado para propósitos de asimilación cultural. La historia de Puerto Rico y la vida de nuestros hombres ilustres era ignorada, en nuestras escuelas, donde eran temas obligados de estudio la historia de los Estados Unidos y la vida de las grandes figuras norteamericanas, y donde nuestros estudiantes debían celebrar con actos apropiados las fiestas tradicionales de los Estados Unidos. Aún la celebración de la navidad era celebrada como „White Christmas‟, a pesar de que nuestros niños nunca habían visto la nieve”.

    Un sector de nuestra sociedad, correspondiente al partido Republicano Puertorriqueño, de tendencia anexionista a los Estados Unidos, colaboró intensamente con la administración estadounidense en esos planes y gestiones dedicadas a asimilarnos a la cultura norteamericana. Comprendieron que si querían lograr sus fines, tenían que eliminar el idioma español e imponer el inglés. Esta opinión está basada en datos verificables. La declaración de principios de ese partido político, aprobada en 1899, afirma sobre la educación que: “El inglés, que será pronto el idioma oficial, debe enseñarse en las escuelas para ir colocando al país en unas favorables condiciones de ser pronto un nuevo Estado de la Federación”. El Comisionado Martín G. Brumbaugh en su Report of the Commissioner of Education correspondiente al año de 1901, explica al Gobernador Charles H. Allen cómo lograr la estadidad o federación a Estados Unidos a través de la educación en inglés:

    “Casi en todas las escuelas urbanas de la Isla, y en muchas de las rurales, los alumnos se reúnen y saludan la bandera en el momento de izarse… los alumnos entonces cantan América, Hall Columbia, The Star-spangled Banner y otras canciones patrióticas. Lo sorprendente es que las cantan en inglés. El primer inglés que muchos de estos niños aprenden es la letra de nuestras canciones nacionales. El Departamento de Instrucción expidió una circular a los supervisores en la que sugería la celebración del natalicio de Washington y hacía indicaciones acerca del programa que podría llevarse a cabo… Con motivo de esta celebración los alumnos tuvieron ocasión de demostrar su patriotismo y su aprovechamiento escolar. Los programas consistían de canciones patrióticas y discursos sobre Washington y sobre patriotismo… Por lo menos 25,000 alumnos participaron en estas fiestas y alrededor de 5,000 ciudadanos asistieron a los actos patrióticos. Ocasiones como éstas han contribuido mucho a la americanización de la Isla, quizás más que ningún otro esfuerzo. Así se modela la mente infantil para que emule el ejemplo de Washington… Estas celebraciones, más que ninguna otra actividad, acelerarán la preparación de este pueblo para la estadidad”.

    A pesar de los esfuerzos denodados de imponer el inglés y los rasgos de la cultura norteamericana, la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico se aferró tenazmente al idioma nacional, el español. El momento histórico fue en extremo delicado y peligroso para la cultura puertorriqueña pues pudo ocurrir lo sucedido en Filipinas, donde el idioma español se perdió. Del seno del pueblo surgió un liderato defensor del idioma que dirigió la lucha por el idioma.

    Con un pueblo digno como el nuestro, el liderato trabaja a la par y es su vanguardia. No estamos dispuestos a ser como Esaú.

    La primera generación de luchadores combatió los planes de erradicar la lengua española. Su gesto tiene que ser apreciado y valorado dentro del marco histórico en que se dio. En los inicios del régimen colonial las autoridades norteamericanas llegaron rodeadas de prestigio, novedad y prepotencia. Si Antonio S. Pedreira en Insularismo, escrito en los años treinta, describe el alma puertorriqueña como: “disgregada, dispersa, en potencia, luminosamente fragmentada, como un rompecabezas doloroso que no ha gozado nunca de su integridad”, imaginemos cómo sería la sociedad puertorriqueña a principios de siglo. El nuevo dominador no escondía su desprecio por la cultura nativa y el idioma español. Nada menos que el General George W. Davis, Gobernador Militar, afirma en un informe oficial de 1899 que: “La mayoría de los puertorriqueños no tienen preparación para el gobierno propio dopel mismo modo que los indios de nuestras reservaciones no la tienen. Los puertorriqueños son ciertamente inferiores en lo social, intelectual e industrial a los chinos, a quienes por muy buenas razones se les prohíbe desembarcar en nuestras playas”.

    A pesar de estas expresiones, el liderato puertorriqueño comenzó a hacer planteamientos, diseñar estrategias, ilustrar y crear opinión opuesta a los planes y gestiones contrarios a nuestro idioma y cultura. Veamos algún ejemplo de la prensa de entonces:

    Un editorial de La Democracia – 5 de diciembre de 1898, expresa lo siguiente sobre los norteamericanos que venían a buscar fortuna en la isla: “Nuevos “carpet baggers”. Nube de aventureros quienes, sin duda, creen que Puerto Rico está abierto para la conquista”.

    Un editorial de La Correspondencia de Puerto Rico de 14 de noviembre de 1898 manifestaba: “Nosotros los puertorriqueños respetuosos de la ley, tenemos un mejor derecho a quedarnos en esta tierra que esos aventureros, quienes vienen aquí sedientos de riquezas”.

    Un editorial del diario El Territorio de 2 de mayo de 1899: “Puerto Rico posee cultura y educación política, digan lo que digan los detractores de la raza latina y los aduladores de la raza sajona”.

    Un editorial del diario El Territorio de 30 de junio de 1899: “Vemos como a pasos agigantados se consuma la ruina de las instituciones puertorriqueñas. Habrá –ya lo sabemos– quien aplauda, quien celebre, quien festeje esa absorción. Habrá quien coopere a la anulación de Puerto Rico, aunque esto comporte su propia anulación”.

    Un editorial del diario El Territorio de 12 de julio de 1899: “Lo dijimos en otra ocasión, sólo cabe en nosotros los puertorriqueños la protesta estéril, y ante hechos que a nuestro juicio caen de lleno bajo ella, entendemos cumplir nuestro deber consignándola. De este modo conviene dejar demostrado para el futuro que no todos los puertorriqueños se prestaron dócilmente a una americanización que nos anula y que además resulta un peligro para nosotros”.

    Constituían la primera generación de defensores del idioma Luis Muñoz Rivera, José de Diego, Herminio Díaz Navarro, Luis Llorens Torres, José Mercado, Vicente Balbás Capó, Rosendo Matienzo Cintrón, Antonio Pérez Pierret, Mariano Abril, Lola Rodríguez de Tió, Trina Padilla de Sanz, Augusto Malaret, Manuel Zeno Gandía y Eugenio María de Hostos.

    Tres instituciones se enfrentan a las autoridades coloniales: la Cámara de Delegados, única de elección popular, la Asociación de Maestros y el Ateneo Puertorriqueño. La Cámara de Delegados, presidida por José de Diego, agita el clima colonial tomando una posición firme y contundente a favor del idioma español. Se presenta en 1915 un Proyecto de ley que declara el español la lengua oficial de Puerto Rico y el vehículo para la enseñanza pública. Esta gestión legislativa galvaniza el país, crea un clima favorable y deslinda campos. De Diego sabe que no será aprobado por la cámara alta, el Consejo Ejecutivo, en manos norteamericanas y puertorriqueñas desfavorables al proyecto, pero interesa sentar las bases en una acción nacional; crear conciencia y educar. Efectivamente el Consejo Ejecutivo decidió posponer el proyecto. El primer artículo del Proyecto de José de Diego ordena lo siguiente: “Se declara idioma oficial de El Pueblo de Puerto Rico el lenguaje castellano y su léxico se ajustará a los textos de la Real Academia Española aumentadas con los modismos y voces regionales del país puertorriqueño”.

    La Asociación de Maestros inicia sus gestiones en defensa del uso del idioma como vehículo de instrucción de nuestros niños prácticamente desde su fundación en 1911. Como ha afirmado Luis Muñoz Souffront: “Fue la Asociación de Maestros de Puerto Rico la que se mantuvo en actitud militante a través de los años hasta conseguir que el Departamento de Instrucción confiara al vernáculo la misión que le corresponde en el proceso educativo”.

    En el libro Problemas de Lectura y Lengua en Puerto Rico se resume la labor de la Asociación de Maestros:

    “La Asociación de Maestros de Puerto Rico, constituida desde 1911, ha mostrado en diversas ocasiones gran interés en el problema bilingüe. En 1912 aprobó una resolución para solicitar que en las escuelas urbanas se enseñase en español todo el primer grado y que en la escuela rural la instrucción se efectuase en español. En 1913, en su Asamblea Anual en Río Piedras, pidió que la aritmética se enseñase en el vernáculo en todos los grados. Y en 1914 acordó solicitar que se enseñase en español hasta el cuarto grado. En la Asamblea Extraordinaria celebrada en Aibonito en 1933, la Asociación de Maestros resolvió „ratificar su deseo de que el idioma castellano sea usado como medio de trasmisión en la enseñanza en las escuelas públicas de Puerto Rico…‟ y dispuso que la Junta de Directores compareciese ante el Comisionado de Instrucción para discutir el asunto. Aún continúa la Asociación de Maestros abogando por la enseñanza en el vernáculo. Recientemente ha publicado su política sobre la enseñanza del inglés en Puerto Rico y ha estado luchando por que se convierta en ley el proyecto legislativo S51 (1946) que dispone la enseñanza en el vernáculo”.

    La docta casa, el Ateneo Puertorriqueño, se identificó con el Proyecto de José de Diego y radicó un documentado memorial solicitando que se tomasen medidas para conservar el idioma español en toda su integridad.

