Discurso de Presentación del Libro de Actas de la Cámara 1909 – 1910

    Presentación del libro de Sesiones de la Cámara de Delegados de la Asamblea Legislativa 1909-1910

    Juan R. Torruella

    Señor presidente y miembros de la Academia. Distinguidos invitados, amigos y amigas todos, muy buenas noches y gracias por acompañarme en esta ocasión.

    Si bien me siento honrado por habérseme escogido para hacer la presentación del libro de Sesiones de la Asamblea de Delegados de Puerto Rico de los años fatídicos de 1909-1910, me sospecho que no fue por pura casualidad que fui designado para esta encomienda. Sin embargo, no es mi grado módico de paranoia lo que me causa cierta intranquilidad el ser designado para dirigirme a ustedes sobre este tema, sino, más bien, porque considero que hay por lo menos otros dos académicos mejor cualificados que yo para hacer esta presentación, y temo que mi contribución se quede corta y no esté a la par con lo que ellos muy bien, y mejor, pudiesen aportar. Refiero, por supuesto, al Dr. Carmelo Delgado Cintrón y a la Dra. Christina Duffy Ponsa, ambos quienes han estudiado y escrito con profundidad académica sobre la Sesión Legislativa de 1909-1910, y la crisis que esta creó en Puerto Rico y en la metrópolis norteamericana como resultado de los acontecimientos que en ella se dilucidaron e impulsaron. Hago alusión también en mi ponencia, y les recomiendo con entusiasmo, den lectura al magnifico prólogo del tomo de la Sesión Legislativa que consideramos esta noche, escrito con alta diligencia académica por la profesora Dra. Silvia Álvarez Curbelo. Todos estos estudios me han servido de gran ayuda en la preparación de mi presentación esta noche. No obstante, y dejando mi nerviosidad intelectual a un lado, me propongo dirigir mis esfuerzos esta noche conforme al siguiente bosquejo general: primeramente, hare una breve exposición del marco gubernamental y constitucional vigente en Puerto Rico para el 1909. Y, en segundo lugar, hablare en forma lo más reducida posible de los asuntos principales considerados por la Cámara de Delegados durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de 1909-1910. Por último, haré un breve comentario sobre cómo se ha proyectado lo que pasó en la Asamblea de 1909-1910 en la historia subsiguiente de Puerto Rico, a corto y a largo plazo, aún hasta el presente.

    En ámbito de honestidad con ustedes, les quiero informar que mi presentación durará alrededor de 58 minutos. Pues por más que lo he intentado, se me ha hecho imposible reducirla a menos tiempo, y a la vez cubrir el tema conforme a la importancia que el mismo merece. Les aseguro que no me sentiré insultado, ni los pondré en una lista especial, si algunos, o aun todos, deciden que tienen otros asuntos que atender inclusive irse a dormir en sus camas a preferencia de aquí. Mi esposa me prometió que su lealtad matrimonial la obliga a oír mis pedanterías hasta el final, lo cual es más apoyo del que merezco. Dos eventos son cruciales para entender los acontecimientos de la Asamblea Legislativa de 1909-1910. El primero es la promulgación en abril de 1900 por el Congreso de Estados Unidos de la Ley Foraker, y el segundo trata del conjunto de decisiones judiciales del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1901 de los notorios y funestos llamados casos insulares, que validaron la constitucionalidad de la Ley Foraker y refrendaron el sistema colonial de gobierno sobre Puerto Rico que dicha legislación estableció, y que continúa vigente e impera hasta el día de hoy.

    Ley Foraker

    Los dos propósitos principales de la Ley Foraker fueron establecer un gobierno civil en sustitución del gobierno militar que administraba la Isla desde que terminó la Guerra Hispanoamericana en agosto de 1898, y promulgar un sistema de recaudo de tarifas para levantar los fondos necesarios para correr ese gobierno civil.

    Hay que tener en mente que a la misma vez que el Congreso estaba legislando para Puerto Rico, había otro proceso legislativo paralelo con relación a las Filipinas, similar pero diferente al Proyecto Foraker de Puerto Rico. Como veremos, el Congreso tenía aún más cautela y prejuicios con las Filipinas que con Puerto Rico, en gran parte porque que para esa época estaba en pleno auge una insurrección contra los Estados Unidos que duro hasta 1903. Y, en la cual los Estados Unidos perdió varios miles de tropas más que en toda la Guerra Hispanoamericana. A su vez, y conforme a la forma que se recibió al general Miles después de su desembarco, a Puerto Rico y sus habitantes se les consideraba sumisos.

    Un último aparte relacionado a las Filipinas es que durante la insurrección filipina el gobernador colonial de ellas lo fue un señor de 300 y pico de libras, quien es el actor principal, o más bien el malo de la película, en el asunto que tratamos en la noche de hoy. Me refiero a Howard Taft, de quien volveremos a oír nuevamente dentro de poco, y a varios niveles, ya que posteriormente al 1909 paso a ser, no solo presidente de Estados Unidos sino después, también juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y más importante aún, el juez ponente en una de las decisiones más trascendentales que ese tribunal haya expedido sobre Puerto Rico, Pueblo v. Balzac. Taft es una de las personas que más influencia (en mi opinión, negativa) haya tenido sobre Puerto Rico, especialmente en lo que se refiere al estatus colonial que tenemos al día de hoy.

    La Ley Foraker (y en adelante me referiré a la de Puerto Rico únicamente a menos que indique lo contrario), estableció un gobierno civil para Puerto Rico, diferente al que regía en los estados de la unión. Se establecía una legislatura compuesta por dos cuerpos. Primeramente, una cámara alta de once personas, denominada “Consejo Ejecutivo”, nombradas por el presidente de Estados Unidos, con el consentimiento del Senado y por un periodo de 4 años. Además de sus funciones legislativas de cámara alta, el Consejo Ejecutivo fungía también como el Gabinete del Gobernador de Puerto Rico, quien también era nombrado por el presidente, con el consentimiento del Senado de Estados Unidos. El Consejo estaba compuesto por el “attorney general” de Puerto Rico, el tesorero, el auditor, el comisionado del interior, y el comisionado de educación, a todos los cuales se le requeriría mantener su residencia en Puerto Rico durante su incumbencia. Adicionalmente, el presidente podía nombrar a otras cinco personas de buena reputación como miembros en propiedad del Consejo. Por lo menos, cinco de los miembros del Consejo deberían ser puertorriqueños. Cualquier semejanza del Consejo Ejecutivo a instituciones del presente es pura casualidad.

    Entre los poderes del Consejo Ejecutivo estaba el establecimiento y demarcación de siete distritos electorales, cada uno de los cuales podía elegir a cinco miembros de la cámara baja de la legislatura, la cual se denominaba la “Cámara de Delegados”. Ésta, compuesta por los 35 delegados, era electa por los puertorriqueños cada dos años.

    Dos puntos de interés son, el hecho de que a los delegados a la Cámara no se les requería residir en el distrito para el cual eran electos. El segundo punto, verdaderamente el más importante del momento, es que la legislatura tenía el único poder de aprobar o desaprobar el presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal del gobierno insular.

    Toda otra legislación aprobada por la Asamblea Legislativa, o sea, aprobada por ambas cámaras y firmadas por el gobernador, tenía que ser reportada al Congreso, cuyo cuerpo se reservaba el poder y autoridad de anular la misma.

    El juez presidente y los jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico serían nombrados por el presidente con el consentimiento del Senado, al igual que el juez de la Corte Federal, y el fiscal y aguacil de esa corte, todos nombrados por 4 años a menos que el presidente a su discreción los removiera antes. La Corte Federal tendría sesiones y salas en San Juan, Ponce y Mayagüez, y los procedimientos serian en inglés. Los jueces de Distrito de Puerto Rico serían nombrados por el gobernador, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, mientras que todos los jueces de cortes inferiores serian nombrados según estableciera la legislatura.

    Tanto las apelaciones de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico como las de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico serían apelables directamente al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

    Por último, la Ley Foraker estableció la posición de Comisionado Residente a Estados Unidos, a ser electo por los puertorriqueños cada dos años. La ley no especificaba los deberes o sitio donde debería ejercerse este puesto, pero por el hecho de que presentaría su certificado de elección al secretario de estado en Washington, y que se requería que se le diera reconocimiento oficial por todos los departamentos. En efecto, ello implicaba que establecería su presencia allí, algo como una especie de observador/representante o embajador “at-large”, sin formar parte de ninguna rama del gobierno.

    Como les indique anteriormente, el segundo propósito de La Ley Foraker era establecer el recaudo de fondos necesarios para correr el gobierno insular que acabo de describir. Es esta parte de dicha legislación la que nos lleva a los casos insulares.

    Los casos insulares

    La Constitución de Estados Unidos establece que toda ley del Congreso con relación a la imposición de impuestos, contribuciones o tarifas deberá ser uniforme a través de los Estados Unidos. No obstante, la Ley Foraker promulgó un sistema de impuestos a las mercancías que viajaban de Puerto Rico a la metrópolis y vice versa, lo cual creaba un impuesto dispar o no uniforme con el resto de la nación. La pregunta clave que surgía como resultado de esta situación era, si a Puerto Rico se le consideraba parte del término “Estados Unidos” según se usaba dicha frase en la Constitución, lo cual determinaría a su vez si la Constitución y la citada cláusula de uniformidad se aplicaba a las suscitadas tarifas impuestas por la Ley Foraker a las mercancías que viajaban entre Puerto Rico y la Metrópolis.

    Para aquellos de ustedes que todavía creen en Santa Claus y la bondad humana, lo que hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos en estos casos debería despertarlos al mundo de “real politik”.

    En un acto de malabarismo judicial sin paralelo en la historia constitucional de Estados Unidos, el Tribunal Supremo, en opiniones decididas por sólo una pluralidad de 5 votos a favor versus 4 votos disidentes, y con un resultado opuesto y contrario a toda la jurisprudencia vigente hasta ese momento, dictaminó que Puerto Rico “pertenecía, pero no era parte de Estados Unidos”, y procedió a inventarse, de la nada, el embeleco que se llegaría a conocer como “la teoría de la incorporación”; conforme a la cual se establecía que Puerto Rico era un territorio no incorporado a Estados Unidos, por lo que sólo los derechos fundamentales establecidos en la constitución tenían vigencia en Puerto Rico. Cuáles derechos eran fundamentales, sería algo que los tribunales decidirían caso a caso, pero lo que sí estaba claro según ese tribunal era que la cláusula de uniformidad no era uno de esos derechos fundamentales.

    Con estos casos el Tribunal Supremo, no sólo refrendó la validez de la Ley Foraker, sino también el sistema de gobierno colonial creado por el Congreso para gobernar el nuevo imperio adquirido después de la Guerra Hispanoamericana. Esta conclusión, la cual había sido de facto aprobada por los votantes americanos al re-elegir al presidente Mckinley en las elecciones de 1900, llevo a un conocido politólogo de la época a comentar que: “it may be that the constitution does not follow the flag, but it seems that the Supreme Court follows election results”. Puerto Rico era un territorio no incorporado, que pertenecía a éste en el plano internacional, pero domésticamente se le trataría como tierra extranjera sobre el cual el Congreso podía ejercitar sus poderes plenarios para determinar qué derechos les concedería a sus habitantes. O como sintetizó las incongruencias de estas decisiones el periódico San Juan News en su edición del 29 de mayo de 1901: “somos y no somos parte integrante de los Estados Unidos. Somos y no somos un país extranjero. Somos y no somos ciudadanos de Estados Unidos. La Constitución nos cobija y no nos cobija, nos alcanzan y no nos alcanzan sus límites. Se nos aplica y no se nos aplica.”[1] Les recomiendo la lectura del Mea Culpa del reciente artículo de Harvard Law School sobre estos casos.[2]

    La legislatura de 1909

    Con este trasfondo llegamos a la legislatura de 1909. Pero no sin antes explicar brevemente la situación política que definía y le daba matiz a esta legislatura.

    Para el 1902 existían dos partidos políticos principales en Puerto Rico; el republicano (los anteriormente llamados “puros,” cuyo líder era José Celso Barbosa) y el federal (los anteriormente llamados “fusionistas,” presididos por Luis Muñoz Rivera). No obstante, esa división de partidos, el liderato político del país, casi unánimemente, estaba extremadamente descontento y decepcionado con el sistema colonial impuesto por la Ley Foraker. A consecuencia de esta situación, y de lo que él consideraba la complicidad de su propio partido republicano con el gobierno colonial establecido por la Ley Foraker, Rosendo Matienzo Cintrón propuso la unión de todos los partidos para enfrentar solidariamente esta situación.

    Así pues, se fundó en 1904 el Partido Unión de Puerto Rico, el que proponía unir las fuerzas de todos los partidos para presentar una voz común en torno a las cuestiones fundamentales que enfrentaban al país, y el establecimiento de una estrategia de comunicación efectiva con los poderes de Washington. Entre los fundadores de este nuevo partido se encontraban los dos líderes políticos más prominentes del momento, Luis Muñoz Rivera y José de Diego, al igual que Matienzo Cintrón.

    Ya para las elecciones de 1906 los unionistas habían copado todos los asientos de la Cámara de Delegados, con Matienzo Cintrón siendo electo su presidente, puesto que ocupó hasta el 1907 cuando el liderazgo del Partido Unión pasó a manos de Muñoz Rivera.