    Nuevas generaciones se adhieren a la lucha por el idioma. Recordemos algunos de ellos: Juan José Osuna, Epifanio Fernández Vanga, José Colombán Rosario, Luis Llorens Torres, José González Ginorio, Vicente Géigel Polanco, Jaime Benítez, Inés María Mendoza, Gildo Massó -Decano de Administración de la Universidad de Puerto Rico-, Nilita Vientós Gastón, Margot Arce de Vázquez, Pedro Albizu Campos, Luis Muñiz Souffront, Francisco Manrique Cabrera, Antonia Sáez, Virgilio Brunet, Julia de Burgos, José S. Alegría, Samuel R. Quiñones, Francisco Matos Paoli, Carmen Gómez Tejera. De la gravedad de la situación del idioma español en 1930 apunta Antonio S. Pedreira, Director del Departamento de Estudios Hispánicos: “El semi-aprendizaje de todas las asignaturas en inglés va mermando el volumen de voces españolas y hay momentos en que hasta carecemos de vocabulario para expresarnos en conversaciones simples y elementales. El empobrecimiento de la lengua materna degenera en gangosa tartamudez y al cabo de los años las consecuencias tienen que ser fatales para nuestra cultura”.

    También se multiplican las persecuciones y se despiden maestros de instrucción pública por expresarse a favor del idioma español. Recordemos las expulsiones de los Profesores Inés María Mendoza, F. Manrique Cabrera y Lewis C. Richardson.

    El 15 de junio de 1942 el recién fundado Consejo Superior de Enseñanza aprobó una extensa resolución que ordenaba el uso del idioma español como el vehículo de la docencia en la Universidad de Puerto Rico. Así mismo expresó que “el español debe ser el vehículo de enseñanza en la escuela elemental”. De esta forma el Consejo Superior de Enseñanza se inserta en la polémica del idioma.

    A mediados de la década de los cuarenta, el senador Rafael Arjona Siaca presenta su proyecto legislativo para viabilizar el uso del idioma español como medio transmisor de la enseñanza pública. El P. del S. número 26 fue presentado el 13 de febrero de 1945. Las cámaras legislativas aprobaron el proyecto de Arjona Siaca por abrumadora mayoría. Sólo se contaron los votos en contra de Leopoldo Figueroa y Celestino Iriarte. Sin embargo, el Gobernador Rexford G. Tugwell vetó el proyecto el 9 de mayo de 1945. Al año siguiente el Senador Arjona Siaca vuelve a radicar un proyecto de Ley similar. El P. del S. número 51 de 12 de febrero de 1946 volvió a ser aprobado por la casi totalidad de los legisladores excepto Leopoldo Figueroa, Bolívar Pagán y Celestino Iriarte. El Partido Popular Democrático domina ambas cámaras legislativas. El Senado es presidido por don Luis Muñoz Marín y la Cámara de Representantes por don Samuel R. Quiñones.

    En esta ocasión el Gobernador Tugwell estaba ausente. Le correspondió lidiar con el asunto a Manuel A. Pérez, Gobernador interino. El 14 de marzo de 1946 le imparte su veto al proyecto. La Asamblea Legislativa procede de acuerdo con la Ley y vuelve a aprobarlo por sobre el veto y se envía al Presidente Harry S. Truman para su consideración. No se aprobará y su gestión dará margen a una controversia judicial.

    Aunque los proyectos de Arjona Siaca no se sancionaron, ocurrió con ellos algo similar a lo ocurrido con el que presentó José de Diego, treinta años antes. Es decir, crearon un ambiente de esperanza de que la labor intensa que se realizaba por las instituciones y los intelectuales fructificase. Que no era trigo caedizo. La lucha marchaba por buen camino y se sentaban las bases para nuevas reivindicaciones. En esta época laboran por el idioma Pedro Cebollero, Puruca Barceló de Barasorda, Gilberto Concepción de Gracia, Ismael Rodríguez Bou, Vicente Géigel Polanco, Ernesto Juan Fonfrias, Emilio S. Belaval, Gloria Arjona y Luis Manuel Rodríguez Morales, y, por supuesto, Nilita Vientós Gastón, quien se multiplica en gestiones.

    Un rayo de esperanza es el nombramiento del Profesor Mariano Villaronga como nuevo Comisionado de Educación. El Presidente Truman extiende el nombramiento en diciembre de 1946. El Comisionado Villaronga respaldó el idioma español como vehículo de la enseñanza, ante una asamblea de la Asociación de Maestros celebrada el 26 de diciembre de 1946. Señala el Profesor Villaronga: “Sin embargo, ya se cuenta con un vasto conjunto de datos comprobados a disposición de los pedagogos de experiencia. Resulta obvio, a la luz de dichos datos, que para obtener los mejores resultados el inglés debe enseñarse en todas las divisiones del sistema escolar; pero esta enseñanza, si ha de ser eficaz, deberá considerar el inglés como una asignatura en sí y no como el vehículo a través del cual se expliquen todas las demás. Las opiniones más autorizadas, así como los experimentos y estudios más recientes, coinciden en cuanto a la efectividad de este método”.

    Esta posición le valió el respeto del pueblo de Puerto Rico.

    La adhesión del Comisionado Villaronga a la política pública preferida por el pueblo de Puerto Rico le costó el cargo. El Partido Unión Republicana se opuso a su designación y, ante la situación, renuncia dignamente el 30 de junio de 1947. Al año siguiente se decide la cuestión. El Nuevo Gobernador electo, Luis Muñoz Marín, designa al Profesor Mariano Villaronga como nuevo Comisionado de Educación. Éste aprueba la Circular número 10 de 6 de agosto de 1949, en la que se implanta el idioma español como el vehículo de enseñanza en el sistema de instrucción pública. Villaronga colmó las apetencias de nuestros intelectuales, coronó los esfuerzos de nuestro pueblo de que la enseñanza se realizara en su propio idioma nacional, la lengua española. Termina una etapa. Se ha logrado resolver uno de los problemas fundamentales del idioma, quedan otros.

    Después de 1950, otros luchadores continúan participando de diversas formas en la reivindicación de nuestra lengua nacional. Algunos son: René Marqués, Tomás Blanco, Eladio Rodríguez Otero, José Emilio González, Ricardo Alegría, Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, José Ferrer Canales, Salvador Tió, Nilita Vientós Gastón, Edna Coll, José Arnaldo Meyners, Arturo Morales Carrión, Emilio S. Belaval, Rubén del Rosario, Luis Hernández Aquino, Eliezer Narváez Santos, Josefina Rivera de Álvarez, Manuel Álvarez Nazario, Pirí Fernández de Lewis, Isabel Gutiérrez del Arroyo, Silvia Viera, Alfonso L. García Martínez, César Andreu Iglesias, Luis Manuel Rodríguez Morales, Juan Antonio Corretjer, Ismael Rodríguez Bou y Virgilio Brunet. El Ateneo Puertorriqueño, el Colegio de Abogados y el PENCLUB se distinguen por sus gestiones institucionales en favor de la integridad del idioma. Cuatro presidentes del Ateneo merecen ser significados: Nilita Vientós Gastón, Pirí Fernández de Lewis, Luis Manuel Rodríguez Morales y Eladio Rodríguez Otero.

    En el Tribunal Supremo de Puerto Rico se escenificó otra fase, cuando en 1965 el referido foro judicial decide por unanimidad el caso de Pueblo v. Tribunal, 92 DPR 596 (1965). La historia tiene reservadas actuaciones fundamentales a ciertas personas. Éstas tienen la oportunidad de llevar a cabo lo que han estado postulando por años. El año 1965 es el momento crucial en la vida de Nilita Vientós Gastón. Lleva el peso de la argumentación a nombre del gobierno, como Procuradora General Auxiliar del Departamento de Justicia. La licenciada Vientós Gastón presenta el alegato a favor del uso único del idioma español en el sistema judicial del pueblo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo falla por unanimidad a favor de la posición de la abogada Nilita Vientós Gastón y el español será desde 1965 el único idioma oficial de la Rama Judicial.

    Todavía resuenan las palabras escritas por el Juez Luis Negrón Fernández, ponente en la opinión antes citada cuando expresó: “Es un hecho no sujeto a rectificaciones históricas que el vehículo de expresión, el idioma del pueblo puertorriqueño –parte integral de nuestro origen y nuestra cultura hispánica– ha sido y sigue siendo el idioma español”.

    Los participantes en el pleito del idioma fueron los siguientes abogados: el Tribunal Supremo estaba compuesto por los Jueces Luis Negrón Fernández, Juez Presidente, Pedro Pérez Pimentel, Emilio S. Belaval, Rafael Hernández Matos, Carlos Santana Becerra, Luis Blanco Lugo, Marco A. Rigau, padre, Carlos Victor Dávila y Mariano Ramírez Bages, Jueces Asocia-dos. El Secretario de Justicia era Hiram Cancio, el Procurador General: Juan B. Fernández Badillo, la Procuradora General Auxiliar: Nilita Vientós Gastón y el Fiscal Carlos Noriega, quien originó el pleito, al negarse a llevar la acusación en el Tribunal Superior en idioma inglés, como lo solicitaba el acusado.

    La importancia de esta sentencia judicial estriba en que desde ese año en los tribunales puertorriqueños el único idioma oficial es el español. Ello abona al prestigio de la lengua y su reconocimiento. Así mismo promueve la integridad lingüística. También es una excepción a la Ley de Idiomas Oficiales de 1902. Recuérdese que en 1965 la Ley de Idiomas Oficiales continuaba vigente.

    Entre 1965 y 1985 el debate continúa en la prensa y en libros, monografías, resoluciones, foros y conferencias. Se celebran congresos y reuniones. El Colegio de Abogados de Puerto Rico aprueba resoluciones a favor del uso del idioma español y la lucha sigue.

    La fase en que estamos se inicia en 1986 cuando Sergio Peña Clos presenta un proyecto de Ley, el P. del S. 857, cuyo anteproyecto fue preparado por Alfonso L. García Martínez. Aunque la prensa debatió el contenido del Proyecto que declara oficial el idioma español, el Senador Peña Clós no celebró audiencias o vistas públicas y el asunto terminó ahí. Debemos recordar la labor de la Asociación de Periodistas. Así como la individual de los periodistas Ismael Torres, Jesús Vera Irizarry, Ricardo Vélez Arzuaga y José Delgado, quienes ayudaron con ideas en favor del proyecto. También se expresaron a favor con sendas declaraciones Severo Colberg, Velda González, Carmelo Delgado Cintrón y Alfonso L. García Martínez. El periódico Claridad publicó columnas y noticias.

    Mientras tanto, organizaciones como el Comité Puertorriqueño de Intelectuales iniciaron sus actividades en defensa del idioma bajo el lema de que el idioma no es negociable bajo ninguna fórmula de status o solución de la condición política. Luego se constituyó el Comité Pro Reafirmación del Idioma Español que coordinó Awilda Palau. La celebración del día nacional de reafirmación del idioma español el 16 de abril de 1989 en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña constituyó un acto de mucha importancia y solidaridad, precisamente fue la primera actuación oficial del nuevo Director Ejecutivo Agustín Echevarría. Trabajaron en esta etapa Awilda Palau, Carmelo Delgado Cintrón, Ricardo E. Alegría, Gloria Arjona, Pedro Juan Rúa, Rafael Castro Pereda, Mayra Muñoz, Ileana Viqueira, María M. López Laguerre, Gabriel Moreno Plaza, Aida Negrón de Montilla, Ismael Torres, Pirí Fernández de Lewis, Francisco O’Neill, Alfonso L. García Martínez, Idalia Cordero Cuebas, María Arrillaga, Gladys Crescioni y Carlos Vélez Guevara.

    También participó el Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo la dirección de Agustín Echevarría y el Presidente de su Junta de Directores, Francisco O’Neill. Acción Nacional para la Defensa del Vernáculo, que coordina Pedro Juan Rúa, inició una campaña de ilustración y auspició junto a la Escuela de Planificación el Simposio: Idioma y Nación Puertorriqueña en marzo de 1989. El Ateneo Puertorriqueño y su presidente Eduardo Morales Coll aportaron recursos y escritos. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, presidida por Arturo Meléndez, también respaldó la integridad de nuestra lengua nacional. Diversos organismos del Gobierno y municipios aprobaron resoluciones en respaldo del Día de reafirma-ción del idioma español celebrado todos los años en el natalicio de José de Diego. El Recinto de Río Piedras, su Rector Juan R. Fernández, la Escuela de Derecho y su Decano Antonio García Padilla; la Escuela de Planificación y su Director Rafael Irizarry; la Biblioteca de Derecho y su Director Carmelo Delgado Cintrón, ofrecieron el respaldo de sus instituciones y auspiciaron actos a favor del idioma. Se publicaron boletines y aprobaron resoluciones. Así mismo, la Federación de Maestros y su presidente Renán Soto colaboraron. Otros sindicalistas se unieron, respaldando nuestro idioma como Luis Amaury Suárez Zayas, Mario Roche y Federico Torres Campos.

    El 27 de marzo de 1989 el representante Héctor López Galarza radica el Proyecto de la Cámara número 417 que declara el idioma español la única lengua oficial de Puerto Rico.

    El Comité Puertorriqueño de Intelectuales y su sucesor, el Comité pro Reafirmación del Idioma Español, no intervinieron en la presentación del Proyecto de Ley de López Galarza. Du-rante las discusiones públicas en la prensa sobre la iniciativa del Senado de Estados Unidos, dirigidas por la Comisión de Energía, presididas por J. Bennett Johnston, de celebrar un plebiscito en Puerto Rico sobre las tres fórmulas de status, la cultura y el idioma estuvieron ausentes. Ocupaban la atención de la discusión la economía, las empresas 936, las fórmulas constitucionales y sus contenidos y otras cuestiones. David Noriega, en una columna titulada: El referéndum de la identidad, publicada en El Nuevo Día de 3 de septiembre de 1991, resume este problema: “El Senador Bennet Johnston no quiso ni escuchar ningún planteamiento en torno al idioma español bajo la estadidad. Influyentes ideólogos norteamericanos advirtieron públicamente del peligro de acoger dentro del seno de la nación americana una nación como Puerto Rico, con rasgos culturales claramente definidos”.

    Preocupados por la ausencia de temas de la cultura, especialmente el idioma español, Ricardo E. Alegría, Agustín Echevarría, Carmelo Delgado Cintrón y Alfonso L. García Martínez trajeron estos temas a la atención del público. Juan Manuel García Passalacqua, en su columna titulada: La Ley del Idioma, publicada en El Nuevo Día de 11 de abril de 1991, expresa al respecto: “El Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Agustín Echevarría señaló (4 de junio de 1990) que era „apremiante‟ incluir el tema del idioma en los proyectos de plebiscito y que se definan las implicaciones que tendrían las fórmulas políticas sobre el español. „La posición del Instituto –dijo– es que vamos a defender nuestra lengua materna‟. El Ateneo Puertorriqueño anunció (19 de junio de 1990) que había aprobado una comisión para „estudiar‟ el impacto que tendría sobre la cultura puertorriqueña, y muy particularmente sobre el español, un cambio de status político. El semanario Claridad, por voz de Manuel de J. González insistió (15 de junio de 1990) en retomar el asunto del idioma y la cultura, y convertirlo en „elemento central‟ del debate plebiscitario, y reconociendo la insistencia de los profesores Carmelo Delgado Cintrón y Alfonso García Martínez de así hacerlo. Todos estos esfuerzos se centraron más en el discurso que en la acción.

    Alfonso García Martínez y Carmelo Delgado Cintrón, en declaraciones publicadas en El Nuevo Día el 31 de julio de 1989, tituladas: “Urgen incluir el idioma en la fórmula plebiscitaria”, expresan:

    “Agregaron que el Senador J. Bennett Johnston, Presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado norteamericano, no incluye el asunto del idioma español porque sabe que de hacerlo, eventualmente la fórmula de estadidad quedaría destruida, porque contrario a lo que se dice, un estado cuyo idioma es el español es imposible en una nación homogénea como los Estados Unidos, que usan exclusivamente el inglés”.

    “Al pueblo se le debe hablar claro sobre este asunto. Estadidad con idioma español es imposible. Los senadores y el liderato anexionista lo saben y lo encubren‟, agregaron”.

    “Ambos observaron, a modo de crítica, que en las reseñas que se hacen diariamente sobre las diversas propuestas de status, se destacan aspectos relacionados con la economía y otros asuntos, dejando a un lado la discusión de la cultura y el idioma”.

    Mientras, un manifiesto suscrito por un sector numeroso de la opinión pública sostenía que el español no era negociable bajo ninguna fórmula de status. El mismo estaba dirigido a los Congresistas de Estados Unidos que celebrarían unas vistas en Puerto Rico del 9 al 12 de marzo de 1990. El texto del manifiesto expresa:

    “Independientemente de las diferencias que podamos tener sobre cuál debe ser el destino político final del pueblo puertorriqueño, y sobre los mecanismos para lograrlo;

    Independientemente de todas las otras diferencias sociales, económicas, religiosas, políticas y culturales que podamos tener; Independientemente de las posiciones que podamos tener respecto a la conveniencia de aprender más de un idioma y del momento más oportuno, para comenzar a hacerlo; Independientemente de que reconozcamos que saber inglés es conveniente para manejarse en el mundo del comercio y la tecnología, y nos enriquece culturalmente;

    Reconociendo que el poder para definir idiomas oficiales en todos los países reside finalmente en sus cuerpos representativos máximos, pero en el caso particular de Estados Unidos de América su Constitución no se pronuncia a tales efectos;

    Nosotros, representando múltiples organizaciones políticas, profesionales, cívicas y culturales de las más variadas tendencias, llamamos la atención al hecho de que para el pueblo puertorriqueño, individual y colectivamente, el idioma español NO ES NEGOCIABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NI FÓRMULA DE STATUS”.

    Desde la presentación del Proyecto de Ley 417 hasta el inicio de las vistas públicas para discutirlo en la Cámara de Representantes transcurra un año con cuatro meses. Durante esos meses se publicaron en la prensa artículos, notas, columnas y declaraciones sobre el idioma y el status y la cuestión nacional. Recordamos a Roberto Ramos Perea, Luis Rafael Sánchez, Juan Duchesne Winter, Pedro Juan Rúa, Juan Manuel García Passalacqua, Awilda Palau, Rafael Castro Pereda, Hiram Meléndez, Agustín Echevarría, Manuel de J. González, Alfonso García Martínez, Carmelo Delgado Cintrón, David Noriega, Carlos Gallisá, Ricardo E. Alegría y Manuel Maldonado Denis. Hay silencio sobre la celebración de las vistas públicas. El 6 de agosto de 1990, en declaraciones publicadas en El Nuevo Día tituladas: Un solo idioma oficial en el país, Carmelo Delgado Cintrón sugiere al Gobernador Rafael Hernández Colón, “que inicie de inmediato el proceso legislativo para que se derogue la Ley de Idiomas Oficiales de 1902, que declara el inglés y el español como los idiomas oficiales de Puerto Rico”. En otra parte de la noticia se dice:

    “El historiador Delgado Cintrón recordó que se han presentado para esos propósitos dos proyectos de ley, uno del senador Sergio Peña Clos, en 1986, y otro del representante Héctor López Galarza, en 1989, sin que tan siquiera hayan ido a vistas públicas.

    Por tal razón, Delgado Cintrón urgió del representante López Galarza que convoque a vistas públicas para que todos los sectores interesados se manifiesten sobre el proyecto de ley que declara el español como idioma oficial del Gobierno de Puerto Rico”.

    Delgado Cintrón pidió también al gobernador Hernández Colón que, a tono con sus propuestas de soberanía del nuevo ELA, incluya, „clara y dignamente en la fórmula del Estado Libre Asociado que actualmente se debate, una expresión categórica sobre el idioma español como lengua nacional de los puertorriqueños”.

    ‘Entiendo que el problema fundamental de la cuestión del status es –además de las áreas de libertad política y económica– la conservación del idioma español, y de la cultura puertorriqueña para poder continuar siendo puertorriqueños‟, dijo el estudioso que acaba de publicar, bajo el auspicio del colegio de Abogados, un libro titulado, Problemas jurídicos y constitucionales del idioma español en Puerto Rico”.