    En las elecciones de 1908, los unionistas repitieron el copo de asientos en la Cámara de Representantes, obteniendo casi el doble de los votos que sacó el Partido Republicano, así que cuando abrió la Primera Sesión de la Legislatura de 1909-1910, el 11 de enero de 1909, los 35 delegados eran todos unionistas, y probablemente, más importante aún, 21 de ellos eran legisladores nuevos del grupo más joven de ese partido, los que podríamos describir como unos “turcos jóvenes o young turks.” era este grupo sobre el cual Matienzo Cintrón, a pesar de haber perdido el liderazgo formal de los unionistas, ejercitaba una gran influencia especialmente en lo que concernía el desafecto con la Ley Foraker y los privilegios que le concedía al Consejo Ejecutivo, que estaba compuesto principalmente por norteamericanos, y en el que los únicos puertorriqueños estaban afiliados al Partido Republicano, siendo José Celso Barbosa el más prominente de ellos.

    Por lo menos al comenzar la sesión, Muñoz Rivera, aunque el líder formal de los unionistas por ser su presidente de partido, pensaba que podía negociarse un acomodo con los poderes centrales en Washington que permitiera compartir la administración del gobierno insular más equitativamente y sin la necesidad de confrontaciones mayores. Veremos cómo, con el paso del tiempo, durante las sesiones de 1909-1910, su actitud cambió y se tornó más contenciosa.

    El 11 de enero de 1909 se abrió la Primera Sesión Ordinaria de la Quinta Asamblea Legislativa. Entre los delegados electos presentes estaban, y menciono sólo los más conocidos por nuestra generación, Eduardo Giorgetti y Cayetano Coll y Cuchí (por el Distrito de San Juan), Nemesio Canales (por el distrito de Arecibo), José de Diego (por el distrito de Mayagüez); Rosendo Matienzo Cintrón y Luis Llorens Torres (por el distrito de Ponce), y Luis Muñoz Rivera (por el distrito de Guayama). Matienzo Cintrón, si bien fue electo, por razones que desconozco, no estuvo presente ese día, al igual que otros dos delegados.

    Se procedió a elegir presidente de la Cámara por el término, a José de Diego, quien expidió el único voto en su contra, votando a su vez por Ramón Delgado, el delegado de más edad. No recuerdo que se haya repetido esa elegancia en tiempos recientes.

    Después de varios discursos protocolarios, entró al hemiciclo una comisión del Consejo Ejecutivo compuesta por los señores Del Valle, Barbosa y Gromer, quienes anunciaron la elección por dicho cuerpo de su presidente al señor Willoughby, y de su presidente pro tempore al señor Del valle, y su disponibilidad para inaugurar las labores legislativas. Por último, fueron notificados los legisladores que el gobernador vendría el próximo día para dar su mensaje anual a la legislatura.

    El segundo día de la sesión, martes 12 de enero de 1909, se abrió la sesión conjunta de la legislatura, presidiendo el presidente del Consejo Ejecutivo, William F. Willoughby, acompañado por nueve del balance total de once miembros que componían el consejo.

    Paso seguido, se tomó lista de los miembros de la Cámara de Delegados presentes, quienes sumaron treinta y dos, incluyendo a su presidente, José de Diego, y a Luis Muñoz Rivera, presidente del Partido Unionista. Hizo entonces acto de presencia el gobernador de turno, Regis H. Post, quien procedió a dar su mensaje a la rama legislativa sobre la situación de Puerto Rico.

    Comenzó diciendo que las exportaciones, con excepción del azúcar, habían mermado por razón de que las cosechas del tabaco y café habían sido más pequeñas que las del año anterior. “Solamente los enormes embarques de azúcar”,[3] y la gran cosecha de frutas habían sostenido los datos de aduana al nivel del año anterior. Por supuesto, lo que Post no dice es que ya para esta fecha, las mega centrales que siguieron los pasos del general Miles habían convertido a Puerto Rico en una finca de azúcar en perjuicio de la siembra de café y tabaco, los cuales hasta el 1898 habían sido los productos principales de exportación de Puerto Rico, producidos por los pequeños agricultores que habían existido hasta entonces.[4]

    Pasando directamente a la situación económica del gobierno insular, el gobernador informó que había habido un desembolso de gastos que excedía por doscientos mil dólares a los del año anterior, lo que reducía el superávit existente de un millón y pico de dólares. No obstante, si bien no veía razón para sentirse intranquilo, recomendaba “que el presupuesto para el próximo año económico [fuese lo más aproximado al] del año corriente.”[5]

    Otro punto que discutió el gobernador, que también sería tema de contención futura con la Cámara de Delegados, lo fue su propuesta de que los jueces municipales deberían ser nombrados por el ejecutivo, en vez de electos por sufragio popular como había dispuesto la legislatura.

    Si bien el balance del informe contiene datos de interés y trata asuntos típicos de esperar, tales como los relativos a instrucción, me limitaré a citar sólo dos últimos asuntos contenidos en su exposición, ambos que tienen alguna trascendencia a eventos en el presente.

    El primero fue el comentario que hizo el gobernador Post bajo el tema de “comercio”, en el que argumenta que: “debe hacerse todo esfuerzo para convencer al Congreso de que la prosperidad de Puerto rico es valioso activo de Estados Unidos, no sólo sentimentalmente, sí que también práctica y comercialmente. Somos en la actualidad uno de los principales compradores de mercancías de los Estados Unidos . . . Y cualquier cosa que venga a perjudicar seriamente la prosperidad de la Isla, ciertamente habría de perjudicar nuestra capacidad como compradores . . . Todo el problema debe ponerse ante el Congreso, no desde un punto de vista egoísta ni sentimental, sino, sencillamente, como un asunto comercial en cual están interesados los Estados Unidos y la Isla.”[6] ¡palabras con luz!

    Terminó su discurso diciendo que el presidente saliente, Teodoro Roosevelt, “una vez más ha recomendado al Congreso que se conceda la ciudadanía americana a los ciudadanos de puerto rico,”[7] y le insta a la legislatura a que pasase una resolución conjunta solicitándole al Congreso acción favorable con relación a dicha recomendación. Como sabemos no fue hasta el 1917 cuando se concedió la ciudadanía a los puertorriqueños.

    Paso a decirles, que si bien el presidente entrante, Howard Taft, acogió la recomendación   del   presidente Roosevelt, lo hizo a regañadientes, y como veremos más tarde en el caso de Balzac decidido en 1922, siendo ya presidente del Tribunal Supremo, menospreció bastante la ciudadanía americana concedida a los puertorriqueños, en efecto rebajándola a un nivel de segunda clase, constitucionalmente hablando.

    Volviendo a los trabajos de la Asamblea de 1909, vemos que los asuntos rutinarios de una asamblea legislativa típica continúan a través de los siguientes días, interrumpidos por algunos incidentes que nos llaman la atención porque son indicativos de un sentimiento subyacente de inconformidad general y rebelión contra el régimen colonial existente bajo la Ley Foraker:

    -los días 18 y 19 de enero, se dio lectura a la siguiente resolución: “Resolución de la Cámara de Delegados acerca del modo como administran justicia los jueces de la Corte Federal y sobre su nombramiento.” [8]

    -en la sesión del día 19 de febrero sale a la luz el tema de más contención a dilucidarse por esta legislatura, cuando se le da la primera y segunda lectura al proyecto de ley del Consejo Ejecutivo fijando el presupuesto para el sostenimiento del gobierno de Puerto Rico para el año económico que terminaría el 30 de junio de 1910, o sea, el próximo año económico,[9] este tema sería discutido frecuentemente a través de toda la primera sesión en su confección cameral, el C.B. 17 de la Cámara, cuyo progreso legislativo, o más bien, su falta de progreso, se informa con regularidad casi monótona a través de la sesión.[10] Por fin, en la sesión del 7 de marzo, la Comisión Total recomendó la aprobación de un presupuesto, pero éste contenía una serie de enmiendas, con sendos aumentos al presupuesto del año anterior y difiriendo considerablemente de lo propuesto por el Consejo Ejecutivo.[11] como veremos más adelante, la cosa no se quedó ahí.

    -ese mismo 19 de febrero se aprueba un “Memorial al Congreso de Estados Unidos sobre limitación de la jurisdicción de la Corte Federal,” [12] y el día 25 de febrero, el Delegado Díaz navarro, cumpliendo un acuerdo de la cámara, presentó documentación relativa a los procedimientos usados por el juez federal Bernard S. Rodney en sus funciones como juez de dicha corte.[13] Éstos incluían varios autos procesando por desacato a varias personas por haber comparecido a declarar en una investigación efectuada por una comisión de la Cámara de Delegados.[14]

    El próximo día, 26 de febrero, se aprobó la R.C. de la C. 1, titulada “Resolución de la Cámara de Delegados para solicitar la deposición [o sea la destitución] del juez Mr. Bernard S. Rodney,” con 22 votos a favor y 7 en contra, inclusive el del presidente de la cámara, José de Diego.[15]

    -el día 4 de marzo, a propuesta de Luis Muñoz Rivera, se dirigió un mensaje cablegráfico al presidente William Taft, con motivo de su inauguración que leía: “La Cámara de Delegados, en nombre del país, expresa sus felicitaciones y espera que vuestro gobierno sea próspero para Estados Unidos y para la libertad que merece, y no tiene, el pueblo de Puerto Rico. José de Diego, speaker.” [16] (énfasis suplido).

    -el 11 de marzo, entró la cuestión del presupuesto a una etapa crítica, cuando el delegado acuña informó que el Comité de Conferencia sobre el C.B. 17 no había llegado a un acuerdo, lo que resultó en la aprobación de una resolución de la cámara, propuesta por Luis Muñoz Rivera, al efecto que las conferencias con el Consejo Ejecutivo habían fracasado, que la Cámara estaba dispuesta a nuevas conferencias si el Consejo las iniciaba, y que en tal caso, las nuevas comisiones estaban “absolutamente libres para acordar con las del Consejo y proponer las enmiendas que esti[maran] oportunas.” [17]

    -ese mismo día fue sometido a debate y aprobado unánimemente, el siguiente “Memorial al Congreso y presidente de los Estados Unidos”, propuesto originalmente por los delegados Llorens Torres y Oppenheimer, y el cual leía en parte después de que se hiciesen algunas enmiendas al original: “nuestro pueblo no está conforme con la ley orgánica vigente”. Y os pide que la deroguéis o por lo menos la enmendéis en forma tal que la Asamblea Legislativa sea electa por el pueblo; y el Gabinete Ejecutivo por el gobernador con el consentimiento del Senado Insular. Queremos nuestra libertad de igual manera que quiso y conquistó la suya el pueblo americano. Y ese gran pueblo, si responde a su historia, no puede mantenernos bajo tiranía”.[18] El mensaje fue aprobado por unanimidad.[19]

    Con esos truenos se cierra a las doce de la noche del 11 de marzo, según se establecía la Ley Foraker, la Primera Sesión de la Quinta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, pero no sin antes convocar el gobernador una sesión extraordinaria para el próximo día, con el fin de considerar el asunto pendiente del presupuesto insular para el año fiscal 1909-1910, “y otros asuntos que ser[ían] sometidos a su consideración.” [20]

    El próximo día, 12 de enero, a las 10:00 am, se abrió la sesión extraordinaria con la presencia de 26 de los delegados, y se pasó a la lectura de la proclama del gobernador convocando la sesión extraordinaria. Entraron entonces los concejales del Valle y Sánchez y anunciaron la disponibilidad del Consejo Ejecutivo para continuar en comisión conjunta con los designados por la Cámara para resolver las diferencias relativas al proyecto del presupuesto.

    Varios asuntos formaron parte de las discusiones de esta asamblea extraordinaria los cuales no son de relevancia al tema principal que ocupaba la legislatura, antes de que el record demuestre atención al asunto principal por la cual se convocó la misma. Lo próximo que nos atrae atención es las dos lecturas del proyecto de ley C.B.1 del Consejo Ejecutivo,[21] el cual era casi idéntico a lo que presentó dicho cuerpo el 19 de febrero, y sobre el cual surgió el impasse con la Cámara que dio margen a la asamblea extraordinaria. La Cámara ripostó con su propio presupuesto,[22] el cual era también casi el mismo que ésta había aprobado en la sesión del 7 de marzo, y que el Consejo Ejecutivo a su vez había rechazado. La línea en la arena estaba trazada.

    El proyecto de la cámara, según enmendado por ésta, fue aprobado unánimemente por la Cámara después de ser sometido a votación definitiva,[23] paso a lo cual, al final de la sesión el secretario del Comité Ejecutivo cursó una comunicación al paso a lo cual, al final de la sesión el secretario del Comité Ejecutivo cursó una comunicación al presidente de la Cámara informándole que el consejo se había “negado a concurrir en las enmiendas de la Cámara al C.B. no. 1,” y solicitaba conferencia, y al efecto había nombrado a tres de sus miembros para representar al consejo.[24] La   cámara nombró a también a tres de los suyos.