    Las Comisiones de Instrucción y Cultura y Gobierno, presididas por Héctor López Galarza y José Varela Fernández de la Cámara de Representantes, inauguran las vistas o audiencias públicas el 16 de agosto de 1990. Las mismas se celebraron hasta el 22 de octubre de 1990. En éstas participaron numerosos intelectuales, líderes obreros, líderes de la cultura, política, profesores universitarios, trabajadores y miembros de diferentes sectores. La medida se debatió en el pleno de la Cámara el 24 de octubre de 1990. Votaron a favor treinta y tres legisladores de la mayoría del Partido Popular Democrático excepto el representante Miguel Díaz Tirado, quien votó en contra. La representación del Partido Independentista Puertorriqueño votó a favor y estuvo integrada por David Noriega e Hiram Meléndez. En contra votó la representación del Partido Nuevo Progresista. El cuerpo fue presidido por José Ronaldo Jarabo.

    El Senado de Puerto Rico llevó a cabo vistas públicas los días 23, 25, 30 de enero y 1, 6 y 8 de febrero de 1991, bajo los auspicios de las Comisiones de Educación y Gobierno y Seguridad Pública presididos respectivamente por los senadores Gilberto Rivera Ortiz y Sergio Peña Clos. El pleno del Senado debatió el Proyecto de la Cámara 417 el día 5 de marzo de 1991 bajo la presidencia de Miguel Hernández Agosto. Votaron a favor dieciocho senadores de la representación del Partido Popular Democrático y el Senador Fernando Martín de la representación del Partido Independentista Puertorriqueño. En contra votaron siete senadores del Partido Nuevo Progresista. El Senador Oreste Ramos estuvo ausente. Como un gesto simbólico, el representante Héctor López Galarza compartió la presidencia del Senado.

    Como el Senado aprueba el Proyecto con enmiendas, la Cámara de Representantes se reúne para considerarlas el 17 de marzo de 1991. El 1 de abril el Senado vuelve a enmendar el P. de la C. 417 y su exposición de motivos. Finalmente la Cámara concurre con las enmiendas del Senado el 4 de abril de 1991. El Gobernador Rafael Hernández Colón convierte en Ley el proyecto el 5 de abril de 1991 en una solemne ceremonia en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes. Juan Manuel García Passalacqua, en su columna titulada: La Ley del Idioma y publicado en El Nuevo Día, el 11 de abril de 1991 afirma: “El Gobernador Rafael Hernández Colón entró en la historia de Puerto Rico al firmar el viernes, la Ley del Idioma Oficial”.

    El liderato de un sector de nuestro pueblo que interesa la anexión o federación a Estados Unidos no respalda la medida. Me refiero al sector que se integra en el Partido Nuevo Progre-sista. Esa posición fue argumentada en las vistas públicas principalmente por Carlos Romero Barceló y Luis A. Ferré. Así como el liderato legislativo del referido partido.

    La aprobación de la Ley Número 4 de 5 de abril de 1991, Ley del Idioma Oficial, constituye un hito. Declara que el español es la lengua oficial de Puerto Rico y deroga la nefasta Ley de Idiomas Oficiales. Esa Ley de 1902 era una rémora del pasado y no está a la altura de nuestros tiempos. Tampoco refleja la realidad social que se vive. Si hubo alguna razón a principios de siglo para aprobarla, ésta ya no existe. Esa Ley de Idiomas Oficiales se aprobó por una Asamblea Legislativa dominada por un solo partido político -el Partido Republicano Puertorriqueño- y la legisló tomando en cuenta su programa político.

    La legislación que se aprobó en 5 de abril de 1991 constituye un reconocimiento de la realidad lingüística del país y solventa la integridad cultural y lingüística. Su aprobación no es un hecho aislado sino que es parte de un proceso histórico que se inicia precisamente en 1899 y transcurre durante décadas hasta nuestros días. Veamos brevemente:

    1915-José de Diego presenta el P. de la C. número 2 de 2 de enero, declarando el español idioma oficial y único que se usará como vehículo de enseñanza.

    1945-Rafael Arjona Siaca presenta el P. del S. número 26 de 13 de febrero, declarando el uso del idioma español como vehículo de enseñanza.

    1946-Rafael Arjona Siaca presenta otro proyecto similar, el P. del S. número 51 de 12 de febrero.

    1949- Mariano Villaronga decreta, por medio de la Circular número 10 de 6 de agosto, que el español es el vehículo de la enseñanza pública.

    1965-El Tribunal Supremo de Puerto Rico decide por unanimidad, en el caso de Pueblo v. Tribunal, que el idioma español es el único oficial de la Rama Judicial.

    1976-El Senador Rubén Berríos presentó el P. del S. Núm. 1763 de 11 de marzo para “declarar el idioma español el idioma oficial de Puerto Rico y ordenar su uso en actividades escolares, profesionales, comerciales, industriales y de otra índole”. Quedó pendiente ante las Comisiones de Instrucción y Cultura; Gobierno y de la Jurídico.

    1977-Severo Colberg y Cirilo Tirado presentan un P. de la C. para elevar el idioma español al rango constitucional.

    1982-Sergio Peña Clós presenta el P. del S. número 411 para que la enseñanza en la instrucción pública sea en español.

    1986-Sergio Peña Clós presenta el P. del S. número 857 de 15 de abril, para establecer el idioma español como único oficial y derogar la Ley de idiomas Oficiales de 1902.

    1989-Héctor López Galarza presenta el P. de la C. 417 de 27 de marzo que declara el idioma español el único oficial en Puerto Rico.

    1990-Se aprueba la Ley Orgánica del Departamento de Instrucción (Ley número 68 de 29 agosto de 1990) donde: “Se dispone que la educación se impartirá en el idioma vernáculo, el español. Se enseñará el inglés como segundo idioma”.

    1991-El Gobernador Rafael Hernández Colón firma el P. de la C. número 417 el 5 de abril de 1991 decretando que el idioma español es el único oficial en Puerto Rico.

    La ley es oportuna y cumple el propósito de significar oficialmente que Puerto Rico es un país hispanoparlante. No se trata de menoscabar o impedir que se enseñe el idioma inglés en las escuelas pero lo sitúa en su justa perspectiva. Como dijo Nilita Vientós Gastón: “El inglés debe enseñarse en Puerto Rico como lo que es, una lengua extraña. Y enseñarse no sólo por ganarse mejor la vida sino por lo que significa espiritualmente para el niño una segunda lengua bien aprendida. La lengua ajena se adquiere para enriquecer espíritu, no para deformarlo o empobrecerlo. Los verdaderos enemigos de la lengua inglesa en Puerto Rico son los que la tratan como mercancía, los que sólo se preocupan en que se enseñe para los llamados fines prácticos que resultan, a fin de cuentas, los menos reales”.

    Juan Duchesne Winter, en un ensayo periodístico titulado: Retórica de la memoria: Arcadio Díaz Quiñones y el idioma, publicado en Claridad, 21 al 27 de junio de 1991, ha dicho: “No creo que andemos muy despistados los que apoyamos cierta acción legislativa tendente a afirmar el español frente a las estructuras hegemónicas del inglés. Me parece justo, en este momento, afirmar la lengua e integrarla a nuestras prácticas comunitarias, políticas y sociales. Defender el libre desenvolvimiento de la primera lengua, para cualquiera que lo haga, hable la lengua que hable, es defender un recurso básico en las actividades de supervivencia. Nada tan elemental como eso. No hay por qué inferir, según lo hace el discurso del pseudo bilingüismo, que la afirmación de los derechos sociales de una primera lengua suponga negar los recursos ofrecidos por segundas lenguas. Defender la posición social y jurídica del español no tiene nada que ver con negar la necesidad de aprender otras lenguas, en especial el inglés. Vincular la afirmación del español a un rechazó educativo del inglés constituye una de las más perniciosas falacias del pseudo bilingüismo dominante”.

    Con la aprobación de la Ley del Idioma Oficial se dio un paso muy importante en la reafirmación de los rasgos latinoamericanos de nuestra personalidad nacional. Y no fue un movimiento cívico, por más meritorio que sea, sino una acción oficial del gobierno del país. Sus repercusiones son enormes, tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional.

    El 19 de abril de 1991 el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1991, reunido en Oviedo, acordó por unanimidad concederle este galardón al Pueblo de Puerto Rico, “cuyas autoridades representativas, con decisión ejemplar, han declarado al español único idioma oficial de su país”. El jurado estuvo integrado por: Jesús Aguirre, Emilio Alarcos, Camilo José Cela, quien actuó como presidente, Antonio Gallego Morell, Domingo García Sabell, José María Martínez Cachero, Gonzalo Torrente Ballester, Arturo Uslar Pietri, Antonio Vilanova y el director de ABC, Luis María Ansón. El 18 de octubre de 1991, en el Teatro Campoamor de Oviedo y en una ceremonia solemne, se entregó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1991 al pueblo de Puerto Rico.

    El Gobernador Rafael Hernández Colón asistió en representación del país. Don Felipe de Borbón expresó en su discurso de entrega de los premios: “Saludamos, con una especial emoción, al pueblo de Puerto Rico, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, por su decidida defensa de su más preciado legado cultural, al cultivar nuestra lengua y hacerla nacer y renacer cada día como sangre del espíritu. A su gobernador quiero agradecerle de todo corazón su presencia hoy aquí, al tiempo que envío un cálido mensaje de fraternidad al pueblo puertorriqueño”.

    Quedan problemas con el idioma en nuestro país. Uno de ellos es el Tribunal de los Estados Unidos y otras agencias federales que continúan usando únicamente el idioma inglés. En el Tribunal Federal que sesiona ahora mismo en San Juan, se utiliza única y exclusivamente el idioma inglés en todos sus procesos judiciales. El idioma español está proscrito. Los siete jueces que componen el Tribunal Federal: Juan M. Pérez Giménez, Gilberto Gierbolini, Raymond L. Acosta, Carmen Consuelo Cerezo, Héctor M. Laffitte, Jaime Pieras, Jr. y José A. Fusté, aprobaron el 30 de junio de 1989 una resolución –sin vistas públicas y sin escuchar a quienes tenían que opinar sobre ello– por la que se proscribe el uso del idioma español en ese foro judicial.