    Como si no hubiera suficiente controversia con lo del presupuesto, el 13 de marzo el Consejo Ejecutivo le informó a la Cámara, que ésta había aprobado un proyecto para crear nuevas cortes, y abolir determinados juzgados de paz, y proveyendo que fuese el gobernador quien nombrase los jueces, con el consentimiento del Consejo, en vez de por voto popular. Dicha propuesta fue rechazada de plano por la Cámara, solicitando a su vez conferencia y designado sus representantes a la misma.[25]

    El 15 de marzo la Cámara solicitó la devolución del proyecto de presupuesto por parte del Consejo, y éste, indicando que el Comité de Conferencias sobre dicho proyecto “había sido disuelto”, lo devolvió a la Cámara.[26] paso seguido se constituyó la Cámara en comisión total, se anularon varias enmiendas, y sometido nuevamente a votación, fue aprobado y unánimemente aceptado por votación definitiva en tercera lectura.[27]

    El Comité de Conferencia, para tratar el proyecto del consejo sobre la creación de nuevas cortes municipales y abolir determinados juzgados de paz, informó que no pudiéndose llegar a un acuerdo solicitaba se les eximiese de seguir prestando servicios en dichas conferencias. Se acordó por la Cámara nombrar un nuevo comité, el cual estaría compuesto del presidente de la cámara, señor Muñoz rivera, y los señores Acuña y Georgetti,[28] y a su vez el consejo nombró también a su presidente, señor Willoughby, y a los señores Del valle y Grahame.[29]

    Termina la sesión extraordinaria el día 16 de marzo a la 3:00 a.m., no sin antes el señor Soler informarle a la Cámara que el comité de conferencia sobre el presupuesto próximo “no había podido llegar a un acuerdo con los del consejo ejecutivo, por mantener éstos un criterio cerrado . . . En la que no habían aceptado ni una sola de las enmiendas de la Cámara a dicho proyecto.” [30]

    A moción del señor Díaz se acordó unánimemente no solicitar nueva conferencia relativa al proyecto sobre el presupuesto de los gastos necesarios para el sostenimiento del gobierno insular [31] para el año económico que terminaría el 30 de junio de 1910. Se le informó al consejo y al gobernador que la Cámara no tenía ningún otro asunto que considerar, y así terminó la sesión extraordinaria de la Quinta Asamblea Legislativa De Puerto Rico.[32]

    La Legislatura no volvió a reunirse hasta el 11 de enero de 1910, o sea, nueve meses y pico después de esa sesión extraordinaria terminar. Pero ni el calendario ni los ánimos se mantuvieron en suspenso.

    Mientras tanto, la Cámara se reunió en secreto y decidió enviar una comisión a Washington, presidida por Luis Muñoz Rivera, ya que de Diego estaba enfermo, y compuesta en adición por Cayetano Coll y Cuchí, y Eugenio Benítez Castaño, con el propósito primordial de combatir la Ley Foraker y tratar de que el Congreso la revocara, o como mínimo, la enmendara para establecer un gobierno más democrático, particularmente en lo que refería el establecimiento de una cámara alta en la legislatura, que fuese electa por voto popular. Rumbo a Washington la Comisión Cameral decidió parar en Nueva York con el propósito de reunirse con la prensa más influyente de Estados Unidos para tratar de levantar opinión pública a favor de su gestión. Pero, sólo consiguieron apoyo en dos de los periódicos, el Tribune y el Sun, con el Times, World, y Herald prácticamente ignorándolos. Esta parada en Nueva York le costó caro a la causa puertorriqueña, y no me refiero a lo que gastó la Comisión Cameral en hoteles y comida.

    El Consejo Ejecutivo la madrugó y envió su propia comisión, la cual, aunque viajó en el mismo barco que la comisión camaral hasta Nueva York, prosiguió directamente y sin demora para Washington. La Comisión del Consejo estaba compuesta por el “attorney general” de Puerto Rico, Henry M. Hoyt, el Secretario de Puerto Rico, William F. Willoughby, quien a su vez presidía el Consejo Ejecutivo, y por George Cabot Ward, el Auditor de Puerto Rico y miembro del Consejo Ejecutivo. Éstos se encargaron de obtener el apoyo de los periódicos de Washington, situación con la cual se encontró la Comisión de la Cámara cuando arribó a la capital. Hay que tener en mente que la Comisión del Consejo tenía de antemano grandes ventajas sobre la de la Cámara, no sólo porque sus miembros eran anglo-parlantes y su comunicación era directa con los que ejercían el poder e influencia en Washington, mientras que sólo Cayetano Coll y Cuchí tenía fluidez en el idioma inglés, sino que además los consejeros ya habían tenido relaciones extensas con muchos de los congresistas y periodistas con quienes se tenía que bregar, y en última instancia, el “bottom line” era que todos eran norteamericanos, –factor dentro del ambiente prevaleciente, especialmente en Washington de “manifest destiny”– y esto tenía mucho peso. Y como si no fuera esto suficiente, también había una quinta columna en los rangos de Puerto Rico en la persona del líder obrero Santiago Iglesias Pantín, quien por razón de sus vínculos con la American Federation of Labor, tenía acceso a la influencia que ésta ostentaba en el escenario político nacional, y quien, el 28 de marzo consiguió se publicara en la prensa de Washington un “cable” en que Santiago Iglesias acusaba a los unionistas de ser “anti- americanos,” y en el que abogaba por la permanencia de la Ley Foraker.

    Como vemos en forma abundantemente clara, el patrón de una casa dividida ante el imperio tiene largas y hondas raíces.

    Fue con todo este bagaje que se reunieron el 28 de marzo las dos comisiones conjuntamente con el secretario del interior, Richard A. Ballinger, quien desde un principio advirtió que la Ley Foraker se tendría que enmendar, mostrando una actitud a través de la reunión, descrita posteriormente por Cayetano Coll y Cuchí, como una parcializada en contra de los delegados camarales. Aparentemente, al percibir esta ventaja táctica, los representantes del Consejo aprovecharon para tomar la ofensiva y atacar personalmente a Muñoz Rivera como anti-americano y presentar su propuesta al efecto que el presupuesto vigente se extendiera para el próximo periodo fiscal, y consecuentemente, que se enmendara la Ley Foraker para integrar ese mecanismo en caso de que volviera a ocurrir un impasse en el futuro. A su vez, estos alegaban que los unionistas perseguían como verdadero propósito, al negarse a aceptar un nuevo presupuesto, era el apoderarse de más poderes de gobierno, inclusive el menoscabar la función de la Corte Federal la cual éstos consideraban “repugnante al pueblo de Puerto Rico.”

    Próximamente, las dos delegaciones se reunirían directamente con el presidente Taft. La aparente inocencia de los puertorriqueños sobre las reglas de juego en Washington y una falta obvia de conocimiento del trasfondo de con quién estaban reuniéndose pecaba al borde de la incompetencia, pues descansaban su caso en que Taft vería la justicia de la causa que ellos promovían. Pero no sería así. El presidente Taft aparentemente llegó a la reunión conjunta mal informado y de mal humor sobre la crisis que traían las comisiones a Washington, a tal punto que el secretario Ballinger lo tuvo que interrumpir para tratar de encausarlo propiamente. Paso seguido, Coll y Cuchí trató de describir los puntos claves del problema, en síntesis, informándole al presidente que la Cámara no aprobaría el Presupuesto de no hacérsele amplia justicia a Puerto Rico. Esto provocó que Taft abandonara la reunión, dejando en estado inverosímil a los presentes. El secretario Ballinger trató de apaciguar la situación pidiéndoles a los delegados que le escribieran un memorándum al presidente y que él les aseguraba que él se lo haría llegar…

    Para suprimir mi impulso de llorar, me parece que este es un buen momento para intercalar un poco de humor a lo que de otra forma es un momento tétrico en nuestra historia. La académica y profesora Cristina Duffy Ponsa nos dice en su escrito sobre la crisis de 1909,[33] que posiblemente la actuación poco presidencial de Taft se pueda explicar si es cierto el rumor que se circuló en la capital para esa época, con relación a un incidente que sufrió Taft en una bañera especial que tenía en casa blanca para asear su corpulento cuerpo. Aparentemente, al meter sus 300 y pico libras en la bañera, éste quedó atascado sin poder salir, y tuvo que acudir al personal de casa blanca, los cuales, sólo usando varios galones de aceite y la fuerza de cuatro hombres fornidos, pudieron extraer al presidente de Estados Unidos de semejante predicamento. Se especula que fue este predicamento el que lo puso en tal mala disposición cuando se reunió con la delegación cameral. Me pregunto si esa bañera todavía radica en casa blanca, porque tiene que ser algo así lo que está influenciando algunas de las cosas que están pasando en Washington, y apenas hemos pasado los primeros cien días.

    Dejando rumores a un lado, lo que sí sabemos es que la experiencia colonial de Taft con las Filipinas lo había dejado con un mal sabor en lo que se refería a la capacidad de los “native non-anglo saxon peoples” de gobernarse a sí mismos. Su patrón de gobierno para esta gente era uno que propulsaba el uso de autoridad paternalista, conforme a lo que él caracterizaba a los filipinos como “unreasonable and childish.”[34]

    Las comisiones permanecieron en Washington varias semanas cabildeando, y la de la Cámara tratando de concertar una nueva entrevista con el presidente, la cual nunca más se dio. Mientras tanto, el 2 de abril se publicó un artículo en el Washington Herald que acusaba a la legislatura de querer monopolizar los nombramientos judiciales en la Isla, y dos días después dicho periódico publicó una entrevista que le hiciera a Muñoz Rivera el New york Herald durante su parada en New York, en la que se citaba a Muñoz Rivera diciendo que “las cosas han llegado a una situación tan aguda, que al gobierno Federal le quedan dos caminos: o el de una gran expansión liberal o el de una gran opresión tiránica.”

    Ante la situación tétrica que se vislumbraba, los comisionados camarales[35] se marcharon de vuelta a Puerto Rico, a bordo del Coamo, esta vez sin la compañía de la comisión opositora y dedicándose durante el pasaje a San Juan a condenar a “los malos americanos que desde el Consejo Ejecutivo deshonran a Estados Unidos.” pero los “malos americanos” no sólo estaban dentro del Consejo sino, como cuestión de hecho, los más poderosos estaban fuera de éste y en el tope de la cima de poder en Washington.

    Y este poder, ejercitado por uno de los exponentes más consecuentes de la política del “big stick”, heredada de su fundador, Teodoro Roosevelt, procedió a manifestarse con todo su peso, físico e institucional, en contra de Puerto Rico. El 10 de mayo, el presidente Taft, en un mensaje especial sobre la crisis de Puerto Rico por razón de la falta de asignación por la legislatura, envió una misiva en la cual, después de recomendarle al Congreso la promulgación de una enmienda a la Ley Foraker para que en el futuro se autorizara automáticamente el presupuesto vigente en caso de un impasse como el que había ocurrido, prosiguió a criticar duramente a la Cámara de Delegados por su acción “indebida” que en vez de esperar a que el Congreso actuara, había procedido por su cuenta. Adicionalmente, le pedía al Congreso que no debería haber acción congresional alguna sobre la Isla hasta que “el derecho absoluto de legislar sobre el presupuesto se les quitara a aquéllos que han demostrado que son demasiado irresponsables para gozar de ese derecho.” Lo que pasaba, según Taft, era que a los puertorriqueños se les había olvidado la generosidad de Estados unidos, “pero esto era de esperarse,” y añadió, como si lo dicho no fuese suficiente, “de gente con tan poca educación.” lo que había demostrado la crisis, continuaba Taft, era que “hemos ido demasiado lejos en la extensión de derechos políticos para su propio bien.” Terminó dándole un espaldarazo al gobernador Post y a los miembros del Consejo Ejecutivo.

    Como se podrán imaginar, las manifestaciones del presidente causaron un gran revuelo en Puerto Rico, y aun a través de Latinoamérica. El periódico El País de Méjico le cursó un telegrama a Taft diciéndole acertadamente, que con sus actuaciones “le había demonstrador al mundo lo déspota que era”… ¿Por qué me suena esa música a algo reciente?

    Los comentarios de miembros del Congreso se embarraron del racismo prevaleciente en Estados Unidos, siendo típico el del congresista James Kennedy de Oklahoma quien dijo que “los Estados Unidos estaban más que justificados en no darle autonomía a colonizados de descendencia hispana.”

    Si bien el Partido Republicano de Puerto Rico había apoyado al consejo ejecutivo, teniendo varios puertorriqueños en la matrícula de dicho cuerpo, se consideraron los comentarios de Taft tan abarcadores y vitriólicos contra todos los puertorriqueños, que causaron una reacción general contra ellos, aun dentro de dicha colectividad, a tal punto que esta decidió enviar dos de sus líderes a Washington a entrevistarse con el presidente.

    En esta capacidad fueron Manuel V. Domenech y Francisco Quiñones a la capital, entrevistándose con Taft el 27 de mayo. Ante sus protestas sobre lo inclusivo y la amplitud de sus críticas, la delegación del Partido Republicano argumentó al efecto de que la gran mayoría de los puertorriqueños apreciaban grandemente la benevolencia de Estados Unidos con ellos. Taft simplemente cambió el tema y trajo a colación cuestiones que no iban al caso, tales como que él era un experto en bregar con “trouble-makers”, como lo había hecho en las Filipinas. Cabe decir que fue en la insurrección de las Filipinas donde se instituyo el “water boarding” por primera vez, utilizado nuevamente en tiempos recientes. La reunión la monopolizó Taft, y lo único productivo que salió de la misma fue el tema de reemplazar al gobernador Post, sobre lo cual ambos delegados estuvieron de acuerdo sería una buena idea.

    El rumor de que un cambio en la gobernación estaba en el aire llegó rápidamente hasta Puerto Rico. Al enterarse, el obispo católico de Puerto Rico, William Ambrose Jones, trató de influenciar el nombramiento, y a través de los contactos de la iglesia en Washington impulsó a un tal Henry F. Ford, un abogado de San Juan, para reemplazar a Post. Al no tener resultado de su gestión, le escribió directamente al presidente recomendando la retención de Post. Pero ya Post parecía que se quería ir y le escribió al Departamento de Guerra su intención de renunciar. Mientras tanto, entró a escena el cardenal Gibbons de Baltimore con su candidato, otro fulano, conocido por el señor De lima de Nueva York.