    Aunque hemos ganado esta nueva fase de la lucha por el idioma al aprobar la Ley de 5 de abril de 1991 que declara el español el único idioma oficial, el bilingüismo que es hidra de muchas cabezas, sigue haciendo de las suyas, el Ghetto lingüístico de la Corte Federal es una de ellas. La lucha por la conservación del idioma español en Puerto Rico no es excluyente. No se trata de desmerecer otros idiomas, como la lengua inglesa. Ésta continuará presente en la vida social de los puertorriqueños. De lo que se trata es de defender nuestra herencia cultural, de aquello que constituye nuestra razón de ser cultural, pues como dice César Andreu Iglesias: “La batalla del idioma es la batalla por el idioma puertorriqueño, es decir, el español, que es el idioma de los puertorriqueños, el idioma de Puerto Rico. Y esa batalla del idioma es hermana a la batalla por la agricultura puertorriqueña, a la batalla por la industria puertorriqueña, a la batalla por el comercio puertorriqueño… ¡Es la batalla por Puerto Rico!”

    5.2. Los Idiomas español e inglés se convierten en oficiales. Las elecciones de 1992 las ganó el candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló González. Éste se había opuesto al Proyecto de la Cámara Número 417 y había asistido a las vistas camerales a esos efectos. Luego hizo continuas declaraciones de que si salía electo restablecería la oficialidad al idioma inglés. Desde Ponce, Rafael Hernández Colón, el ex Gobernador, defendía su gestión puertorriqueñista. Dice que entre sus grandes logros en el pasado cuatrienio estuvo la aprobación de la medida que determina el español como único idioma oficial de la isla.

    El nuevo Gobernador adelantó que enviaría a la Asamblea Legislativa una medida para derogar la Ley del Idioma único y restablecer el inglés y el español como idiomas de uso gubernamental. Una de las primeras voces que se oponen a los planes del Gobernador Rosselló es el historiador Ricardo E. Alegría. Recién la Asamblea Legislativa le había galardonado con una medalla por su defensa de la cultura puertorriqueña. Precisamente el 4 de enero de 1993 toma posesión del cargo de Director Ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carmelo Delgado Cintrón.

    En su discurso de aceptación indicó que dará la batalla para defender la Ley del idioma único que declara el español como la Lengua Oficial de Puerto Rico. El diario The San Juan Star de 5 de enero de 1993 expresa que en esos momentos el Gobernador Rosselló envió a la Legislatura la medida que deroga la Ley del Idioma único y declara oficiales el español y el inglés.

    El Partido Independentista Puertorriqueño convocó a una marcha de protesta por la proyectada derogación de la Ley del Idioma oficial único. El Senador Rubén Berrios sostuvo que el proyecto de administración es “un acto simbólico en contra del español. Expresa así mismo que se quiere enviar un mensaje político a la administración del Presidente Clinton de que Puerto Rico se dirige a la asimilación. Berríos dijo que el proyecto de Rosselló es “un mensaje de carácter político de la intención de asimilar nuestro país”. Luego añadió: “Espero que el Gobernador de Puerto Rico no se crea que estas elecciones fueron un plebiscito sobre la Ley del Idioma”.

    La delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes y el Senado se propone dar una batalla legislativa para que permanezca la ley. Sostuvo Miguel Hernández Agosto que: “La Ley del Idioma tiene su fundamento en la cultura e historia y no en el status político”.

    El diario The San Juan Star de 6 de enero de 1993 opina, y aplaude editorialmente la acción del Gobernador Rosselló. Dice el editorial:

    “Hernández Colón and his legislative majority imposed a law on the people without regard for their opinions, their rights, their aspirations, or the reality of their daily lives. Indeed, the Popular Democratic Party-backed measure aimed to cut a wedge between Puerto Rico and the United States at a time the island was knee-deep into the plebiscite process.”

    “We have previously stated that the original bill amounted to showing off by a small group of PPD House Members to embarrass the position of stakeholders in the plebiscite campaign. It grew from there and became a centerpiece of Hernandez Colón‟s attempts to buster Puerto Rico‟s identity.”

    “Officially known as Law 4 of 1991, it led ultimately to the resounding defeat of the 1991 referendum on cultural issues.”

    “We are well aware that in Puerto Rico language is an issue second in controversy only to status. It erupted with the 1902 Languages Act, which attempted to facilitate the appointed governor‟s rule here, and continue through the establishment on English as the language of instruction in public schools during the 1980s. The school‟s act was later repealed.”

    “Both of those acts were impositions of colonial rule. Wrongly imposed or not, they helped nourish the desire for bilingualism that is now ingrained in Puerto Rico culture.”

    “We support repeal for a simpler, more fundamental reason: 91 years after the 1902 Languages Act, the great majority of Puerto Ricans accept English as a linguistic reality. Law four does not reflect the will of the people and should never have been passed.”

    Así mismo se expresó editorialmente el diario El Nuevo Día en su edición de 6 de enero de 1993. Expresa su presidente Antonio Luis Ferré:

    “El proyecto para restablecer el inglés como segundo idioma oficial en Puerto Rico tiene nuestro firme apoyo.

    Es conveniente para el país que el inglés sea un idioma oficial alterno. Y con este proyecto en nada se afecta el uso del español como nuestro idioma principal. El español seguirá siendo nuestro vernáculo, y el inglés una alternativa en situaciones en que sea conveniente usarlo.

    Debe recordarse que en las elecciones de noviembre de 1992, el pueblo apoyó al Dr. Pedro Rosselló y al Partido Nuevo Progresista con 938,969 votos. Todo el país sabía que éste era un compromiso programático del Partido Nuevo Progresista. Y lo que se está haciendo, al presentar el proyecto, es cumplir con un compromiso contraído con el pueblo. Nada más.

    En segundo lugar, Puerto Rico como Estado Libre Asociado es parte íntegra de los Estados Unidos. Flota aquí la bandera americana. Nos beneficiamos en múltiples maneras de nuestra ciudadanía americana. Nada más natural que aquí se pueda usar oficialmente el inglés -el idioma principal de la nación americana. Insólito sería que no se pudiera.

    En tercer lugar, el inglés es el idioma de la economía internacional de las ciencias, de la tecnología moderna.

    Nos parece demagógico, además, de parte de ciertos líderes políticos y de ciertos intelectuales elitistas, el plantear que el uso del inglés como idioma pone en peligro la cultura puertorriqueña, o atenta contra nuestro vernáculo. Seguiremos rezando, cantando y escribiendo en español, sólo que podremos emplear el idioma inglés cuando convenga. Como lo hicimos desde el 1902 hasta el 1991”.

    El Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carmelo Delgado Cintrón, expresa al diario El Nuevo Día de 7 de enero de 1993 que: “sí el proyecto que declararía el inglés como idioma oficial suprimiría el español como vehículo de enseñanza en las escuelas públicas y lo eliminaría como idioma de los tribunales”.

    “La medida de administración del gobernador Pedro Rosselló, indicó Delgado Cintrón, revierte al estado de la situación de 1902, cuando la ley de esa fecha decretó el uso indistinto del inglés y el español en las agencias de gobierno porque los administradores nombrados por el gobierno norteamericano solo hablaban inglés.

    El anteproyecto de Rosselló va más lejos que la Ley de 1902, pues ésta no declaró oficiales a los idiomas español e inglés sino que decretó el uso indistinto de los mismos. Ahora, el anteproyecto es totalizante, pues decreta que el español y el inglés serán indistintamente los idiomas oficiales de Puerto Rico a usarse en todos los departamentos y ramas ejecutiva, legislativa y judicial‟, sostuvo.

    ‘¿Significa esto que se suprime la disposición de la Ley de Reforma Educativa que dispone que el español será la lengua de transmisión de la enseñanza?‟, inquirió Delgado Cintrón, y pasó a preguntarse si tendrá el anteproyecto el alcance de imponerle a la rama judicial un idioma que esté eliminado en el célebre caso de Pueblo v. Tribunal. En ese caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que el idioma de las cortes del Estado Libre Asociado es el español.

    Delgado Cintrón afirmó que el español es la lengua natural de los puertorriqueños y, por ende, el idioma que debe ser declarado legislativamente como idioma oficial. „El inglés debe potenciarse por su importancia educativa y cultural y por los beneficios que pueda reportar‟”.

    Victoria Muñoz Mendoza, Presidenta del Partido Popular Democrático, catalogó la medida de disparate. “Entendemos que es un proyecto político, uno que tiene la intención de asimilar a Puerto Rico”. Luis Muñoz Mendoza expresó que:

    “El tema discutido en la reunión fue el proyecto de administración que declararía el inglés y el español idiomas oficiales y permitiría el uso indistinto de éstos en las tres Ramas del gobierno. También dispone que se envíe copia en inglés de la ley, una vez aprobada, al presidente de Estados Unidos y a todos los congresistas.

    ‘Es un proyecto de asimilación, para lo cual no tiene mandato ni Pedro Rosselló ni el Partido Nuevo Progresista‟, dijo Muñoz Mendoza al señalar que el proyecto de Rosselló es „peor‟ y „más retrógrado‟ que la ley de 1902 que permitía el uso indistinto del inglés y el español en las agencias de gobierno. Al amparo de aquella ley, derogada en 1991 por la Ley del Español, se enseñó en inglés en las escuelas del país por cerca de 40 años, recordó. „Con esta ley puede ocurrir lo mismo‟, dijo al señalar que cualquier supervisor o administrador escolar podría ordenar que se enseñe en inglés en las escuelas públicas de un sector”.

    Amaury Suárez Zayas, coordinador del Comité de Organizaciones Sindicales (COS), propuso que, en última instancia, sea el pueblo en un referéndum el que determine si interesa derogar la ley que declaró el español único idioma oficial de este país. Califica la medida del Gobernador Rosselló de “movida política”. En COS envía al Gobernador una carta firmada por cuarenta y nueve líderes obreros expresándole que “somos un pueblo hispanoparlante”… “y el deber de cualquier gobierno es defender su vernáculo”.

    El viernes 9 de enero de 1993 se presentó en el Ateneo Puertorriqueño por su presidente, el jurista Eduardo Morales Coll, una Encuesta auspiciada por la docta casa sobre la realidad del uso del idioma en Puerto Rico. Acompañaba a Morales Coll, Manuel Álvarez Nazario, Presidente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española; Ricardo E. Alegría, Director del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; Luis Manuel Rodríguez Morales; Roberto Ramos Perea, dramaturgo, Rafael Castro Pereda y Carmelo Delgado Cintrón, Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El Nuevo Día de 9 de enero de 1993 expresa:

    “Una encuesta auspiciada por el Ateneo Puertorriqueño reveló que más del 95 por ciento de los puertorriqueños prefiere que el gobierno se comunique con el pueblo en español, legisle en español y redacte sus documentos y formularios en español.

    Aunque no usaron la terminología de „idioma oficial‟ para manifestar su preferencia, los encuestados manifestaron su predilección por el español cuando se les preguntó en qué idioma querían que el gobierno legisle, que rotule las vías públicas, haga sus formularios o cuestionarios y se comunique con la ciudadanía, indica la encuesta.

    Como hallazgo sobresaliente figura que la mayoría de los puertorriqueños no conoce el verdadero significado ni los propósitos de un idioma oficial. También figura que solamente el 21 por ciento se considera bilingüe, que sólo el 25 por ciento estima que su inglés es bueno o excelente y que el 15 por ciento considera que la oficialización del inglés significa una mejora económica para Puerto Rico.

    De igual forma, el 93 por ciento de los entrevistados dijo que nunca renunciaría al español aunque en Puerto Rico se convierta en un estado y aunque se establezca el inglés como idioma oficial, el 87 por ciento reconoció diferencias entre las culturas puertorriqueña y la norteamericana, el 91 por ciento se considera puertorriqueño primero y estadounidense después y el 87 por ciento expresó un gran sentimiento patriótico ante la bandera de Puerto Rico”.

    La encuesta del Ateneo Puertorriqueño fue diseñada por Kenji Hakuta de la Universidad de Stanford, Leonni Huddy de la State University of New York y David Sears, Decano de Ciencias Sociales de la Universidad de California. Llevó a cabo el mismo Hispania Research. Los resultados obtenidos según el resumen circulado es el siguiente:

    1) La mayoría de los puertorriqueños no conoce el significado ni los propósitos de un idioma oficial.

    2) Los puertorriqueños prefieren por abrumadora mayoría (95%) el uso del español como idioma oficial en Puerto Rico. Más del 95% de los puertorriqueños prefieren que el Gobierno se comunique en el idioma español (97%); legisle en el idioma español (96%); exprese sus instrucciones a los ciudadanos, tales como rótulos en las calles (96%) y los formularios oficiales (95%) en el idioma español.

    3) Solamente el 29% de los puertorriqueños se considera bilingüe.

    4) Solamente el 25% de los puertorriqueños estima que su inglés es bueno o excelente.

    5) Solamente el 15% de la población considera que la oficialización del inglés significa una mejoría económica para Puerto Rico.

    6) Solamente el 11% de los puertorriqueños usa con frecuencia el idioma inglés en su trabajo.

    7) El 93% de los puertorriqueños nunca renunciará al idioma español, aunque Puerto Rico se convierta en estado y aunque se establezca el idioma inglés como único idioma oficial.

    8) El 87% de los puertorriqueños reconoce diferencias, la mayoría de ellos de gran magnitud, entre la cultura puertorriqueña y la norteamericana.

    En la conferencia de prensa Morales Coll expresó que el Ateneo no participará como institución “por entender que se trata de una actividad política”. Igual opinión expresó el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura, Delgado Cintrón. El columnista permanente del diario El Nuevo Día y líder independentista, Víctor García San Inocencio, expresa:

    “Está planteado un anteproyecto de ley muy peligroso en cuanto a sus motivaciones políticas asimilistas y sus probables consecuencias negativas para la administración pública. Si a lo anterior añadimos la negación que delata de la puertorriqueñidad y el ataque a la integridad de la nación puertorriqueña que comparte, queda claro que la oposición al P. de la C. y al P. del S. número 1, tiene que ser militante y masiva.

    Para ello el PIP ha anunciado e invitado a todo puertorriqueño que defienda la integridad de su idioma vernáculo a una marcha de repudio a esta intentona asimilista desde el Parque Sixto Escobar, el próximo domingo 24 de enero a la diez de la mañana. En un espíritu de amplitud, se marchará bajo el único signo que preside las conciencias de la mayoría de los puertorriqueños: la bandera mono-estrellada”.

    La nueva presidenta de la Cámara de Representantes y primera mujer en desempeñar este alto cargo, Zaida Hernández Torres, reaccionó a la acogida que tuvo el Proyecto de Ley del Gobernador Rosselló. Expresó que favorece que “se enmiende la legislación propuesta para que se mencione al español como principal idioma del país”. Una sugerencia en ese sentido ha sido hecha por el representante Jorge Navarro Alicea, y el asunto ha sido discutido internamente por el caucus novoprogresista”. Luego afirmó: “Dicen que éste es un proyecto asimilista que trata de afirmar que el amor por la Patria es monopolio exclusivo de un sector y que los que queremos la estadidad no queremos la patria”.

    El liderato legislativo y la Oficina del Gobernador interesan que las audiencias o vistas públicas del Proyecto de Ley Número 1 que derogara la Ley del Idioma Oficial único de 5 de abril de 1991, sean lo más cortas y concentradas posibles. Ello a pesar del interés que se tiene por el asunto. Más de cien organizaciones piden turno para deponer. Efectivamente las vistas públicas se inician el miércoles 13 de enero de 1993. En el Senado, la Comisión de Gobierno que preside Rolando Silva tiene la responsabilidad de dirigir las vistas públicas para las mismas fechas que se celebran en el otro estamento legislado. En la Cámara de Representantes, las Comisiones de Gobierno y de Educación y Cultura, que presiden respectivamente Pedro Figueroa Costa y Gilberto Moreno Rodríguez, este representante novoprogresista enmienda el Proyecto de Ley número 1 enviado por la Oficina del Gobernador y presenta otro en el que elimina la palabra indistintamente. De esta forma, Moreno Rodríguez plantea que: “Esta medida reconoce el hecho histórico de que el español tiene supremacía histórica”.

    Los deponentes en las vistas públicas fueron:

    Miriam Ramírez de Ferrer, Carlos Vizcarrondo, Roberto Camino, Carmelo Delgado Cintrón, Mary Jo Doran de Suñer, Mario Roche, David Malavé, Wilfredo Estrada Adorno, COS, José Ronaldo Jarabo, Yamil Misla, Carlos Noriega, Carlos Solano, Renán Soto, Juan M. Rivera, Awilda Palau, Agapito Ortiz, Héctor López Galarza, Baltazar Corrada del Río, Luis Vega Ramos, José Guillermo Dávila, Juan A. Agostini, Luis A. Ferré, Ileana Viqueira, Dora M. Pasarell, Héctor Luis Acevedo, Efraín Rivera Pérez, Victoria Muñoz Mendoza, Edgardo Rubén Martínez, José Ferrer Canales, Luis M. García Passalacqua, Eduardo Morales Coll, Hernán Sulsona, Raúl Serrano, Andrés Salas Soler, Mercedes M. Bauermeinter, Clifford Myatt, Luis Amaury Suárez Zayas, Marcos Rodríguez Emma, Mario Roche, Edward Underwood Ríos, Federico Torres Montalvo, Myriam Rodríguez López, Raúl Serrano Geyls, Robert Van Trieste.

    Mientras las Cámaras legislativas inician las vistas públicas, el Movimiento de Afirmación Puertorriqueña convoca a una vigilia para el miércoles 20 de enero de 1993 frente al Capitolio. La organización congrega a un grupo de personas y organizaciones culturales, artísticas, cívicas y laborales defensoras de la cultura puertorriqueña. Entre éstos se encuentran Ricardo E. Alegría, portavoz del movimiento; Rafael Castro Pereda; Eduardo Morales Coll, Carmelo Delgado Cintrón, Director Ejecutivo del ICP, y los ex Directores del ICP Luis Manuel Rodríguez Morales y Agustín Echevarría, el Secretario del PEN Club, el novelista Carlos Varo; Aníbal Rodríguez Vera, ex Director Ejecutivo de la Comisión del Quinto Centenario; Eladio Rivera, Ex Decano de Humanidades; Juan Manuel González Lavilla, Director Ejecutivo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades; Alfonso L. García Martínez, Catedrático universitario y ex Juez Superior; la Academia Puertorriqueña de la Lengua y unos cincuenta centros culturales. El MAP circula una Declaración al pueblo de Puerto Rico que sostiene lo siguiente:

    “Tal y como está redactada la nueva ley constituye una amenaza para la cultura puertorriqueña, ya que permitirá la eventual sustitución del español por el inglés como vehículo de enseñanza en las escuelas, en los trámites judiciales y la administración pública. Es una medida producto de la confusión, totalmente inspirada en el revanchismo y dirigida a despojarnos de nuestra lengua materna”, dijeron en una declaración conjunta.

    La vigilia constituirá una manifestación de repudio a esta nueva agresión contra nuestra cultura e identidad puertorriqueñas”, añadieron los portavoces de la nueva agrupación cultural al invitar a la vigilia frente al Capitolio, el miércoles entre las 6:00 y las 12:00 de la noche. „Pedimos a todos que traigan velas, antorchas, linternas para alumbrar esa noche boricua de afirmación nacional”.

    El ex Gobernador Rafael Hernández Colón se expresó sobre el P. de Ley número 1 en carta dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Rexach Benítez y Hernández Torres. Dice:

    “No hay pueblos bilingües, sólo individuos que por su propio esfuerzo o circunstancias especiales en sus vidas alcanzan ese objetivo”, indicó Hernández Colón y señaló que esto ha quedado ampliamente demostrado en todos los censos tomados en Puerto Rico desde 1910 al presente.