    Mientras tanto, en julio 15, el Congreso cumpliendo con la solicitud del presidente Taft, promulgó enmiendas a la Ley Foraker conocidas como la Ley Olmstead.[36] Como era de esperar, la misma establecía dos cosas: (1) se proveía, como en el caso ya de Filipinas, que si al finalizar un año fiscal, la Legislatura de Puerto Rico no había aprobado un presupuesto para el próximo año fiscal, continuaría vigente automáticamente para el próximo año fiscal el presupuesto que estaba próximo a expirar, y (2) estableció que todo informe que por Ley se requiriese hacer por parte del gobernador o del Consejo Ejecutivo a cualquier oficial de Estados Unidos, debería presentarse al Departamento de la Rama Ejecutiva que el presidente designara en el futuro, y autorizando al presidente a concederle a dicho departamento jurisdicción sobre toda materia relativa al gobierno de Puerto Rico. El 15 de julio de 1909 el presidente designó al Departamento de Guerra para ejercitar esas funciones, la cuales hasta entonces eran adscritas al Departamento del Interior.

    Se completa este episodio de intrigas y del burdo uso, o mejor dicho abuso, del poder con el nombramiento por Taft de George R. Colton al puesto de gobernador en sustitución de Post. Éste comienza sus deberes el 7 de noviembre de 1910. Colton había sido un ranchero en Nuevo Méjico,[37] y servido en las Filipinas durante la Guerra Hispanoamericana como coronel del regimiento primero de infantería de los voluntarios de Nebraska. Había, también, sido designado bajo Taft, cuando este fue secretario de guerra de Estados Unidos bajo Roosevelt, para hacerse cargo de las aduanas dominicanas de 1905-1907. Durante el tiempo que Estados Unidos se incautó de ese país.

    El nombramiento de un militar para ocupar el puesto de gobernador encajaba dentro de la filosofía y agenda de Taft en lo que concernía su visión gobernativa de las colonias y sus habitantes de “educación inferior.” al poner al Departamento de Guerra a cargo de supervisar a Puerto Rico, y nombrar a la vez a un militar como gobernador, se aseguraba de que habría compatibilidad de criterios y actuaciones entre pájaros del mismo nido. Y segundo, dado que Taft se jactaba de que sabía cómo bregar con “trouble-makers” como lo había hecho en las Filipinas, el poner al Departamento de Guerra a cargo y a un militar en situs, enviaba un mensaje claro a la legislatura del “big stick” que les esperaba si la cosa pasaba a un plano más allá de discursos y mociones.

    No obstante, lo infructuosa de las gestiones de la Comisión Cameral en Washington, en mi opinión, esta creó cierta nerviosidad sobre lo que se podía estar cuajando en Puerto Rico, y es probable que, como resultado de esto, el presidente Taft en diciembre de 1909 envió una comisión para investigar el estado de la situación en la Isla. La comisión la compusieron el secretario de guerra, Jacob M. Dickinson, el jefe del Buró de Asuntos Insulares, el general Clarence R. Edwards, y el Col. Jefferson R. Kean, del cuerpo médico (nótese que siempre vienen a investigar durante época de   invierno.). Y, aunque me adelanto a un tema fuera del ámbito de esta conferencia, el resultado de su investigación fue un informe bastante favorable a los puertorriqueños, lo que sería de ayuda cuando en el futuro el Congreso tratara de reformar el gobierno insular.[38]

    Es así que llegamos a la Segunda Sesión de la Quinta Asamblea Legislativa en enero, 1910. Mientras tanto, en septiembre a Willoughby se le había vencido el término en el Consejo Ejecutivo y no fue renominado, y en diciembre, a sólo un mes de asumir su puesto de gobernador, Colton le pidió al Departamento de Guerra que se asegurara de que ni a George C. Ward, el auditor, ni al juez federal Bernard S. Rodney se les renovaran sus nombramientos, los cuales estaban a punto de expirar.[39] Ambos acontecimientos ayudaron al nuevo gobernador ante el ambiente difícil que lo esperaba.

    Segunda sesión de la quinta asamblea legislativa

    La Cámara se reunió el lunes 10 de enero de 1910, presidiendo José de Diego, y estando presentes sólo 21 de los delegados electos, y   una Comisión del Consejo Ejecutivo compuesta por los señores Vías, Sánchez y Sawyer. Se anunció que el gobernador enviaría su mensaje   anual a ambas cámaras el próximo día 11 de enero.

    Así pues, con la presencia de sólo 22 delegados, el gobernador envió su mensaje para que se leyese ante ambas cámaras reunidas en sesión conjunta. El mismo fue entregado al presidente de la cámara, señor de Diego, quien instruyó al secretario de la Cámara que le diera lectura. El gobernador dio comienzo a su mensaje catalogando como “el asunto primordial y de más importancia que exige vuestra atención…el de Hacienda.”[40] Haciendo hincapié de que en vista de no haberse aprobado presupuesto alguno por la legislatura para el entonces corriente año económico, y que el Congreso lo había facultado conforme a la Ley Olmstead a tomar ciertas medidas relativas a los gastos del gobierno insular diferentes a lo que la legislatura había aprobado,[41] él informó los pasos que había tomado o tomaría para que se observara “la más severa economía en la preparación de [los] respectivos presupuestos para el entrante año económico.” [42] Si bien podríamos dedicarles mucho más tiempo a otros temas del mensaje, sólo voy a mencionar un comentario que habla por sí sólo en comparación a la situación presente. Observó el gobernador Colton: “el sistema moderno de contabilidad y auditoría que ahora se usa por este gobierno, constituye un gran adelanto sobre el que se empleaba en años anteriores …” [43] ¿qué ha pasado desde entonces?

    El 13 de enero la Cámara aprobó enviarle al Congreso y al secretario de guerra un memorial “sobre limitación de la jurisdicción de la Corte Federal,” [44] el cual fue aprobado por unanimidad el día 14 de enero, cuando también se aprobó la R. de la C.1 titulada “Expresando a varios senadores y representantes del Congreso de Estados Unidos de América la gratitud y simpatía del pueblo de Puerto Rico,” con un discurso florido, fogoso y propio de aquellos tiempos, pero de dudoso impacto al temperamento y cultura anglo-sajona con los que se tenía que bregar. [45]

    El record de asistencia de la Cámara aparenta una falta de ánimo en su membrecía, en varias ocasiones teniéndose que suspender los trabajos por falta de quorum.[46]

    El 27 de enero, habiéndose recibido un presupuesto nuevo para el año fiscal 1910-1911 refrendado el gobernador, la Cámara aprobó una resolución en la que protestaba la forma que él y el Consejo interpretaba sus poderes bajo la ley Olmstead, y aceptando el poderío del imperio: (1) aprobaba el presupuesto para el año fiscal de 1910-11 “tal y como lo propo[nía] el consejo ejecutivo, sin discusión ni revisarlo” y (2) protestaba ante el Congreso por la interpretación dada a la ley Olmstead.[47] El 31 de enero fue aprobado el C.B. no. 1 sobre el presupuesto, 22 votos a favor y dos en contra.

    Al pasar las enmiendas Olmstead, la Cámara de Delegados perdió la única ficha que le daba algún poder político, y sólo le quedaba el envío de resoluciones y delegaciones a una metrópolis que no le prestaba mucha importancia a ninguna de esas dos actividades por parte de una jurisdicción sin poder político. Dirigidos por de Diego, de especial preocupación para la Cámara lo fue el Proyecto de Ley 19,718 presentado a nombre del congresista Olmstead, quien negó paternidad y se lo achacó a Taft, que en su forma original concedía ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y dividía los poderes legislativos de los ejecutivos, pero eliminaba la elección de los jueces municipales, dándole al gobernador la potestad de nombrarlos, y requiriendo que los delegados fuesen residentes de los 35 distritos que se creaban.[48] Posteriormente, se aprobaría unánimemente un memorial al Congreso protestando el proyecto congresional, el cual eventualmente no prosperó.[49] En la sesión del 16 de febrero el presidente de la cámara, José de Diego, trajo a colación la noticia que circulaba de que él era vigilado por el cuerpo de detectives de Puerto Rico, y que él había puesto al gobernador en conocimiento de dicha situación, quien le había cursado una carta informándole que el jefe de la policía no tenía conocimiento “de que se haya dispuesto semejante cosa.” [50]

    Los informes presentados en las sesiones del 3 y 10 de marzo dan fe de la batalla campal de la delegación que envió la Cámara a testificar y oponerse al nuevo Proyecto Olmstead.[51] Sabemos que tuvieron algún éxito en que no se aprobó, pero para la reforma que querían para que el gobierno de Puerto Rico fuese más representativo y democrático, tuvieron que esperar hasta el 1917, y en verdad, podíamos decir con alguna certeza y validez, que todavía estamos no sólo en espera, sino que se puede argumentar que en realidad conforme a los acontecimientos recientes de los que todos estamos enterados, a Puerto Rico y sus habitantes se les ha retrotraído al estado de derecho existente bajo la Ley Foraker después de la Enmienda Olmsted.

    A los pocos meses después de terminada la sesión, Muñoz Rivera viajaría a Washington nuevamente, esta vez en calidad de comisionado residente. Dos años más tarde los “jóvenes turcos” del Partido Unionista formaron el Partido de la Independencia.

    Si algo nos enseña la historia, es que se repite, pero si algo nos enseña también es que muy pocos aprenden de la historia para bregar con las repeticiones. En el caso que nos ocupa, la crisis que atraviesa al país es sólo la última de una cadena de eventos contundentes por la cual Puerto Rico ha atravesado a través de su historia, después de los cuales han surgido importantes cambios estructurales en el país. Limitándome sólo a los tiempos modernos, la invasión americana nos trajo la Ley Foraker y el bagaje colonial que he discutido esta noche. La crisis del 1909 sentó las bases que trajo la Ley Jones en 1917, con un gobierno más democrático y la cuasi-ciudadanía. La Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas propulsaron la concesión por el Congreso de una autonomía insular comparable con los estados, si no bien soberanía. Que nos traerá la presente crisis con su retroceso a la gobernación estilo Foraker está por verse, pero no tengo la menor duda que será como mínimo comparable a un tsunami. En mi opinión, hay dos factores tan obvios que les pido disculpas si peco de pedante. Uno es que el mundo del 2017 es muy diferente al del 1909 y que el pueblo de Puerto Rico no es ni tan inocente ni sumiso como lo era en 1909. El segundo es, y aquí está la pregunta de $64,000 (aunque hoy en día eso no es tanto), que hay un nuevo “sheriff in town” que posiblemente nos vea con ojos que se asemejen más al 1909 que al presente. Que producirá esta aparente incongruencia no creo sea predecible en este momento excepto que probablemente traiga turbulencia en los aires tropicales…

    Con eso los dejo, no sin darles las gracias por su paciencia y por haberme acompañado.

    Notas al Calce

    [1] Cita de María Dolores Luque, “La lucha incesante por el reformismo colonial, 1898-1940“, en Historia de Puerto Rico, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 390.

    [2] Developments in The Law-The U.S. Territories, 130 Harvard L. Rev. 1616 (2017).

    [3] Libro de Sesiones, p. 8.

    [4] Arturo Morales Carrión, Puerto Rico: A Political and Cultural History (1983), 137,147.

    [5] Libro de Sesiones, p. 9.

    [6] id., p.17.

    [7] id.

    [8] id., pp. 43, 45.

    [9] id., pp. 200-201.

    [10] id., pp. 264-265, 272, 284, 305.

    [11] id., pp. 306-323.

    [12] id., pp. 204-205.

    [13] id., p. 225.

    [14] id., pp. 219-220.

    [15] id., pp. 234-235.

    [16] id., p. 273.

    [17] id., pp. 388-389.

    [18] id., pp. 414-415.

    [19] id., p. 416.

    [20] id., pp. 425-427.

    [21] id., p. 444.

    [22] id., pp. 445-462.

    [23] id., p. 462-463.

    [24] id., p. 470.

    [25] id., p. 484-5.

    [26] id., p. 497.

    [27] id.

    [28] id., p. 498.

    [29] id., p. 499.

    [30] id., p. 510.

    [31] id.

    [32] id. P. 511.

    [33] Christina Duffy Ponsa, “The Crisis Of 1090, and the Other Crisis of 1909.”

    [34] Truman R. Clark, “President Taft and the Puerto Rican Appropriations Crisis Of 1909,” The Americas, vol. 26, no. 2 (1969), at 161.

    [35] Menos Benítez Castaño que se había venido para Puerto Rico antes, por razones que todavía están en disputa.

    [36] Olmstead Act, 36 Stat. 11 (July 15, 1909).

    [37] Su trasfondo con el entonces territorio de nuevo Méjico no es irrelevante al tema en discusión. Las experiencias de los anglo-sajones con los habitantes que pasaron a ser súbditos de Estados Unidos como consecuencia de la anexión de esas tierras tiene muchas similitudes con la experiencia de Puerto Rico y sus habitantes. Véase, Laura E. Gómez, Manifest Destinies: The Making of the Mexican American Race, New York University Press (2007).

    [38] Clark at 169.

    [39] id., p. 168.

    [40] Libro de Sesión, p. 520.

    [41] id., pp. 595-5. Algo equivalente se cuestionó en los tribunales locales, pero se removió al tribunal federal, donde el gobernador Colton ganó el pleito. Clark, p.168.

    [42] Libro de sesión, p. 521.

    [43] id., p. 531.

    [44] id., pp. 550-551.

    [45] id., pp. 558-561.

    [46] id., pp. 569, 626, 627-628.

    [47] id., pp. 598-599.

    [48] id., pp. 641-643.

    [49] id., pp. 683-687.

    [50] id., p. 665.

    [51] id., pp. 755-758; 877-879.