    “A pesar de la política de asimilación lingüística seguida durante la primera parte del siglo, y a pesar de los subsiguientes y reiterados esfuerzos de la escuela pública y privada por enseñar inglés como segundo idioma, un 60 por ciento de los puertorriqueños no habla inglés alguno, un 20% habla algo y el restante 20 por ciento puede manejarse con distintos grados de facilidad en ambos idiomas”, sostuvo.

    “El bilingüismo como objetivo para el pueblo como tal es retórica conflictiva con la política lingüística que requiere el país para su crecimiento”, añadi

    “El pueblo puertorriqueño sigue y seguirá hablando español”, dijo el ex gobernador al declarar que “luego de casi un siglo de esfuerzos para introducir el inglés en Puerto Rico, hay que reconocer esa realidad que nadie habrá de alterar.

    “La dualidad de lenguas oficiales fomenta la confusión en cuanto a nuestra identidad, menoscabando el orgullo de lo propio, de nuestro ser individual y nuestro ser colectivo”, dijo. Como segundo punto, planteó que la política lingüística de Puerto Rico debe fomentar el mayor dominio de la lengua materna por cuanto es a través de ella como se puede aspirar a una plenitud expresiva y lograr el más elevado nivel de comunicación.

    Añadió que con la implantación de la Ley del Idioma de 5 de abril de 1991 no se ha menoscabado en forma alguna la enseñanza del inglés como segundo idioma en el sistema de educación pública de Puerto Rico y se ha demostrado que los temores que movían a los opositores de la ley previa a su aprobación son infundados”.

    Las vistas públicas acapararon la atención del público. Estaciones de radio como WEUC, Noti Uno y otros, transmiten la incidencia desde las propias comisiones. Veamos expresiones, recogidas de algunas ponencias y presentaciones ante las comisiones, pero solicitante dichos y frases recogidas por la prensa:

    Eduardo Morales Coll quien está en contra del P. del S. número 1 expresa que: “La dualidad de lenguas oficiales fomenta la ambigüedad y la confusión en cuanto a nuestra identidad menoscabando el orgullo de lo propio, de nuestro ser individual y nuestro ser selectivo”.

    Myriam Ramírez de Ferrer sostiene que: “El propósito de esta ley del „Spanish only‟ fue de carácter político, cuyos fines eran adjudicar el proceso de libre determinación del pueblo y obstaculizar el logro de la estadidad para Puerto Rico”.

    Carmelo Delgado Cintrón, “una de las personas que trabajó en la elaboración de la Ley vigente”, dijo que la misma “constituye un reconocimiento a la realidad lingüística del país y solventa la integridad cultural y lingüística”.

    Carlos Vizcarrondo, sostuvo que: “Con esta acción, los puertorriqueños que de buena fe, pretenden darle un seguro de vida al idioma inglés en Puerto Rico, pueden estar sentando las bases, innecesariamente para que en el futuro, se utilice el inglés como el idioma oficial del Gobierno de Puerto Rico, desplazando el uso de nuestro vernáculo como idioma oficial”.

    Roberto Canino, Vice Presidente de LULAAC comentó que lleva más de 50 años residiendo en los Estados Unidos “y no he perdido mi cultura… Todas las mañanas tomo café YAUCONO, leo el Herald en español, como aguacate, mangó, bailo danza y la ranchera mexicana”.

    David Malavé dijo: “…nosotros no tenemos temor alguno de que se afecte nuestro español y entendemos que la cultura puertorriqueña no se afectará como no la ha afectado el correr de los años”.

    Luis Amaury Suárez Zayas, representando el Comité de Organizaciones Sindicales, cuestionó la “prisa” por aprobar la medida. Indicó que la medida de administración “sólo persigue el objetivo político-partidista de hacerle creer al Presidente y los miembros del Congreso de los Estados Unidos que para los puertorriqueños el inglés tiene la misma importancia que el español”.

    José Guillermo Dávila, Presidente del Colegio de Contadores Públicos, expresó que: “la Ley Número 4 causó y sigue causando complicaciones innecesarias a los inversionistas del extranjero, a los comerciantes y a los contribuyentes en general, que han tenido que recurrir a la traducción de documentos…”

    Carlos Noriega, Presidente del Colegio de Abogados, indicó que el P. de la C. número 1 “en la manera en que está redactada la carta de validez al llamado bilingüismo. Advirtió que su efecto sobre los procesos judiciales en los tribunales sería en detrimento”.

    José Ramón Jarabo, ex Presidente de la Cámara de Representantes, sostuvo ante las Comisiones de la Cámara de Representantes que: “el P. de la C. núm. 1 constituye un retroceso histórico en el proceso de afirmación colectiva” pretende, “… al establecer la co-oficialidad de los idiomas, enviar un falso mensaje al Congreso federal y al Presidente de que para los puertorriqueños da lo mismo el inglés que el español y de que ambas lenguas tienen igual rango en la vida colectiva de Puerto Rico”.

    Renán Soto Soto, Presidente de la Federación de Maestros, afirmó que “el proyecto que permitiría el uso indistinto del inglés y el español en el gobierno abre la puerta para que la enseñanza en las escuelas públicas vuelva a darse en inglés, como se hizo desde principios de siglo hasta 1948″.

    Una columna escrita por el agudo periodista y catedrático Rafael Castro Pereda, titulada: “Una imperdonable agresión”, publicada en el diario El Nuevo Día de 15 de enero de 1993, sienta la tónica del debate. Dice Castro Pereda: “La primera acción del nuevo Gobernador Pedro Rosselló es el proyecto de la Ley 1 para derogar el español como único idioma oficial de Puerto Rico. Apenas estrena el poder el Partido Nuevo Progresista y ya hay declarada una guerra cultural. No es casualidad que sea la lengua natural de los puertorriqueños el primer blanco de ataque”. Lugo Castro indica:

    “El peligro para el español es de tal magnitud, que ya un sector del PNP, temeroso de su alto costo político, ha presentado un proyecto alterno que declararía el español primer idioma oficial y el inglés segundo idioma oficial. Es de agradecer la buena intención, pero esto no es sino pura fraseología, el efecto práctico es el mismo. Además de innecesario, aumentará la confusión. Sólo en los estados donde conviven varias comunidades lingüísticamente diferenciadas, como Canadá, Bélgica o Suiza, es necesario oficializar varios idiomas. Para que una lengua sea oficial, debe ser conocida por todos los ciudadanos, ése es el caso del español, pero no del inglés. Donde existe una sola comunidad lingüística y cultural, como en Puerto Rico, lo lógico y natural es que exista un solo idioma oficial. Eso en nada obstaculiza el aprendizaje y el uso, según las necesidades de cada cual, de otros idiomas.

    Es de vital importancia que se evite el grave error de caer en las redes de un falso consenso que pueda acabar legitimando esta imperdonable agresión contra nuestro idioma y cultura. No debemos permitir que nos desarmen con la retórica propagandística del consenso, y nos desmantelen la patria. A las poderosas fuerzas que nos amenazan, es preciso resistir con valor, con sacrificio, sin miedo.

    Al tercer día de vistas, que comenzaron el miércoles 13 de enero, el Gobernador Pedro Rosselló González “llamó la atención a los legisladores de su partido para que trabajen rápido el proyecto que derogaría la Ley 4 de 1991 que estableció el español como único idioma oficial de Puerto Rico”. “Al mismo tiempo, el mandatario le restó importancia a la creciente oposición que ha generado su pregunta de establecer el español y el inglés como idiomas oficiales del país”.

    Héctor López Galarza expresa que el P. de la C. propuesto por el doctor Pedro Rosselló “persigue un fin exclusivamente político. El artículo 8 del mismo es prueba inequívoca de que lo que se pretende es llevarle un mensaje al Presidente y a los congresistas norteamericanos y allanar un poco el escabroso camino hacia la estadidad, señalándoles que el inglés es el idioma oficial de Puerto Rico”.

    David Noriega, representante de la Cámara por el Partido Independista Puertorriqueño (PIP) afirma en entrevista radial que: “En Puerto Rico debe haber un solo idioma oficial, que es el que todo el mundo habla en el país y es el español, aunque la ley diga que se debe reconocer el uso incidental del inglés por razones prácticas en agencias de gobierno y transacciones privadas”.

    Las vistas terminaron en las Comisiones de la Cámara de Representantes el sábado 16 de enero de 1993 con el testimonio separado de Héctor Luis Acevedo, Alcalde de San Juan y Victoria Muñoz Mendoza, Presidenta del Partido Popular Democrático, ambos estuvieron en contra del nuevo proyecto lingüístico.

    También testificó el eminente hispanista José Ferrer Canales.

    El Senador continuó sus vistas hasta el martes 19 de enero de 1993.

    Mientras la acción legislativa continuaba, un numeroso grupo de organizaciones culturales, políticas, cívicas, educativas y laborales organizaban el “Comité del Pueblo en defensa del Idioma Español”, cuyo portavoz es Ricardo E. Alegría. Asistieron a la reunión constitutiva de esta organización amplia: Fernando Martín, Vice Presidente del PIP; Luis Amaury Suárez Zayas, del COS; Federico Torres Montalvo de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT); el Representante Severo Colberg Toro, en representación del PPD; Renán Soto Soto, Presidente de la Federación de Maestros; Carmelo Delgado Cintrón, Director Ejecutivo del ICP; Eduardo Morales Coll, Presidente del Ateneo Puertorriqueño; el Obispo David Álvarez, de la Iglesia Episcopal; Ramón Nenadich, en representación del Movimiento Democrático de Comunidades y Sindicatos, así como el Rvdo. Víctor Bonilla, representante de la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Evangélica Unida. Dice la prensa: “Alegría expresó que luego de varias conversaciones entre los grupos, se acordó ampliar la convocatoria que originalmente hiciera el PIP para que la marcha sea La gran marcha en defensa del español y no un acto partidista. Como el carácter de la marcha es cívico-cultural, no se utilizarán insignias ni manifestaciones políticas. El profesor José Ferrer Canales leerá un mensaje firmado por todas las organizaciones participantes”.

    5.3. Conclusiones: Puerto Rico quiere seguir siendo hispanoparlante. La Ley que declara el español y el inglés idiomas oficiales se aprueba rápidamente, con urgencia, por el liderato del Partido Nuevo Progresista. Las vistas públicas se llevan a cabo en unos cuatro días, a pesar del interés que concita. Es la primera legislación del recién electo Gobernador Pedro Rosselló. Se percibe en la Universidad, entre los estudiosos, gente de la cultura y comentaristas políticos como una revancha contra los populares, que por su parte aprobaron la Ley del idioma único. De hecho, los dos procesos fueron acres y dejaron resquemores, aunque se entiende que la legislación de Héctor López Galarza lo que hace es reconocer la realidad lingüística de Puerto Rico, donde el español impera para todo. Sin dejar de entender que el idioma inglés es necesario e importante. Más aun cuando se fue cuidadoso de garantizar la docencia del idioma inglés así como su uso en el gobierno cuando fuera necesario. A esa Ley del idioma único que nos valió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras no se le dio oportunidad de consolidarse y ajustarse. Se le llamó por un sector opositor con el nombre de “Spanish Only”, para desmerecerla.

    La raíz del problema (y la diferencia de opiniones) quizás estriba en que el idioma, por supuesto, incide en la solución de la condición política final o status del país. Es un hecho incontestable que Puerto Rico es una nación latinoamericana e hispanoparlante. Ello representa un escollo insalvable para su incorporación como un estado federado a los Estados Unidos, como lo desea un sector de nuestro electorado. Eso se ha visto realizado en los resultados del Plebiscito de 14 de noviembre de 1993. Las opciones que defendieron el idioma español, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño obtuvieron la mayoría del electorado. Antes se prefiguró con la gigantesca Gran Marcha del Idioma. La misma fue celebrada escasamente unas tres semanas después de tomar posesión el Gobernador Rosselló. Añádase a ello el sector del movimiento independentista que no votó y los numerosos defensores o por lo menos hispanoparlantes que no ejercieron ese derecho. Si descontamos doscientos mil (200,000) extranjeros ciudadanos norteamericanos que votaron por la opción del PNP, ciertamente los sostenedores del bilingüismo oficial son minoría. Ello aunque hayan ganado las elecciones de 1991. Lo son, aún contando los doscientos mil (200,000) extranjeros. Los resultados del Plebiscito así lo consignan.

    Mezclado con el idioma español está nuestra cultura puertorriqueña y ambos son elementos principalísimos en la decisión final que había de tomar nuestro pueblo sobre su condición política o status. No estamos dispuestos -la mayoría inmensa del país- a claudicar nuestro perfil de pueblo latinoamericano por ninguna ventaja económica o de otra clase. Es que no se puede ser como Esaú.

    Estas conclusiones están basadas en datos fidedignos. No significan que el idioma español carezca de problemas en la isla. Sí que los tiene, como es el Ghetto lingüístico del Tribunal de los Estados Unidos (Corte Federal) y otras agencias de Estados Unidos; también la aplicación de la Ley de los idiomas oficiales -español e inglés- que se acaba de legislar en enero de 1993, pues introduce un falso bilingüismo en nuestro gobierno. Y no mencionaremos otros problemas.

    Sin embargo, quienes defendemos la lengua española como una preciada herencia cultural e histórica estamos complacidos, pues el derrotero que lleva el país al margen legislativo es hacia la conservación del idioma español y de los rasgos de nuestra cultura nacional. Que no significa que nos cerremos a las aportaciones que otros países tienen y deben hacer para enriquecimiento de la humanidad y la interacción entre los pueblos. La conservación de nuestra lengua nacional, el idioma español, es un imperativo y un deber de todo puertorriqueño si quiere seguir siéndolo. En el aprecio de lo nuestro, de lo que nos constituye como ente nacional o como grupo étnico separado, está la salvación del país y la base de su progreso material y espiritual.

    VI. EL GESTO DE LA PROFESORA INÉS MARÍA MENDOZA

    La profesora Inés María Mendoza entiende que es su deber moral comparecer ante el Comité Hays, no para testificar sobre la Masacre de Ponce, sino para deponer sobre un tema también importante. Solicita por carta de 19 de mayo de 1937 un turno para testificar ante la Comisión Hays, “sobre la imposibilidad de las libertades civiles de palabra y pensamiento en un pueblo educado forzosamente en idioma extranjero e impuesto”. Como hemos indicado, la profesora Mendoza declaró el 21 de mayo de 1937:

    “Enseñar al niño en una lengua extranjera le produce sufrimiento mental y daños reales. Este problema no es pedagógico, sino político. No existe ninguna autoridad conocida en pedagogía que pudiera defender el punto de vista de que enseñar es más efectivo si no se usa la lengua materna sino más bien una extranjera”.

    “Cuando el aprendizaje se efectúa en una lengua extranjera, se le confunde la mente al niño. Si el Departamento de Educación impone enseñar a los niños en las escuelas en una lengua extranjera, va a ocasionar un deterioro en la mente del niño y va a destruir y volver imposible la formación integrada de su carácter y, por lo tanto, la formación integrada de nuestro pueblo”.

    -Señor Arthur Garfield Hays: “¿Podría explicar alguna conexión entre este problema del idioma en Puerto Rico y las libertades civiles?”.

    -Señora Palacios: “La educación le sirve a la política en todos los países del mundo. Le sirve en Alemania, en Rusia, en los Estados Unidos. Lo mismo sucede en Puerto Rico, pero como no somos un pueblo con la responsabilidad soberana de su gobierno, por ser una colonia, enfrentamos la tragedia de nuestro pueblo, cuya educación está al servicio de una política colonial que se nos ha impuesto a la fuerza. El resultado es que nuestras escuelas no existen para promover los intereses de nuestra cultura y nacionalidad, sino para servir a los propósitos e intereses de una política colonial muy indefinida”.

    La señora Palacios continuó: “El presidente Roosevelt, en su carta al comisionado Gallardo, supone que vamos a ser una colonia indefinidamente. Esta suposición es terriblemente confusa para la educación en Puerto Rico, ya que es imposible determinar una filosofía para nuestra educación, es decir, no podemos determinar para qué vamos a educar a nuestros niños a menos que resolvamos primero el problema de nuestro ‘status‟. Esta falta de definición, la falla en determinar el ‘status‟ político, es responsable de la deficiencia que se observa en nuestro sistema escolar. Cuando nuestros niños terminan su educación bajo este sistema y se convierten en abogados, médicos, químicos o rectores de universidades, están más confundidos que cuando empezaron el kindergarten. Nuestro sistema educativo, carente de una filosofía de la educación, debido a nuestro ‘status‟ político indeterminado, no dirige al muchacho y la formación de su mente y carácter, a menos que la filosofía de educación en la colonia sea la de formar una ‘mentalidad colonial‟.

    El presidente Roosevelt establece en su carta que el inglés se debe intensificar de manera que los ideales americanos puedan aprenderse mejor. Lo que he aprendido en mis estudios de pedagogía y de mis diez años de experiencia con los niños en los salones de clase, me aseguran que los ideales para ser efectivamente enseñados deben apelar a las emociones de los muchachos; los ideales requieren la creación de una actitud en la mente de los muchachos, en su espíritu, y las actitudes y las emociones pueden tratarse mejor cuando se usa la lengua vernácula en el proceso de enseñanza”.

    La profesora ha cumplido con un deber. Sin embargo, como hemos descrito antes, el momento y la ocasión en que se celebran las vistas o audiencias son muy duros y represivos. El gobernador Winship no ha convocado una investigación de los sucesos trágicos de la Masacre de Ponce pues en realidad él es el autor intelectual. El Representante Vito Marcantonio describe estos momentos usando la palabra terror. Informa al Congreso:

    “Governor Winship tried to cover up this massacre by filing a mendacious report. …However, the photographs that were brought to Secretary Ickes by a committee consisting, among others, of former Congressman Bernard, of Minnesota, and myself, [Vito Marcantonio] photographs of children shot in the back and of police wantonly firing on unarmed people from four sides, could not be ignored. What did the tyrant do? Instead of ceasing the terror, he continued it; and immediately had arrested the friends of people who had been killed, on charges of conspiracy to commit murder. Two trials were held. The first trial resulted in a mistrial, and in the second trial, the defendants were acquitted.

    “In the meantime the reign of terror continued. While the victims of the Ponce massacre were being tried for murder, the police forces were given a free hand to continue the orgy of murder”.

    A pesar de las gestiones que se realizaron por que se le hiciera justicia, pues nunca su integridad, honradez, competencia y dedicación como maestra o persona estuvieron en duda. Se trataba de una mezquina venganza de las autoridades gubernativas, del represivo Gobernador Blanton Winship y del débil y norte americanizado Comisionado de Educación, José Gallardo, que no supieron aquilatar la grandeza del gesto y la seriedad de los planteamientos. Al no poder desechar las ideas, castigó a la valiente mujer que las exponía. Hoy, al cabo de tantos años, en un Puerto Rico donde ya no abundan personas dispuestas hasta el sacrificio último como don Pedro Albizu Campos, doña Inés Mendoza, doña Isabel Gutiérrez del Arroyo y don Carmelo Delgado Delgado para mencionar únicamente miembros del Partido Nacionalista Puertorriqueño de entonces, ¡cuánta necesidad hay de estos patriotas! Recientemente uno de éstos fue vilmente asesinado por las autoridades federales (FBI). Ahora lo que prima o se ve en nuestro quehacer es lo que don Antonio Cánovas del Castillo definió como política: El Arte de lo posible. Es decir, nuestros políticos, la casi totalidad se abonan al posibilismo y a lo coyuntural. Por eso continuamos siendo en palabras de don José Trias Monge, “la colonia más antigua del mundo”.